Propaganda infamante

Guerra perdida consigna Raymundo Riva Palacio, fabricación de un villano concluye Raúl Trejo Delarbre. El aplastamiento mediático, propagandístico, del Sindicato Mexicano de Electricistas es la noticia. La opinión pública le ha dado la espalda al SME. Mientras, el Partido Revolucionario Institucional ha optado por una actuación paraestatal. Y en el adelanto de las conclusiones, con el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, se afirma que Felipe Calderón ya resolvió la sucesión presidencial del 2012 a su favor. Por fin se le concede al Presidente la estatura de conductor del Estado pues ha sometido a un sindicato corrupto con toda la fuerza del Estado (autoritario): la fuerza de la policía, el dinero (de los contribuyentes) y el quebranto de la ley. Lo que no se ha podido contra el crimen organizado, hoy el gobernante se siente victorioso por derrotar a una institución del Estado Mexicano.

Implacable pero no impecable, el golpe ha producido ensoñaciones que convocan a una marcha final en contra de esta especie de asalariados que osaron de manera institucional tener prestaciones a favor de su calidad de vida. Según Federico Reyes Heroles González Garza: “Los 106 millones de habitantes son una mayoría tan apabullante que los sindicalistas se desvanecen. Trabajadores y jubilados y un porcentaje de sus parientes representan alrededor del 0.09% de la población nacional.” Así se expresa la épica del aniquilamiento demográfico y se le llama arrojo, valentía. Hitler y Pol Pot se quedan chiquitos ante la hazaña de Felipe Calderón. Se les hace tarde para una marcha sobre Roma.

Para llegar a este aniquilamiento se recurre a la simplificación pues la complejidad puede llevar a la justicia, la moral y a la prudencia. El silogismo es fácil y falaz: la empresa está quebrada porque el sindicato corrupto a sí lo quiere. Difúndase por todos los medios cueste lo que cueste para que la “opinión pública” los condene. Una idea del cueste lo que cueste ya se había calculado la década pasada por encargo de Carlos Salinas y la hizo Pedro Aspe Armella: 35 mil millones de pesos (Riva Palacio 09-10-2009) Hoy con $20 mil millones se pretende comprar la conciencia de los agremiados al SME. Conste que no se contabiliza el costo de los medios, empresas y periodistas. En verdad, no se había visto propaganda tan aniquilante desde 1968. Como diría el clásico “toda unanimidad es sospechosa”. Por lo pronto, Calderón ya agradeció a los concesionarios de Radio y Televisión su objetividad en el tratamiento del conflicto.

Todo sea por construir al malo de esta película, para ello se arremete con el argumento de los subsidios y se le hace creer a la gente que todo se lo traga el sindicato. Alberto Barranco ha desmenuzado ese rubro presupuestal de la compañía en proceso de liquidación: “orientado el subsidio hacia la tarifa en lugar del consumo, la mayor parte de éste beneficia a las industrias. Dicho con todos los números, para ellas van 16 mil 862.33 millones de los 25 mil 595.90 recibidos, lo que representa para cada una de las 16 mil 165 empresas un beneficio superior al millón de pesos…En contraste, para los usuarios domésticos el subsidio total es de 6 mil 219.80 millones, lo que dividido entre 5 millones 389 mil 398 de ellos, les plantea un ahorro de mil 154 pesos…Dicho en porcentajes, 58.9% del subsidio va a los industriales; 21.8% a las casas; 13% a los comercios; 6.1% a las empresas de servicios, y 0.2 a usuarios agrícolas.” O sea que el despilfarro es compartido.

Contentos están los aplaudidores de siempre, aunque se trate de otra generación. Se sentirán igual de victoriosos que su amo si mañana jueves 15 de octubre la marcha convocada por los electricistas resulta un fracaso.

La represión toca la puerta

Felipe Calderón ha decidido llevar al límite el conflicto con una porción de sus empleados, los trabajadores sindicalizados del SME. El 10 de octubre el titular del Ejecutivo federal decretó la extinción de la paraestatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Dentro de su argumentación descalificatoria de la empresa arguyó la corrupción. Así, en abstracto y sin describir hechos, ni dar nombres. Vale cuestionarse: ¿Es Calderón la persona mejor calificada para acusar de corrupción? Qué hizo para erradicar la corrupción en la empresa, qué hicieron los directivos que el nombró para combatirla. Después de tres años, por omisión o incapacidad, la actual administración federal es parte del problema pues sí conocía la situación de la empresa. Acaso no se dio cuenta que al firmarse el contrato colectivo, como cada dos años, se establecía como legalidad lo que hoy se condena como abuso. Claro, no es lo mismo hablar en red nacional y otra, muy distinta, fincar responsabilidades bajo procedimiento.

Como en los viejos tiempos, los miembros del partido en el poder se lanzan a defender los exabruptos presidenciales. La diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la fracción blanquiazul en San Lázaro, afirma que el país no se puede dar el lujo de mantener prebendas y privilegios. De veras no más prebendas y privilegios. Si es así, que renuncie a sus dietas y a su fuero. Otra vez se declara con sesgo insidioso. Alguien le va a creer a la diputada que los trabajadores de LyFC son los únicos recipiendarios de prebendas y privilegios en un país con grandes desigualdades.

La claridad es lo de menos, primero se consuma el golpe policíaco, después se responde como puede y mal las preguntas que surgen. Le preguntan a Agustín Carstens si se va acabar con el régimen de subsidios con la liquidación decretada y se hace bolas. Siendo tan sencillo, que si eso ocurre, los usuarios de esta compañía se darán cuenta en el recibo de cobro y ya veríamos que inconformidad se levantaría con la consecuente elevación del cobro. Eso sí, ya anda afirmando el secretario de hacienda que con la solución decretada se abre espacio para modificar el paquete económico ¡Ya apareció el negado Plan B!

Este episodio, sumado a los nueve años de la derecha en poder, han agotado lo que consideraban su capital: una supuesta superioridad moral y de cultura democrática. Con actos autoritarios y enfangados en la corrupción, el PAN ha labrado su autoderrota moral. Las leyes e instituciones que promovieron para hacer la diferencia respecto al pasado dejan resultados deficitarios. La Secretaría de la Función Pública, enredada en el papeleo no da con los míticos peces gordos. Como si le fuera muy difícil vigilar donde están los grandes presupuestos, los grandes contratos, las concesiones, las licitaciones y los subsidios, cuales son las unidades responsables y quiénes están al frente de ellas y como están sus cuentas bancarias personales. La transparencia e información pública gubernamental, por su parte, se reduce básicamente a un procedimiento de solicitud de información, su atención o negación, adheridos a un elefante blanco que consta de un edificio en Coyoacán y la correspondiente burocracia que lo habita.

Así como la autoderrota del PRI se cifró en claudicar en la lucha por la justicia social, hoy la autoderrota del PAN se consuma al negarse al imperativo de la rendición de cuentas. Y todavía peor, sin alcanzar legitimidad electoral plena, la actual administración le resulta inalcanzable la legitimidad en el ejercicio de gobierno pues el deterioro del país se ha acentuado. Ante esta situación, el conflicto del gobierno con el SME, su escalamiento por parte de la autoridad, no le deja otro camino que la represión a un gobierno que se ha conducido hacia un callejón sin salida. La represión, como último recurso de un gobierno desgastado, a la que se acerca Felipe Calderón para sostenerse en el poder.

Lo que viene

Sigue candente la confrontación entre el gobierno y el Sindicato Mexicano de Electricistas. La provocación está a la orden del día y, fuera de desplantes autoritarios de parte del gobierno, no se ve claro que quiere Calderón y compañía. Acaso vengarse de un dirigente sindical que apoya a López Obrador o acabar con los abusos de los dirigentes sindicales. Si es lo primero es como volverle a dar reflectores a AMLO. Si se trata de una estrategia para someter a los dirigentes sindicales se esperaría un efecto dominó ¿De veras quiere eso Felipe Calderón y su grupo? Pegarle a Elba Esther, Romero Deschamps, Hernández Juárez, Joel Ayala y demás dirigentes vitalicios. Si es esto último, que el gobierno nos informe que va a hacer ante la respuesta del sindicalismo. Algo debe tener preparado y no su manido fuego mediático, costoso e inútil.

A este gobierno, presidido conspicuamente por abogados de la Escuela Libre de Derecho, todo le sale mal precisamente por la ruta que debería tener mejor dominada: la ley.

Para no ir muy lejos, recordemos el caso de Ramsés Villarreal Gómez, estudiante de la UAM al que le cargaron la serie de explosiones del mes de septiembre pasado en Bancos y establecimientos comerciales. Al joven lo bajaron de un trasporte colectivo, lo resguardaron y, posteriormente, lo llevaron ante un juez que no encontró en el expediente que le fue presentado delito que perseguir. Una investigación mal hecha, basada en una fotografía y, es de suponerse, en un expediente de la policía política (CISEN): sin pruebas que acreditaran la culpabilidad del joven. El juez cumplió con su obligación y se liberó a Ramsés. Realmente la PGR actuó como en tiempos que se creían ya superados. Lo grave es el proceder autoritario que a todos los ciudadanos nos deja en la total indefensión. Así se estrenó el flamante procurador de la república Arturo Chávez Chávez.

Las muestras de incompetencia están a la vista y no hay manera de engañar. Será creíble lo que dijo Juan Molinar Horcasitas ante los diputados, que la falta de inversiones en el sector comunicaciones y transportes obedece a las normas vigentes que la obstaculizan. Posición esgrimida por su antecesor y que hoy, el mismo Luis Téllez, sigue repitiendo como lorito: “mejorar el sistema jurídico, pide Téllez (El Financiero) Si ese es el problema de inversión en infraestructura, cómo se explica entonces la obra de Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard. Ellos no han pretextado el sistema jurídico y siguen haciendo obra. Haber ¿Cómo le hacen? Incurren en ilegalidades, son magos o sí saben hacer las cosas.

Dentro de los obstáculos para atraer inversión a México está la desconfianza que genera el propio gobierno. La sucesión de actos fallidos no es para entusiasmar. En caridad sea de Dios, qué no se dan cuenta que uno de los efectos de una mayor apertura democrática está en el hecho de que no se le puede engañar a la gente tan fácilmente. No estamos en tiempo de López Portillo, que con lujo de fuerza hizo uso del Ejército para someter a la Tendencia Democrática del SUTERM.

Mientras tanto, se está en espera de un acercamiento sincero entre las partes para el cual no está preparado Javier Lozano, pues como árbitro ha sido un burdo golpeador.