La represión toca la puerta

Felipe Calderón ha decidido llevar al límite el conflicto con una porción de sus empleados, los trabajadores sindicalizados del SME. El 10 de octubre el titular del Ejecutivo federal decretó la extinción de la paraestatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Dentro de su argumentación descalificatoria de la empresa arguyó la corrupción. Así, en abstracto y sin describir hechos, ni dar nombres. Vale cuestionarse: ¿Es Calderón la persona mejor calificada para acusar de corrupción? Qué hizo para erradicar la corrupción en la empresa, qué hicieron los directivos que el nombró para combatirla. Después de tres años, por omisión o incapacidad, la actual administración federal es parte del problema pues sí conocía la situación de la empresa. Acaso no se dio cuenta que al firmarse el contrato colectivo, como cada dos años, se establecía como legalidad lo que hoy se condena como abuso. Claro, no es lo mismo hablar en red nacional y otra, muy distinta, fincar responsabilidades bajo procedimiento.

Como en los viejos tiempos, los miembros del partido en el poder se lanzan a defender los exabruptos presidenciales. La diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la fracción blanquiazul en San Lázaro, afirma que el país no se puede dar el lujo de mantener prebendas y privilegios. De veras no más prebendas y privilegios. Si es así, que renuncie a sus dietas y a su fuero. Otra vez se declara con sesgo insidioso. Alguien le va a creer a la diputada que los trabajadores de LyFC son los únicos recipiendarios de prebendas y privilegios en un país con grandes desigualdades.

La claridad es lo de menos, primero se consuma el golpe policíaco, después se responde como puede y mal las preguntas que surgen. Le preguntan a Agustín Carstens si se va acabar con el régimen de subsidios con la liquidación decretada y se hace bolas. Siendo tan sencillo, que si eso ocurre, los usuarios de esta compañía se darán cuenta en el recibo de cobro y ya veríamos que inconformidad se levantaría con la consecuente elevación del cobro. Eso sí, ya anda afirmando el secretario de hacienda que con la solución decretada se abre espacio para modificar el paquete económico ¡Ya apareció el negado Plan B!

Este episodio, sumado a los nueve años de la derecha en poder, han agotado lo que consideraban su capital: una supuesta superioridad moral y de cultura democrática. Con actos autoritarios y enfangados en la corrupción, el PAN ha labrado su autoderrota moral. Las leyes e instituciones que promovieron para hacer la diferencia respecto al pasado dejan resultados deficitarios. La Secretaría de la Función Pública, enredada en el papeleo no da con los míticos peces gordos. Como si le fuera muy difícil vigilar donde están los grandes presupuestos, los grandes contratos, las concesiones, las licitaciones y los subsidios, cuales son las unidades responsables y quiénes están al frente de ellas y como están sus cuentas bancarias personales. La transparencia e información pública gubernamental, por su parte, se reduce básicamente a un procedimiento de solicitud de información, su atención o negación, adheridos a un elefante blanco que consta de un edificio en Coyoacán y la correspondiente burocracia que lo habita.

Así como la autoderrota del PRI se cifró en claudicar en la lucha por la justicia social, hoy la autoderrota del PAN se consuma al negarse al imperativo de la rendición de cuentas. Y todavía peor, sin alcanzar legitimidad electoral plena, la actual administración le resulta inalcanzable la legitimidad en el ejercicio de gobierno pues el deterioro del país se ha acentuado. Ante esta situación, el conflicto del gobierno con el SME, su escalamiento por parte de la autoridad, no le deja otro camino que la represión a un gobierno que se ha conducido hacia un callejón sin salida. La represión, como último recurso de un gobierno desgastado, a la que se acerca Felipe Calderón para sostenerse en el poder.