Fascismo ¿Tan cerca?

En México no hay organización, ni gente movilizada de manera abierta con el propósito de establecer un régimen totalitario. Un régimen de gobernante fuerte y salvífico, que se impone a través de un partido, una revolución o el ejército, en el que se han desactivado los componentes básicos de una democracia (división de poderes, pluripartidismo, elecciones libres, igualdad de oportunidades y trato) El totalitarismo también se caracteriza por imponer un pensamiento único, desaparecer la crítica y hasta eliminar parte de la población a la que considera enemigo reductible a causa de sus creencias, etnia o posición social. El totalitarismo es un fenómeno moderno surgido de democracias fracasadas o que no alcanzaron a madurar, en donde el mercado interno era débil, por escasez de mercancías o por la inflación, caras de una misma moneda. Se trata de un régimen de un solo hombre que demanda lealtad a sus seguidores y aclamación –aplausos- a sus gobernados, exento de responsabilidad y sin obligación de rendir cuentas (En cierta medida y proporción están emparentados el estalinismo, el fascismo, el franquismo, el nazismo y las dictaduras del Cono Sur, formaciones todas ellas desparecidas)

En México, no obstante, debemos estar atentos, considerar los indicios que pueden constituirse en el caldo de cultivo de un régimen fascista. La percepción de inseguridad, la confianza, el resentimiento, el odio. De las dos primeras se hacen sondeos diversos y las opiniones solicitadas confirman la experiencia real y subjetiva de la inseguridad y la desconfianza; del resentimiento y el odio se puede apreciar en los "grafitis", en las redes sociales y en las congregaciones de masivas. Estos componentes, en su reiteración, pueden formar “El gran ennui” (Steiner) Ese estado de esperanza fundado en la expectativa del dinamismo económico y la innovación tecnológica, esperanzas que se ahogan en la inmovilidad social o peor, en el ahondamiento de la desigualdad social.

Tomando la hoja del odio, si de él nos podemos referir en México es hacia los políticos y los partidos. Es lamentable que hasta los mismos partidos se encarguen de contagiar el odio a través de campañas negras. Y donde mejor se ha acomodado el odio en estos tiempos es en la costura que une los portales de empresas periodísticas con las redes sociales. Es ahí donde uno se puede dar cuenta de los contenidos del odio. Es así, el odio a los políticos y los partidos, porque la “democratización” ha servido para construir el hábitat de la clase política, donde vive y se reproduce a expensas de la sociedad. Pero no lo ven y como si nada hacen campaña y piden el voto. Recurrir al voto de castigo es premiar a otros incompetentes. El voto nulo no les quita el sueño, en este sistema electoral, como en los casinos, la casa nunca pierde. 

Pero las cosas no pueden seguir así, el desencanto tampoco, ni esperar la secuela posible, el fascismo. Sería más edificante redactar un acta ciudadana donde punto por punto la sociedad dicte las condiciones de actuación de los partidos y los políticos, así como las sanciones. Sugerirlo ya es una forma de empezar. 

Transparencia, tan lejos

El Senado remitió la minuta de la ley general de transparencia a la Cámara de Diputados. De las cosas presumiblemente buenas que dejó marzo. Como en el caso de la legislación anticorrupción, no ha concluido el proceso, la publicación en el Diario Oficial señalará el final a partir del cual entrarán en vigor las nuevas disposiciones.

En verdad, sendos proyectos no han tenido la mejor discusión pública, esto es, no se vio un esmerado intercambio entre la clase política y la sociedad civil que alimentará todos los días el avance sobre estos temas. Los concesionarios de radio y televisión no le abrieron el merecido espacio a la discusión. Peor todavía, el espacio de comunicación política desde el día de hoy, domingo 6 de abril, queda acaparado por las campañas electorales rumbo al 7 de junio próximo. No es visible un compromiso de las fuerzas políticas por fortalecer el combate a la corrupción y consolidar la transparencia gubernamental. Del lado del Ejecutivo federal no se aprecia que la transparencia y rendición de cuentas formen parte de sus prioridades y, por lo tanto, no le preocupa situarse como el líder de estos asuntos. Es más, hay gente que desde la conseja atávica le recomienda al presidente Peña Nieto hacer de la sucesión su principal tarea.

Si uno le echa un ojo al proyecto de ley que se encuentra en el portal del IFAI –ignoro si es idéntico al que se encuentra en el Congreso- se trata de una legislación aplicable a los tres niveles de gobierno. Se incluyen nuevos sujetos de aplicabilidad como los legisladores, los sindicatos, los fideicomisos. No obstante, en el terreno de las sanciones se mantiene en el plano pecuniario y administrativo, nada grave de qué preocuparse, una ley manejable a la manipulación de legalismos que secularmente han suplantado el imperio de los fines de la ley. La exposición de motivos no es robusta, sin recurrir al uso de datos y la descripción casos repetidos de la actuación de las desviaciones en el servicio público. Tampoco se describe la vinculación de esta ley con el conjunto del continente jurídico relacionado con el servicio y los recursos públicos. Una isla más en el archipiélago legislativo, sin disposiciones que obliguen a la coordinación intergubernamental y entre las dependencias, promotoras de la actuación de oficio.

El problema en el fondo es cultural, la aversión hacia la transparencia por parte de las autoridades es un estilo de vida –dicho en términos de la antropología norteamericana- o una forma de consciencia –si hacemos honor al joven Marx. La concepción del poder como la entienden y la practican las autoridades las exime de responsabilidad, no se sienten obligadas a rendir cuentas o pedírselas es una afrenta a su persona y a su familia. Para la alta burocracia el abuso, desde el más nimio, es una atribución del cargo. Si no, entonces para qué son autoridad. Es una cultura que se extiende por toda la capilaridad burocrática, que permea. Por esta actitud, pese a la ley, el principio del servicio público no es el de profesionalidad sino el de lealtad. Antes que nada, la lealtad es obligada, el mérito eficaz para acceder la pertenencia. Como realmente no se da una transformación de la burocracia, la legalidad es intervenida por el legalismo de quienes se vuelven en avezados operadores, los representantes del Estado.

Es emblemático de ese estilo o forma de consciencia, de quienes ejercen el poder público en México, el caso de David Korenfeld, director de la Comisión Nacional del Agua. Usar un helicóptero de la dependencia para efectos vacacionales de su familia no le mereció al susodicho ningún conflicto de responsabilidad, mucho menos relacionó su práctica con la rendición de cuentas. Si no es por el vecino habilitado como “paparazzi” que se dio cuenta, fotografió el hecho y lo difundió en las redes, la transparencia -la legislación y los entes reguladores- se hubieran sometido al rigor de la opacidad. El funcionario no hubiera aceptado como vergonzoso el abuso “normal”, por eso recurrió al legalismo de depositar en la tesorería el costo del servicio del que hizo mal uso. Hechos similares ocurren cotidianamente dentro del servicio público, se han hecho consuetudinarios, tanto que gobierno y sociedad terminan por aceptarlos como parte de la normalidad.

Y así sucede porque ni siquiera hemos imaginado que, expuesto en palabras de Friedrich Heer, el servicio público “constituye un placer, en el buen sentido de la palabra, el procurar bienestar a los demás. Es fácil imaginar lo que esto puede significar para la moral del estado y para la moral tributaria de la población, si ésta es atendida y protegida”

El arte de caracterizar

La semana pasada se celebró la reunión de la Asociación de Bancos de México. Dicen que por primera vez, de manera inusual, un secretario de Hacienda tuvo una encerrona privada con los empleados de angora de los bancos. Dicen que se sinceró y después inició la convención. Los banqueros criticaron y agradecieron, pasaron la muleta a placer y le otorgaron indulto al gobierno. Claro, la plaza les rinde muy buenas ganancias aunque no se refleje generosamente en el crecimiento del PIB.

Ante ellos, Peña Nieto anunció un nuevo ajuste de la administración, así inició su mandato lo recuerdan, ajustando la administración pública y del hecho nunca hubo una evaluación para comunicar. Después Luis Videgaray retomaría el tema y soltaría el rollo del presupuesto base cero, un eufemismo para nombrar el recorte presupuestal del 2016. Con el objetivo de siempre y ya rancio: hacer más con menos ¡eficiencia! ¡eficiencia!

Vaya desfiguros, con el rabo entre las patas, al muerto ya lo resucitaron sus publirrelacionistas ¿por cuánto tiempo? Los desafíos de la administración siguen ahí: el crecimiento económico, el combate a la corrupción y la inseguridad. Los dos primeros están en manos de la autoridad hacendaria y no se le ven maneras, del tercero ya se puede presumir la caída de capos, al menos, y no es su responsabilidad. Ah pero son tiempos de incertidumbre, con la pena, pero ya estamos acostumbrados.

Lo importante del evento resultó didáctico, ilustrar lo que es el Estado liberal oligárquico. Caracterización guardada bajo tres llaves, eso creen, pues hay que hablar de la república, de la democracia aunque todos palpamos que el Estado está al servicio de distinguidos intereses empresariales incrustados en el campo, en constructoras, los fundos mineros, en las telecomunicaciones y, por supuesto, en el sistema bancario. Llama mi atención el que no se discuta sobre el Estado que se ha construido en México en los últimos años, el proceso diacrónico que llevó del Estado social corporativo al Estado liberal oligárquico, éste último una fórmula que se ensayó desde la república restaurada de Benito Juárez y se perfeccionó con Porfirio Díaz sin regatear loas a la democracia y a la república.

En síntesis, el Estado liberal oligárquico de hoy se circunscribe a promover y proteger los intereses de un selecto grupo de empresas en primer lugar. Un Estado para el cual los ciudadanos son un obstáculo a sortear cada elección periódica, al fin y al cabo las elecciones no resuelven problemas. Las corporaciones obreras y campesinas del viejo PRI ya no son consultadas, mucho menos se les hacen concesiones, la agenda de Los Pinos está ocupada en atender a los empresarios. Mientras la oposición está engolfada disfrutando de sus canonjías y de sus moches. No existe en el horizonte de los partidos una agenda de construcción del Estado social democrático.

(Hace muchos años la discusión política dentro de la izquierda iniciaba por formular la caracterización del Estado y la coyuntura. Eso ya no existe, el oportunismo y el acceso a recursos públicos, sobre todo, la han hecho prescindir de esas disquisiciones sin rendimiento contante y sonante. En estos tiempos la izquierda oficial se allana fácilmente al lenguaje de empresarios y tecnócratas. Por otro lado, los activistas no hicieron aportaciones más allá de la estridencia, se limitaron a repetir dogmas, a reproducir una comunicación panfletaria. Un ejemplo de ése activismo lo fue Cecilia Soto, su marido y el desaparecido y nunca bien establecido “Partido Laboral”. Lugares comunes, clichés, caudillismo, denuncia del “neoliberalismo”, reciclaje de priístas tránsfugas)

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Para los que no me siguen en Facebook pongo al tanto de esta recomendación que ha sido apoyo para elaborar este artículo, el libro de Pittman, D. Kennieth. Hacendados, campesinos y políticos. Las clases agrarias y la instalación del Estado oligárquico en México, 1869-1876. (FCE, 1994) Sugerente investigación sobre la política en Morelos durante la república restaurada, también se podría volver a titular como El Dieciocho Brumario de Francisco Leyva (primer gobernador constitucional del estado de Morelos). Cualquier semejanza con la realidad política nacional es la terca coincidencia.

Aquí una breve descripción del contexto en el que surge dicho Estado:

“Las elecciones habían dejado pocas posibilidades de cambio para los campesinos. Sus inquietudes ni siquiera habían sido uno de los temas de la campaña. Para los hacendados que habían soportado lo más arduo de los ataques, los siguientes cuatro años no les ofrecían nada salvo que se perpetuara un gobierno que ellos habían tenido que sostener y sobre el cual no ejercían influencia alguna.

“Los impuestos existentes eran irritantes, pero no constituían una carga imposible. Aun al empezar a incrementarse en el transcurso de los últimos años, seguían siendo comparables con los asignados a los más pequeños intereses industriales y comerciales que tenían todavía menos posibilidades de pagar. En realidad, la cuota fija asignada a la producción favorecía a los más importantes hacendados en comparación con los que estaban luchando por sobrevivir. De todas maneras, los impuestos eran siempre molestos…Ni la creación del estado ni el gobierno que pretendía regir habían sido elección de los hacendados, y resentían que estuvieran suministrando la gran mayoría de los fondos de la tesorería y que al mismo tiempo se les negara su acostumbrada influencia. Los hacendados veían como los impuestos que gravaban sus propiedades sostenían el esfuerzo de arrancarles el control que ejercían”p.74.

Y esto sucedía en el siglo XIX.