Para reír o llorar, el escándalo
promovido por el Partido Acción Nacional a través de su denuncia acerca del uso
electoral de algunos programas de subsidio aplicados por la Secretaría de
Desarrollo Social del gobierno federal. Pues no sólo es uso de los gobernantes
priístas, también lo es de los panistas y de los perredistas. Se trata de
modos corruptos frente a los cuales la ley no ha podido inhibir su práctica debido a
que la penalización es barata.
Lo que no informa esta enésima
denuncia es cómo se obtuvo el video y el audio, un poco de claridad ayudaría a
exhibir por completo estas prácticas indebidas de inducción del voto. No lo
dicen porque detrás bien podría estar Miguel Ángel Yunes, quien el sexenio
pasado algo sabía de cómo bajar recursos federales con fines electoreros como
dirigente estatal del PAN en Veracruz. Y de nada les sirvió a los panistas esa
indebida ventaja ante la fortaleza del voto libre y secreto.
La respuesta del gobierno, a
través de Rosario Robles, también es limitada: el cese de funcionarios que
están en la parte baja del escalafón de los empleados de confianza no dice
mucho o pone en entredicho. Esto es, no se sabe si esos servidores provienen de
la administración pasada (potenciales interesados en difundir el acto
delictivo) y, por sí mismo, el hecho habla de la falta de control del delegado
federal sobre sus subordinados, en el mejor de los casos. Con delegados así no
se va a ninguna parte, pues esencialmente el cargo de las delegaciones, desde
que se fundaron en tiempos de José López Portillo, han tenido una función de
operación política en menoscabo del servicio público al que están obligadas cumplir.
Vicente Fox, que fue gobernador, las padeció y como presidente, las utilizó.
Si realmente los políticos abominan
de estas prácticas, los legisladores de todos los partidos tienen la
oportunidad de perfeccionar la propuesta de ley anticorrupción de Enrique Peña
Nieto y la Comisión Nacional Anticorrupción que se propone, afinar una
legislación particularmente punitiva de los altos funcionarios. Que no salga
barato incurrir el delitos electorales. La pérdida de derechos políticos sería
una medida radical con posibilidades efectivas de inhibir lo que airadamente se
denuncia. Cortar de tajo carreras políticas sería de temer, con el beneficio de
presionar la renovación constante de la clase política.
Por lo demás, la indignación de
Gustavo Madero y Jesús Zambrano habrá que considerarlas como una lección de
hipocresía.
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