De las iniciativas de ley con
carácter de preferente que envió al Congreso el presidente Calderón el primero
de septiembre recién, sin duda, la reforma a la Ley Federal del Trabajo acapara
la atención de los medios y no sin razón, pues confronta a los factores de la
producción. Es una reforma en la que el interés general es difícil de
configurar.
Mientras, con menor éxito en la
difusión mediática, se encuentra la iniciativa preferente de reforma a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental. Una reforma que capta mejor el interés
general, no obstante camina su proceso deliberativo en un bajo perfil. El tema
en sí, íntimamente ligado a la transparencia, se le confina al laberinto de los
especialistas. Una legislación que desde su origen ha contado con escasísima
visibilidad.
Partiendo de un acuerdo de la Convención
Nacional hacendaria del 2004, si mal no recuerdo, ya para la actual
administración la iniciativa de Felipe Calderón dio forma a la LGCG, la cual se
aprobó y público en el año 2008 y desde el 2009 está en vigor. Ahora tiene
preferencia su reforma y parece ser que se concretará como el primer caso de
éxito de la aprobación de una iniciativa preferente.
Tal vez el poco atractivo de esta
reforma se debe al hecho de que la ley en cuestión desde su origen ha quedado
al margen del foco ciudadano, incluso entre el grueso de los servidores
públicos, los pocos enterados la
observan como una instrucción más de la secretaría de Hacienda y no ha sido
tomada en cuenta en sus consecuencias en términos no sólo de transparencia,
también para los ejercicios de la planeación y la evaluación que hace el mismo
gobierno, así como para quienes se dedican a la investigación en administración
pública. Pese al potencial, hasta ahora su aprovechamiento no es significativo.
Por eso, de avanzar la reforma es de exigir la más amplia publicitación a todo
lo concerniente con ella. Sería una gran aportación a la confianza en las instituciones por parte de la
ciudadanía.
Parte de la culpa en la escaza
visibilidad sobre la contabilidad gubernamental la tiene la propia secretaría
de Hacienda, de manera específica el ente denominado Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) que parece trabajar en el subsuelo, sin presencia
destacable en los medios masivos, reducido a una liga en internet. Bien haría
el Consejo mencionado dar pormenores sobre su existencia, que difundiera sobre
los avances en la construcción del Sistema de Contabilidad Gubernamental y una
evaluación de los beneficios que nos provee a todos dicho sistema.
De concretarse la reforma con
nuevos alcances a la legislación vigente, sería una pena que se mantuviera en
el mismo bajo perfil. De hacerse evidente su utilidad incidiría inmediatamente
en el Instituto Federal de Acceso a la Información, para bien. Lo que no se
puede asegurar es si la reforma comentada servirá de algo para inhibir la
práctica corrupta del 10%. Sería interesante que los legisladores informaran al
respecto.
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