Informe invisible

Extraño que esté por terminar el mes de septiembre y el informe presidencial haya pasado desapercibido, a no ser por la “spotiza” (neologismo de la picaresca política mexicana) que nos pincela el gobierno en la prensa, radio, la televisión, teléfono e Internet para referir acciones, datos, cifras de lo realizado por la administración de Felipe Calderón. En alguna medida, esta percepción está determinada porque el nuevo formato para informar al Congreso, del estado que guarda la administración pública federal, constitucionalmente no exige ni la presencia, ni el discurso presidencial ante senadores y diputados. Basta con que algún representante del Ejecutivo presente puntualmente el primero de septiembre el documento del informe.

La invisibilidad del informe también fue provocada por la apuración del presidente Calderón por relanzar las reformas estructurales tantas veces propuestas por la tecnocracia. El famoso decálogo ofrecido el 2 de septiembre, envuelto con la prioridad del combate a la pobreza, opacó el informe. Acto seguido, la glosa del informe por parte de los secretarios de Hacienda, Gobernación y Desarrollo no ha sido tal, pues se ha privilegiado debatir con el Congreso el paquete económico destinado a tapar el boquete de las finanzas públicas proponiendo recortes, impuestos, alzas a los energéticos, entre otras medidas. Hemos visto a los secretarios defender el nuevo impuesto del 2% al consumo, aunque poco o nada abundara sobre el tercer informe presidencial.

Y no es que el informe se encuentre desconectado del paquete económico, por el contrario, es el soporte documentado que justifica la propuesta. Por tal razón, mucho es lo que valdría saber del informe, no tanto como publicidad o autoelogio de una administración, sino datos con fuerte dosis de realidad como para fundamentar con solidez cualquier propuesta.

Como la mayoría de los ciudadanos, que no estamos familiarizados con el lenguaje de las finanzas públicas, ni con la confección de presupuestos y misceláneas fiscales y, si acaso, algunos nos enteramos por la prensa de los asegunes financieros. Los ciudadanos sí requerimos una explicación clara y contundente de cómo se formó el mentado boquete. Necesitamos saber qué se ha hecho de los recursos públicos, ser informados sobre el uso de los excedentes petroleros, enterados sobre el no ejercicio de gasto presupuestado (le llaman subejercicio) y, un capítulo especial, qué tanto de los recursos públicos se fueron por la cañería de la corrupción (rendición de cuentas) o en proyectos mal planteados. Además, saber no sólo del costo presupuestal de la declarada guerra al crimen organizado, también de su efecto en la economía.

Pero parece que el gobierno quiere dejar la impresión de que sustancialmente la crisis vino de fuera, con la crisis de las hipotecas que afectó al sistema financiero mundial. Lo cual en parte es verdad, al tiempo que un desmentido del supuesto blindaje que amurallaba a la economía nacional. Todo un contrasentido creer en la apertura de la economía y pretender construir “blindajes” económicos.

Ante un informe presidencial invisible, cabe la inferencia de que Felipe Calderón no sabe administrar o, peor aún, se maneja con la clave del viejo presidencialismo que en varios aspectos ha sido desmantelado. Guiado el Ejecutivo por la estrechez de una ideología económica empeñada en disminuir al Estado, que es presentada como la única política de Estado, evita informar su fracaso.

Tiempo de psicópatas

Desde que en México ocurre el gobierno dividido (La conjugación del verbo ocurrir es correcta pues no hay deliberación, plan o diseño explicito por construir un gobierno dividido por parte de las fuerzas políticas, éste se impone por el veredicto de las urnas) no se han establecido instituciones para que la actividad gubernamental se acerque a la gente y responda de manera efectiva a las obligaciones de un Estado respecto a su población. Desde entonces, año de 1997, se da el regateo entre Poderes y se encuentran las salidas que no llevan a otra parte que no sea el deterioro del país. Un tema que ejemplifica esta realidad desgraciada es la votación en el Palacio de San Lázaro del presupuesto, la ley de ingresos y los criterios de política económica a seguir cada año fiscal. Se creía que con la promulgación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, promulgada el sexenio pasado, el jaloneo entre fracciones parlamentarias se reduciría. Ya vemos que no.

Hoy, la propuesta del gobierno federal ha sido rechazada por incluir un menú de nuevos impuestos orientados a sanear las finanzas públicas que en años recientes se presumían de sanas. Una propuesta que desde el mundo empresarial y la academia se considera altamente recesiva, contraria al estímulo del crecimiento económico. El gobierno justifica su propuesta argumentando que es tiempo de aportar a favor de los pobres y ese es el propósito que lo anima. Cambios de Felipe Calderón que como candidato se postuló como el presidente del empleo, cuando asumió la Presidencia cambio de prioridad por la declaración de guerra al narcotráfico, llegada la mitad de su sexenio cambio la prioridad sin considerar que el incremento de la pobreza está directamente relacionado con el dogma económico que él profesa. Lo único seguro de este debate es que el resultado de la deliberación en el Congreso tiene la forma de acuerdo entre los funcionarios de Hacienda y los legisladores del PRI. Estamos en sus manos y más les vale que tomen las decisiones más acertadas por el bien del país, alternativas hay, es cuestión de que las consideren y las incorporen. Que no nos engañen, el 2% de impuesto al consumo no es una solución mágica. Antes el gobierno tiene que hacer un esfuerzo creíble y efectivo de rendición de cuentas.

Junto con la discusión del paquete económico corre paralelo el tema de la reforma del Estado, que recobra el aliento y lo peor que puede sucederle es estigmatizarla como la propuesta Beltrones, en gracia a que el senador Manlio Fabio ha venido pateando esa lata desde que inició la gestión de Felipe Calderón. La verdad es que mucho se ha manoseado la reforma del Estado y la lista de los que la han cachondeado es voluminosa. Por no dejar, se puede mencionar a Cuahtémoc Cárdenas, Santiago Creel, Porfirio Muñoz Ledo. Sin duda, política económica y reforma del Estado son definiciones cruciales para encarar el combate a la pobreza y al crimen organizado. Son asuntos ineludibles de la agenda pública que no se deja ver con claridad en tiempo de psicópatas, marcado por sucesos que provocan escalofríos en el cuerpo social.

El viernes 19 de septiembre pasado, la capital de la república y el país entero se estremecieron con las imágenes captadas por el circuito interno de televisión del trasporte colectivo Metro. En una de sus estaciones, Balderas, en pleno andén la seguridad no sometió a tiempo a un grafitero espontáneo venido de Jalisco. El sujeto fuera de control mató a un policía, a un usuario e hirió a cinco personas más. Todavía estaba fresco el recuerdo del secuestro de la aeronave de AeroMéxico en su vuelo de Cancún a la ciudad de México del 9 de septiembre. En ambos casos, los sujetos infractores se dijeron portadores de un mensaje divino para el presidente Calderón, advirtiéndole que las cosas se pondrán mal para el país. Se podrá decir que se trata de psicópatas, adultos trastornados mentalmente, incapaces de desarrollar empatía por el otro, sujetos a los que las normas no les dicen nada y su proceder no alberga sentimiento de culpa, cuya intempestiva irrupción en los medios de comunicación, vibra en sincronía con la crisis económica y el descontento social, lo que ha contribuido a proyectar una imagen de inestabilidad y desorden que no se corresponde con la realidad total del país ¿O sí?

Estos actos se dan aquí y otras latitudes, el contexto termina por amplificarlos. Si algún evento inaugural de este tiempo de psicópatas ha ocurrido en México, ése ha sido el del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, cuyo dueños encuadran bajo ese perfil que no tiene empatía por el otro, no desarrolla culpa y no se siente sujeto a cumplir las normas.

Así está el asunto, a la espera de que las resoluciones legislativas por venir representen el consenso de la sociedad, no sólo de los políticos, para entonces comenzar a disipar este tiempo de psicópatas.

Plan B

El Universal lo consignó así: “Gobierno y PAN: no hay ‘Plan B’ fiscal”, con ello refería a las declaraciones de Ernesto Cordero (Sedesol) y Josefina Vázquez Mota –coordinadora de la fracción de diputados del PAN en San Lázaro. Declaraciones que hablan de mantener la propuesta de impuesto del 2% al consumo, alimentos y medicinas incluidos. Un IVA con disfraz ha reprochado la oposición. Llama la atención que iniciado formalmente el debate el pasado 15 de septiembre con la comparencia del secretario Agustín Carstens, un día anterior se adelante que no hay disposición a cambiar la propuesta, como si el autoritarismo campeara a plenitud, como si no tuviera sentido la discusión entre legisladores.

Viéndolo bien, se trata de un regateo y al final de cuentas se llegará a un acuerdo, sea este bueno, malo o pésimo. Tanto Cordero como Vázquez Mota, participan de una mentalidad estratégica que les conduce a tener abiertas vías alternas para alcanzar los propósitos del gobierno federal, que no las hagan públicas es otra cosa. El adoptar una posición que denota intransigencia es lo desagradable y los servidores mencionados bien podrían evitar esta actuación arrogante en el contexto de adversidades que vive el país.

Ahora bien, de ser cierto lo que afirman, que el gobierno no dispone de un plan alternativo al paquete económico que ya propusieron, entonces si que están mal las cosas. Una autoridad o representante popular que no tiene una pequeña lista de posibilidades que ofrecer como variante de su propuesta central hace una apuesta elevada y corre el riesgo de quedarse aislado. Bien le valdría al juvenil equipo de Felipe Calderón verse en el espejo de Gustavo Díaz Ordaz, él sí que nunca tuvo un Plan B para atender la demanda democratizadora del movimiento universitario de 1968. No la comprendió y a los más que llegó fue a formar una comisión que no tenía el mandato de negociar, pues Díaz Ordaz no se iba a dejar intimidar por los muchachitos alborotadores. El entonces presidente tenía claro que sólo la represión era la salida para detener al movimiento.

Claro que hay Plan B y será resultado del trabajo legislativo de estas semanas por venir. Un anticipo de ese Plan B es reconocido por el secretario de Hacienda ante los diputados el día de su comparecencia y que lapidariamente recogió La Jornada el día de hoy: “Consorcios no cubrirán al fisco $465 mil millones” Ahí está el recurso para tapar el boquete de las finanzas públicas, acabar con los regímenes especiales. Falta que quiera Calderón y lo quieran los diputados. Es la oportunidad para superar la contradicción de un gobierno que no sabe recaudar y cuando recauda devuelve los impuestos a los que lo solicitaron.