La reforma política se ha convertido en la carta presidencial para transitar el segundo tramo de un sexenio de expectativas rotas. Desempeño mediocre que lleva a la baja la confianza en el ejercicio de Felipe Calderón. La generación de empleo quedó triturada por una crisis económica que no se reconoció desde el principio. La guerra contra el crimen organizado ha extendido el territorio de la inseguridad, recuperar espacios bajo el dominio de delincuentes es otra expectativa sin realizar. Después de las elecciones del cinco de julio pasado se replanteó el orden de prioridades, el combate a la pobreza pasó a tomar el primer lugar en la agenda presidencial. No trascurrió mucho tiempo para que el orden propuesto se modificará para poner la reforma política como la prioridad máxima.
¿Realmente se necesita una reforma política? Una más. O lo que realmente se requiere es la obligación irrenunciable de la clase política de cumplir sus compromisos con la ciudadanía. Para eso no se necesita una reforma política sino la aplicación de la ley, pero como la ley está sujeta a la discrecionalidad de los políticos poco se puede esperar de la reforma. Se tienen tres proyectos. El de Calderón que tiende a reforzar al Poder Ejecutivo frente al Legislativo. Como no ha podido realizar sus propuestas varias de reformas como él quiere, ahora demanda a los legisladores le obsequien mayor subordinación. La impericia propia no quedará superada con el acto legislativo que se propone. Por otra parte, la eventualidad de que en el 2012 se diera el caso de que el presidente electo contara con mayoría legislativa, esta reforma aplastaría a la oposición en el Congreso frente a un Ejecutivo fortalecido, se volvería al punto en el que la oposición institucional tenía un valor ornamental y de total nulidad deliberativa.
Las tres reformas ponen en centro de sus consideraciones a la ciudadanía, dicen fortalecerla. Lo que se dice en la exposición de motivos está por demostrase, incluso en la propuesta de la fracción parlamentaria de los senadores del PRI, que hace un uso intensivo de las propuestas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lo que podemos tener claro de todas las reformas puestas en práctica en las últimas décadas es que se trata de regular o modular la negociación interelitista en beneficio de las grandes empresas, en detrimento de los derechos sociales y siempre a nombre de la ciudadanía. Por dar un ejemplo, la reforma al Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria que de ella derivó (1991) fantaseó con el idilio entre los núcleos agrarios y los dueños del capital, del cual saldría el buen entendimiento para impulsar la producción de alimentos y la mejora de la calidad de vida de los campesinos. En los hechos tenemos el abandono de las parcelas, la emigración a los Estados Unidos y, en el peor de los casos, la formación de la base social del crimen organizado. No estaría mal que el mismo Instituto citado, hiciera un análisis de contraste entre la exposición de motivos de las distintas reformas que se han dado y las consecuencias observables de su aplicación. Para el caso del campo la preocupación es tal, que los mismos senadores priístas han elaborado una propuesta que saque de la postración al ejidatario Impulsa el PRI en el Senado ley para el desarrollo de la economía campesina.
La cuestión de fondo para la ciudadanía es anular la impunidad de los poderosos, preservar libertades y acceder a un orden de justicia y bienestar, una democracia ampliada más allá de lo electoral y de los partidos. Casi tan sencillo como que los candidatos cumplan lo que prometen. Una experiencia que valdría reconsiderar son los compromisos notariados que firmó Enrique Peña Nieto durante su campaña para gobernador del Estado de México ¿Cómo pueden hacerle los ciudadanos para que los candidatos cumplan? Darnos cuenta del grado de cumplimiento podría estimarse si en este momento se tuviera a la mano los compromisos notariados que hizo Peña Nieto en Valle de Chalco y exhibirlos a la luz de lo que padecen hoy sus pobladores. Dicho ejercicio serviría para encumbrarlo o para hundirlo, pero sobretodo, para demostrar la utilidad de la palabra empeñada con un alcance mayor al de una estratagema electoral.
Y vale preguntarse: ¿Para qué una reforma política si los más obligados, la clase política, encuentran medios para burlarla?
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