Fiesta reformadora ensangrentada

Es obligado, los hechos sangrientos, criminales, en los que interviene el aparato público como victimario (Ejército, policía) producen indignación y reclamo de justicia. Hasta dónde se puede llegar cuando las estructuras gubernamentales están al servicio de grupos delincuenciales. Hasta dónde se puede llegar cuando el gobierno federal –desde hace décadas- sólo tiene ojos y oídos para lo más granado del empresariado mexicano, ofreciendo un servicio enfocado a proteger a grandes grupos empresariales.

La celebración de once reformas estructurales, útiles para obtener galardón de estadista o de ministro de finanzas del año, según sea el caso, de parte de organismos de los cuales ignoramos todo, resultan una burla involuntaria hacia quienes no tienen acceso a la justicia o respecto de una economía que no prende.

Y como diría el clásico, a revisar lo que falló.

Las grandes reformas no fueron acompañadas de una gran transformación de los tres niveles de gobierno, para así convertirlos en conductores ejecutivos de las reformas. Los gobiernos continuaron con sus rutinas de responsabilidad discrecional, es un eufemismo para no mencionar el desaseo normativo, la complicidad y la corrupción. Literalmente no se ha sabido qué hacer con la función pública, tapadera de apetitos privados, por más que se le cambie de nombre y lugar como entidad “responsable” o se expidan o agreguen leyes respecto a su control. Papeles y papeleo que lejos de mejorar el servicio público ocultan las atrocidades cometidas a su amparo.

Pero volvamos a la materia hemática, a la sangre derramada por instancias oficiales, hechos de los cuales hasta ahora no se tiene explicación con verdad. Tlatlaya e Iguala son parte de una cadena formada por algunas autoridades y el crimen organizado. Cadena que en un pasado ya remoto no alcanzaba la visibilidad de los medios, pero ya existía. Desde Miguel de la Madrid en los ochenta del XX, los Estados Unidos se encargaron de otorgarle visibilidad hasta convertirlo en material mediático de primera necesidad.

Iguala y Tlatlaya son parte de esa cadena, un mensaje macabro de sus emisores que exige no romper la cadena pues a ella están ligados individuos del aparato federal, de gobiernos estatales y municipales. Pues sólo así se entiende que un patrullaje militar en función de policía haya decidido ajusticiar a 22 jóvenes. Cuando digo ajusticiar me refiero a sustituir a la justicia, adelantarse a su curso legal en lugar de llevarlos ante ella; el caso de Iguala es paralelo y va más lejos, la policía es ordenada de masacrar una manifestación de estudiantes que no ofrecía mayor complicación ¿Con qué fin? Evidenciar los alcances de la cadena que involucra a autoridades de gobierno.

Ante esta realidad las reformas están en entredicho, inhabilitando el discurso encrático de las reformas, basado en la promoción de inversiones que operen un nuevo milagro económico, básicamente intimidatorio de otras alternativas, omiso respecto a las insuficiencias institucionales de los tres niveles de gobierno.

 Así hemos llegado a las puertas del infierno.

Para este artículo he aprovechado con gusto la lectura de Roland Barthes, El susurro del lenguaje, Paidós, 2012.

De la paz cultural: “Así pues, parece ser que lo que persiguen todas las clases sociales no es la posesión de la cultura (tanto para conservarla como para adquirirla), pues la cultura está ahí, por todas partes y pertenece a todo el mundo, sino la unidad de los lenguajes, la coincidencia de la palabra y la escucha” p.136.

Encrático, neologismo pedante: “El discurso encrático … no es tan sólo de la clase que está en el poder; las clases que están fuera del poder o que luchan por conquistarlo por vías reformistas o promocionales pueden apropiárselo, o al menos recibirlo con pleno consentimiento” p. 154; “En las sociedades actuales, la más sencilla de las divisiones de los lenguajes se basa en su relación con el Poder. Hay lenguajes que se enuncian, se desenvuelven, se dibujan a la luz (o a la sombra) del Poder, de sus múltiples aparatos estatales, institucionales ideológicos; yo los llamaría lenguajes o discursos encráticos” p. 161; “El lenguaje encrático es vago, difuso, aparentemente ‘natural’ y, por tanto, difícilmente perceptible: es el lenguaje de la cultura de masas (prensa, radio y televisión), y también, en cierto sentido, el lenguaje de la conversación, de la opinión común (de la doxa)” p.161.

Efecto Ayotzinapa

Barbarie, fue la expresión usada en este espacio cuando se difundieron las primeras noticias de los abominables sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero (http://tonalpohualli-rodmigster.blogspot.mx/2014/09/barbarie-la-vuelta.html).

Inculpaciones, exculpaciones, van y vienen. Nadie se quiere hacer cargo de una investigación en manos de políticos que revuelven lo acontecido. De lo informado hasta ahora, se mantienen los datos de una acción policíaca desproporcionada e injustificable de parte de agentes municipales, pertenecientes a un gobierno local totalmente capturado por el crimen organizado. Seis muertos, veintidós heridos, 43 desaparecidos y 10 fosas clandestinas descubiertas. Más allá de las averiguaciones e implicaciones judiciales, la represión en contra de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ha terminado por golpear a la clase política en su conjunto.

El 6 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a una conferencia de prensa en la que fue su propio vocero. Por primera vez en esta administración, que yo recuerde, el aquí y ahora presidencial habló con indignación. Los enunciados melifluos acerca de las reformas estructurales no fueron requeridos, la cruda realidad política de un sistema que no ha cambiado silenció el himno a la transformación peñista. Efecto Ayotzinapa que le marca un nuevo inicio al sexenio.

Iguala cambió la “normalidad” del intercambio político y dio lugar a un inesperado juego, los costos ocultos del Pacto por México. Las estructuras reformadas al gusto de las grandes corporaciones empresariales se cimbran dentro del marco de un sistema que no se transformó. Jamás se detuvieron por explicar que entendían por estructura y su derivación en adjetivo. Ignorando los límites de las reformas dentro de un sistema inconmovible.

El sistema se ha encargado de ajustar las estructuras reformadas para ponerlas en un horizonte de bajo rendimiento. Esto es así porque el sistema requisita negativamente para su funcionamiento –para sus flujos de información- de una justicia deficitaria, de privilegios que profundizan desigualdades sociales, que opere con manga ancha la impunidad, al margen del derecho.

En lo que va del año, al menos cinco temas en los medios han dado cuenta de esta operación del sistema: La contaminación del Río Sonora por el derrame de residuos industriales vertidos al cauce por la corporación minera Grupo México; operaciones fraudulentas de la empresa Oceanografía y el Grupo Banamex en las prestación de servicios navieros a Pemex; el desgraciado ajusticiamiento de 22 jóvenes por parte del Ejército en el municipio de Tlatlaya, estado de México; la captura del capo Héctor Beltrán Leyva y con él, su prestador de servicios financieros, el empresario Germán Goyeneche, militante del partido verde ecologista; quinto y malo, la sangrienta represión en la ciudad de Iguala.

Cambio estructural que no modifica patrones sistémicos no es un verdadero cambio.

Detalles de una movilización en curso

Acostumbrados a una ciudadanía desmovilizada, la movilización de los politécnicos agita intereses que, o se sienten amenazados, o bien ven la oportunidad de ganar influencia. Tampoco falta la picaresca que decodifique la avanzada de la sucesión presidencial.

De esto último no viene al caso hablar del “destape” de Miguel Ángel Osorio Chong o decir que es un “superstar”. Son opiniones ociosas frente a los retos de una institución, el Instituto Politécnico Nacional, que se exige una mejor gestión de sus asuntos internos. Eso es lo importante.

Por lo que se refiere a quienes se sienten amenazados por el movimiento, la oligarquía, se dedica a provocar y no vale la pena hacerle el juego. En el control de los medios dispone de testaferros –tiradores o sicarios- en posición de descalificar el movimiento politécnico. La oligarquía, sus miembros en lo individual también, considera ser la única en tener interlocución cara a cara con el gobierno. Una interlocución siempre en lo oscurito. A esa oligarquía le aterra que el gobierno se abra al diálogo público con una movilización social. Sépanlo que cuando eso llega a ocurrir es porque los mecanismos institucionales fallaron.

Desde otra perspectiva están los colectivos radicales, con otra manera de ver las cosas. Para ellos es la oportunidad de impulsar su propia agenda política, abiertamente antigobiernista y de escasa difusión.

Bajo estas condiciones que se superponen al movimiento y lo distorsionan, aparecen pugnas palaciegas que no ven más allá de la sucesión presidencial; pone en alerta a la oligarquía -la gran ganadora de las reformas estructurales- pues considera que los poderes públicos sólo están ahí para su servicio y cuidan mantener esa ventajosa posición que mantiene la exclusión social; por su parte, los colectivos que no están reconocidos dentro de la comunidad politécnica, se aprestan a darle una dirección política al movimiento.

Sin perder la atención sobre estos detalles vale hacer una recapitulación breve del movimiento:

El jueves 25 de septiembre se da la monumental movilización politécnica, de rechazo al nuevo reglamento del IPN y a la modificación del plan de estudios.

El martes 30 de septiembre ya se tiene un pliego de 10 puntos, entre los cuales ya destaca la petición de la renuncia de la directora Yoloxóchitl Bustamante Díez. El movimiento es reconocido como interlocutor válido por el gobierno.

El viernes 3 de octubre, el gobierno ofrece a los manifestantes la respuesta oficial a considerar. Dentro de ella se incluye la cancelación del nuevo reglamento y del nuevo plan de estudios, así como la aceptación de la renuncia de la Directora.

Hasta este momento es clara la victoria del movimiento, para la cual la acción directa fue una estrategia eficiente. Dentro del movimiento se inicia una discusión entre quienes se consideran satisfechos con lo conseguido y es hora de regresar a clases. Mientras, hay otro sector que llama a no confiarse y proveerle más puntos al pliego original (Como la investigación y castigo de los que atacaron la manifestación de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre. Hechos que tienen como presuntos implicados al gobierno local del PRD y el crimen organizado)

Si no hay conciliación entre los puntos, las asambleas estudiantiles se van a polarizar hasta dejar de ser representativas pues el encono merma la participación.

Aquí la disyuntiva es crucial para la comunidad politécnica. Mantenerse como un movimiento con justificación académica y que le ha valido ganar la primera etapa de esta lucha. Ahora le corresponde organizar, en la medida que tiene la iniciativa, la segunda etapa de la movilización, centrada en cuestiones internas como lo pueden ser: pugnar por una nueva ley orgánica y alcanzar el estatuto autónomo para el IPN.

La otra opción es dar un giro al movimiento, dotarlo de una agenda política (de disputa por el poder) en la que el pliego de peticiones va creciendo y nunca es suficiente. En esta opción la acción directa perderá eficacia. Le exige apoyos, de alianzas externas pues la comunidad politécnica no es suficiente, con el riesgo de disolver la fuerza interna y aislar al movimiento si no construye pronto esas alianzas.

A qué están dispuestos los politécnicos, de qué medidas estarán dispuestos a echar mano para calcular una decisión mayoritaria: la unanimidad, la mayoría calificada o la mitad más uno. Lo peor sería rehuir las decisiones de consenso y zanjar las diferencias abandonando el movimiento o liándose a golpes.