De lo bueno

El pleno del Senado aprobó, el jueves 24 de abril, la reforma al Código de Justicia Militar. El proceso no ha concluido, falta la convalidación de San Lázaro.

En las antípodas del fast track, el cambio tuvo como propulsores las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 2009 a 2014, cinco años pasaron para dejar asentado para dejar asentado que la violación de los derechos humanos de civiles, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, queda sustraída de la justicia (del fuero) militar y es responsabilidad de la justicia civil atender y encauzar las demandas.

No sólo se trata de una redelimitación de competencias. Es una modificación que disuade la acometida de militares en contra de civiles. Reduce la discrecionalidad (impunidad) en las decisiones que reprimen o violan derechos, ejecutadas por soldados o marinos en atención de órdenes recibidas de sus superiores.

Las Fuerzas Armadas se benefician con esta reforma para reforzar su compromiso centrado en la defensa de la integridad del territorio (incluyase el mar patrimonial) y de la población.

Una reforma donde los legisladores se dieron la oportunidad de colaborar en un proceso que, dilatado, se puso por encima de intereses particulares o parciales. Lo cual, por cierto, no ha ocurrido con el procedimiento deliberativo de algunas leyes secundarias en curso. Intereses que no pocas veces son promotores de la desigualdad, limitan libertades y conculcan la justicia.

El Ejército Mexicano y la sociedad en su conjunto encuentran un código de confluencia, de mutua necesidad. Estar al servicio, dar el reconocimiento, para formar una insólita dialéctica de no contrarios. Armonización despreciada en los episodios de la guerra sucia, ya lejanos, de la guerra contra el narco, en el pasado reciente.

Con legislación como la comentada, se reconstituye el Estado Mexicano en su solidaridad originaria. La que nos une más allá del fraseo mercantilista que bascula al país y al mundo.

Segunda fase

Una vez que se realizaron las reformas constitucionales, la segunda fase: relacionada con la elaboración, dictaminación y promulgación de leyes secundarias ya no tiene el mismo acompañamiento: el Pacto por México. El camino no es fácil, aunque numéricamente lo parezca en cuanto al número de votos requerido por parte de los legisladores.

El caso es que algunos tramos de las reformas tratan de enmendar reformas que en su momento se consideraron “estructurales”, sobre todo en lo referido a la descentralización (en materia educativa, electoral) y las encaminadas a promover la apertura económica. Por ambas vías se llegó a un mismo resultado: el debilitamiento de la institución presidencial, que es el centro de las preocupaciones operativas de Enrique Peña Nieto.

Desde hace años tenemos una presidencia rebasada por los acontecimientos, lo que no necesariamente es malo si se significa en una sociedad civil fortalecida. Pero sí lo es en un entorno de inseguridad y falta de crecimiento económico.

En días recientes, las autoridades de Hacienda y del Banco de México coincidieron en señalar que la inseguridad es factor que disminuye el flujo de inversiones hacia México. Puede tratarse de un sutil lavado de manos: las reformas están hechas, si la economía no crece es por la inseguridad y ese asunto no nos corresponde, mejor vayan y toquen a las puertas de gobernación. Confesando veladamente que la economía es política.

Es una visión unívoca, en una sola dirección A – B. No tiene la audacia de proponer y encontrar en las formas de gestión económicas adoptadas en los últimos años donde se encuentra el origen de la explosión de inseguridad que se vive. Lo cual también es una exageración.

El hecho es el descomunal esfuerzo de legislar para incrementar las facilidades a la inversión al tiempo que se restablecen capacidades de la institución presidencial. Paradigma Peña Nieto que se desprende en ese punto de sus antecesores. Por algún lado debería resaltarse el papel de la sociedad civil a través del expediente de una ciudadanía fortalecida. Pero eso no es evidente, por el contrario.

Ya tenemos una respuesta indignada hacia el proyecto de ley en materia de telecomunicaciones. La primera alerta que leí al respecto provino de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, su oposición a restituir atribuciones a Segob para revisar y bloquear contenidos sigue creciendo. De parte de gobernación se pone de por medio razones de seguridad ¿Pero realmente las redes sociales son factor de inseguridad? Habría que probarlo, de todos modos llegarán a la conclusión de que no es así. Acaso no hay legislación específica que se encarga de los temas de seguridad y disponer entonces del cajón adecuado.

Más vale que el gobierno mejor se ponga a revisar con profundidad la simbiosis que se da entre inseguridad y economía, quedaría altamente impresionado. Lo que deja ver la propuesta de la llamada ley de telecomunicaciones es insensibilidad. Ignorar lo que los dispositivos tecnológicos representan en la formación de la ipseidad, como extensión de la persona misma hasta llegar al extremo de la patología narcisista. La tecnología como sustituto de la magia, la religión, las ideologías, de lo que aporta el trabajo, la familia, la amistad y el amor. El tema es muy complejo como para darle de escobazos al avispero.  

Administrar ¿Fardo, oportunidad o privilegio?

Michoacán es un llamado a la conciencia de quienes tienen responsabilidades públicas. La exposición y el arraigo de Jesús Reyna, secretario de gobierno y gobernador interino que fuera de Michoacán en el tiempo del gobernador constitucional Fausto Vallejo, exhibe las consecuencias extremas del desprecio a la responsabilidad de administrar en el ejercicio de altos cargos.

No todo es saber mover el abanico, participar en reuniones discretas, hacer declaraciones a los medios, placearse en comederos. Lo fundamental es que la administración funcione y lo haga bien, en provecho de los gobernados. Cuando ese principio se pierde las justificaciones sobran.

La autoridad judicial dice tener indicios, que aspiran a ser datos firmen y contundentes, sobre la vinculación personal y delictiva entre Jesús Reyna y la organización criminal de los “caballeros templarios”. Si lo dice así es porque no quiere caer en el esquema fallido del “michoacanazo” de triste memoria: una acción judicial que hace cinco años se dirigió en contra de funcionarios de aquellas tierras y que concluyo con la rotundidad del fracaso.

Jesús Reyna es más que un chivo expiatorio, es paradigma del funcionario torcido, chueco en su proceder frente a lo que está obligado por ley. Es anomalía a emular que llega a la jactancia, en algunos casos, de reconocerse como la “plenitud del pinche poder”.

En la descomposición de Michoacán y salvamento en marcha, Enrique Peña Nieto se ha agarrado de un clavo ardiendo. Un ya basta más que un golpe de mano. La identidad del arraigado con el Partido Revolucionario Institucional no fue suficiente para mantener el encubrimiento que lo protegía. Michoacán es el mensaje a todos los gobernadores, presidentes municipales, funcionarios públicos, a la clase política. Si es así, entonces está en proceso una revolución de las costumbres burocráticas. Si no es así, hasta aquí se llegó y que venga más de lo mismo. El pueblo es aguantador.

Como sea, la intervención federal en Michoacán tiene un componente legitimador, pues las reformas han desgastado al gobierno y las acciones en lo que va del año en materia de seguridad llaman a legitimar con base en los resultados. Lo impredecible es la completa voluntad de la clase política para subirse al barco hacia el rumbo del gobierno eficaz, para decirlo de manera oficiosa. Y cuál será la reacción de los inversionistas, ahora si se sentarán a la mesa que las ha puesto buena proporción de las reformas peñistas, subirán al escenario que se les ha dispuesto para la actuación de artífices del crecimiento económico.

Sólo así se podrá alcanzar el respaldo receloso de una sociedad desconfiada, distanciada de lo público y que vive con miedo.