“En la acción no hay vínculos
eficaces sin un poco de camaradería, ni camaradería sin un poco de vida en
común.”
Marc Bloch
La constitucionalidad de la
consulta popular para enjuiciar a expresidentes tomó la reformulación de la
pregunta planteada por el Ejecutivo federal para darle una amplitud general. El
hecho ha dado lugar para que abogados constitucionalistas se pronuncien. No voy
a discutir sus argumentos, para eso están sus colegas. Sus razonamientos
jurídicos han dejado dos temas sobre los que se tendrá que echar luz.
Uno se refiere a las antinomias
plasmadas en el articulado de la Constitución que sirven para dar buenas
razones en sentidos encontrados, por ejemplo, la contraposición entre los
derechos individuales y los derechos sociales. Esta disposición de contrarios
permitió a los magistrados cumplir su función de definir constitucionalidad en
los casos donde la armonización entre prescripciones se desvanece y parecen
entrar en colisión.
La apertura hacia la consulta
popular que dictaron lleva al segundo tema, más bien conclusión: la democracia
participativa es un derecho débil dentro de la Constitución al cual hay que robustecer.
Por eso, la definición alcanzada en el pleno de los ministros de la Corte puede
ser el inicio para darle forma y productividad a los mecanismos de consulta
popular y afines, que hoy en día están perfectamente limitados, son estériles y
tienen efecto nugatorio sobre el derecho del pueblo a orientar el rumbo del
régimen.
Sin pretender abonar a la
discusión jurídica, en el plano político el enjuiciamiento de las altas investiduras
debe ser un recurso de la ciudadanía para llamar a cuentas a los gobernantes
que salen impunes debido al entramado jurídico-administrativo que los protege.
Una situación de privilegio que los hace inalcanzables al brazo de la justicia,
lo que sí ocurre en otras partes del mundo. No es cuestión de dejarlo en la
barandilla del ministerio público como si se tratara de delincuentes comunes.
Se trata de personajes que tuvieron a su encargo, “haiga sido como haiga sido”,
la máxima responsabilidad del gobierno de México.
Políticamente, los mexicanos
tenemos interés en conocer cómo los expresidentes se beneficiaron del puesto
para amasar riqueza que no cuadra con su ingreso formalmente devengado, qué
mecanismos formales e informales operaron para el resultado de un enriquecimiento
indebido, llámese la partida secreta, la vía de las aduanas o el quid pro
quo al realizarse la venta del patrimonio nacional, el otorgamiento de
concesiones o en las licitaciones de obras de infraestructura. Los mexicanos exigimos
el esclarecimiento y clausura del endeudamiento exponencial y sin fin como el
FOBAPROA. Los mexicanos demandamos penalizar a los responsables de la declarada
guerra contra el crimen organizado. Sería una catarsis para una reconciliación
de un país dividido por la oligarquía. Para fortalecer la república en la que
verdaderamente cada ciudadano cuenta.
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