Ni de donde agarrarse. Así está el país entero, sacudido por la mala fortuna, desgraciado por la adversidad de los dioses, con sus élites achaparradas frente a los retos.
Después de Chihuahua, Sinaloa y Michoacán, Tijuana se ha puesto de nuevo a la cabeza en el mapa de los ejecutados. En menos de diez días más de medio centenar de cuerpos exánimes tirados en la vía pública, entambados, decapitados, con la lengua desprendida. Exhibiendo toda la maldad de Scarface, película norteamericana de los ochentas, hecha realidad en tierras mexicanas. Y para terminar de estremecer a la sociedad, el presidente Calderón reconoce que el Estado no tiene capacidades plenas para garantizar la seguridad.
Felipe Calderón afirmó el 30 de septiembre, durante la presentación de un paquete de modificaciones a la ley, que parte del problema son las autoridades: “Una malentendida división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, que genera una falta de coordinación entre las policías y autoridades de procuración y administración de justicia en todo el país.” “El contubernio de criminales con algunas autoridades que por coacción o cooptación han permitido el crecimiento de las actividades delictivas, e incluso han llegado a participar directamente en ellas.”
Y si las autoridades son parte del problema, pues no hay mucho espacio para donde hacerse, aunque bien se podría empezar por consignar a las autoridades en contubernio.
Ése es el frente interno. En el frente externo la economía global trae su propio estremecimiento. Todo el mes de septiembre pasó en medio de la turbulencia financiera acicateada por un debate: el rescate del gobierno de Estados Unidos a su sistema financiero. Rescate que finalmente fue aprobado el viernes pasado y que al lunes siguiente, el 6 de octubre, fue recibido por una estrepitosa caída de las bolsas de valores de todo el mundo. No se trata del fin del capitalismo, ni el cumplimiento de la teoría del derrumbe. Es, sí, el límite del mercado desreglado, el que ha institucionalizado el robo bajo la conducción del mundo unipolar, frente al cual el estado nación tiene que responder instruyendo regulaciones pertinentes con la dignidad humana y la protección del medio ambiente.
En esas estamos, sin rumbo y sin desterrar prácticas del pasado. El viernes 3 de octubre fueron asesinados por la policía seis ejidatarios del Ejido Miguel Hidalgo en Chiapas. La policía federal y estatal se aprestaron a ejecutar un desalojo sobre un predio que asienta a la zona arqueológica de Chincultik. Los resultados fatales no han merecido mayor atención de los medios, será porque ahora las autoridades involucradas no son del PRI. La información no ha sido fluida y la que llega podría ser catalogada de tendenciosa mientras no haya material para contrastarla, lo cierto es que la mediación fracasó. Las autoridades responsables son panistas y perredistas. O sea que en mejores manos no estamos.
No extrañe que en medio del remolino la gente voltee a mirar al PRI, ya lo hizo el domingo pasado en las elecciones locales de Guerrero, donde el tricolor obtuvo la mayoría del Congreso y alcanzó las alcaldías de los municipios más poblados de la entidad. Bien se puede decir que no ganó el PRI, pero ni duda cabe que perdieron los que no han sabido honrar la alternancia democrática, quienes llegaron a hacer peor de lo mismo.
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