Entender a la sociedad civil

El 2 de junio del 2019 se eligieron gobernadores, uno en Baja California y otro en el estado de Puebla. Se afirma que hubo baja participación. Esto quiere decir que candidatos y partidos no lograron convencer a la ciudadanía para que participara copiosamente. Así fue por una estrategia equivocada, basada exclusivamente en los medios y en promocionales, sin hacer diferenciación de audiencias, ni consistentes campañas a ras de suelo.

Como si la sociedad civil a la que se dirigen los contendientes electorales fuera espejo de la gente con formación universitaria y/o capacidad económica. Una deformación de la era neoliberal, expulsando imaginariamente a la mayor parte de las representaciones económicas o de clase (Adónde íbamos con la sociedad civil) y territoriales. Con el neoliberalismo la sociedad civil se redujo a los grandes empresarios, sus ideólogos y organizaciones civiles satélites (La "sociedad civil" chiquita)

Los derrotados no entienden por qué perdieron cuando bien podrían suponer, sobre todo en el PRI, que no reconstruyeron lazos con la sociedad civil pues los que tenían los destruyeron en aras de sacudirse el corporativismo, quedándose con membretes vacíos. Esos membretes cuya sola presencia les partía el hígado a los tecnócratas. Las privatizaciones o reformas estructurales desincorporaron de facto a grandes sectores de la población adicta al PRI. El coletazo se dio con Peña Nieto en su relación con los gremios del magisterio, los electricistas y los petroleros.

Si algo faltó en las elecciones recientes fue dirigirse a la sociedad civil, específicamente a la relacionada con el orden territorial del barrio urbano y la comunidad rural. Se carece de una extensa investigación antropológica de campo que nos dé cuenta de los perfiles actuales de estos conglomerados poblacionales. Peor aún, este orden territorial ha sido dejado en algunas regiones o municipios en la indefensión, frente a la acción de la delincuencia organizada.

Desde otra perspectiva de comprensión, vale considerar también, desde la fundación del Estado laico y la consecuente supresión de la religión de Estado, se desincorporaron a las creencias religiosas de su identidad estatal para que se realizaran en la pluralidad de la sociedad civil, dejando perfectamente reconocida la libertad de creencias. Su marco de acción es la sociedad civil, no es el Estado, sus autoridades.

Por eso, cuando el presidente López Obrador convocó a una reunión de unidad nacional – la celebrada en Tijuana, Baja California, el sábado 8 de junio. A los religiosos que se les concedió la palabra, actuaron no en calidad de autoridad política alguna, sino en tanto expresiones de la sociedad civil. Al igual de otros participantes de carácter étnico, empresarial o de cualquier otra figura de la sociedad civil.

Entender a la sociedad civil para comunicarse con ella es tarea del político y de los partidos. Me parece que solo Andrés Manuel y algunos de sus colaboradores lo han entendido desde hace tiempo, aunque no solo se trate de eso. Menos ahora, desde la posición de gobernantes, con mayor cantidad de recursos, estos son, información y presupuesto.

Tratando con un sociópata

No basta con la descalificación moral de Trump cuando se dice de él que es un patán. No es suficiente la caracterización de tirano o déspota. La sicopatología nos da más certeza para definirlo, Donald Trump es un sociópata. Es demasiado consciente del daño que hace, le place el mal ajeno cuando él lo genera, sin albergar escrúpulos ni remordimientos, lo que lo lleva a no pedir perdón por las consecuencias de sus actos. Una de sus últimas intervenciones ha puesto a México en la escena mundial.

El 30 de mayo de 2019, el presidente de los Estados Unidos planteó la amenaza de imponer un arancel del 5% al comercio que va de México a ese país a partir del día 10 de junio. La demanda de Trump es que sea el gobierno de México el que detenga el flujo migratorio que usa como puente el territorio mexicano.

Una amenaza que se dirige contra el orden económico internacional instituido sobre el fundamento del libre comercio. El cual tiene como uno de sus pilotos de conducción o armonización a la Organización Mundial de Comercio.

Una amenaza que ignora una propuesta, el programa de desarrollo integral para Centroamérica elaborado por la CEPAL. El propósito es detener con inversión y empleo la migración que procede de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La amenaza tiene la forma de estar dirigida en contra de México, pero afecta también al país que gobierna Trump. Si algo ha erosionado la globalización es la autarquía económica. En nuestro tiempo casi todas las economías son interconectadas.

Independientemente de lo que está al alcance del presidente López Obrador, su retórica amistosa y pacifista, los mecanismos legales de defensa, el respaldo de la sociedad mexicana en su conjunto (aunque haya conservadores que gocen del affaire como de una zancadilla a la 4T para desestabilizar a la actual administración) Hay una debilidad intrínseca en la amenaza de Trump, la principal línea de resistencia está en su propio país. No tiene acuerdos con el Congreso, ni promueve consensos entre sus gobernados. Ya pasaron más de dos años del día de su elección, el año que entra se juega su reelección y ha pasado, además, como un buldócer sobre algunas de alianzas económicas internacionales de los Estados Unidos -Canadá, China, México, incluso países de la Unión Europea- mientras se regodea con los apoyos de Gran Bretaña, Israel y Polonia.

Para México la amenaza no es Estados Unidos, sino tratar con el sociópata que lo gobierna.

Fiscalidad y distribución

“La discusión en torno al liberalismo se sitúa en un plano demasiado general para ser verdaderamente útil.”

Thomas Piketty

El 23 de mayo se realizó, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el seminario Corrupción y lavado de dinero. Lo expuesto ahí no mereció la unanimidad de las ocho columnas, tampoco enardecidos debates en las redes sociales. Dejando a un lado lo impresionista de la convocatoria, el morbo que concita referirse al lavado de dinero como una forma de corrupción. El centro de la discusión nos remite a las vías legítimas a través de las cuales el Estado se allega recursos para cumplir con sus funciones.

Es la fiscalidad que no se resume en el cobro de impuestos, también se compone de otros cobros (autorizaciones, concesiones, licencias, servicios) Al Estado se le exige y está bien. Pero quejarnos no es suficiente si no miramos hacia la fiscalidad defectuosa o violentada por la corrupción.

Durante los tiempos del modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, adoptado en muchos países, la fiscalidad tenía una estimación considerable por los recursos públicos generados directamente por el sector público de la economía (en el caso de México cabe anotar la Banca de Desarrollo, CFE, PEMEX, sistemas de agua potable) El endeudamiento público de los setentas e inició de los ochentas descoyuntó el modelo ISI.

A partir de 1983 llegaron otras convicciones, ampliar el libre comercio a costa de disminuir los bienes del Estado. Las privatizaciones disminuyeron los recursos del Estado. Se le reclamó más eficiencia y salieron a relucir un universo de carencias, incluido el sector salud, educación, seguridad. El mercado como mecanismo anticorrupción gubernamental no funcionó, por el contrario, la corrupción se adaptó a la operación de los mercados evaporándose en el libre comercio en la forma de licitaciones amañadas, sobreprecios. Un modelo echando la cara al exterior sin preocuparse por el deterioro de la casa. Eso sí, el estatismo que se atacaba recurría a los apoyos del Estado. Se denunciaba al ogro filantrópico populista mientras se entronizaba al ogro filantrópico elitista. El ejemplo más afrentoso es el del sistema bancario, que una vez privatizado incluía entre sus previsiones la institución de un fondo para atender al banco que tuviera problemas de solvencia. Parecía pertinente y racional, pero no se contaba que después del error de diciembre de 1994 casi todo el sistema privado cayó en insolvencia dando oportunidad a la aplicación del salvataje por medio de ese fondo y se hizo del dominio público su terrible acrónimo: FOBAPROA. Un rescate absurdo que todavía condena al Estado a entregarle anualmente recursos a los bancos privados sin poner un claro punto final. Un dinero que podía ser ejercido para mejorar educación, salud, seguridad. Luego vinieron los Pidiregas, financiamiento privado-deuda pública para la CFE. Después el mecanismo de las inversiones público-privadas para terminar de comprometer el sector energético en manos del Estado. La fiscalidad seguía deteriorándose.

El siglo XXI trajo otras sangrías para las finanzas públicas. Las condonaciones de impuestos que beneficiaron a grandes empresas. Las empresas “factureras” especializadas en la defraudación fiscal. Ya no me extiendo en el tema del dispendio de recursos, los excesos en publicidad, por ejemplo. Esos y otros temas que no beneficiaban al país, pero que si obtenían cierta complacencia liberal.

Lo que está haciendo Carlos Urzúa, su oficial mayor Raquel Buenrostro, junto con los titulares del SAT, de la UIF, la Procuraduría Fiscal, con la colaboración de la Auditoría Fiscal de la Federación, por mejorar la fiscalidad con el propósito distributivo que se refleje en salud, educación y seguridad, como mínimo, es un propósito que nos une a todos o debería.