Confianza

Confianza es el valor y el criterio con el cual el presidente Calderón designa y destituye a los miembros de su gabinete. Esa es la medida superior a todo procedimiento y evaluación. El contacto con la gente y las realidades de los resultados se subestiman. Le tiene confianza a su equipo, confianza no compartida por la ciudadanía y un sector de la clase política. En voz de Alejandro Martí se ha popularizado la frase “si no pueden, renuncien”. Por su parte, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones ha insistido en la propuesta de que el gabinete tenga el aval del Congreso. Y qué decir de inscribir en la Constitución la revocación del mandato impulsada por el fapista Porfirio Muñoz Ledo. Por diversos frentes se da una opinión reprobatoria respecto al rendimiento del equipo presidencial

Más allá de la confianza consentida a sus colaboradores, Felipe Calderón es el responsable y actúa en consecuencia a su sentir y a su visión de la cosa pública, pero no puede cerrarse desde el argumento de su propia confianza desde el cual se infiere la desconfianza a los otros, a los que no son parte de sus íntimos. Si no hay reciprocidad de confianza para atender los asuntos públicos el Presidente terminará aislándose hasta llegar a la inutilidad de sus funciones, convirtiéndose él mismo en el promotor de la extinción de sus funciones.

El manejo del combate a la inseguridad que se asumió como la prioridad gubernamental está fracasando, un signo de esta afirmación – el más aterrador - es el incremento de las cifras de decesos violentos por parte del crimen organizado, que de seguro están por arriba de las que se han hecho oficiales. No es el único signo, pero lo dice todo.

Las cosas no están para buscarle tres pies al gato y si en la residencia de Los Pinos no reconocen que parte del equipo ya dio de sí el consenso adverso será incontenible. En los últimos días, ante la ausencia del mensaje presidencial que naturalmente debía generar el Informe de Gobierno, el espacio mediático lo ha ocupado el encargado federal de la seguridad pública.

A lo que se comentó en la anterior entrega sobre las desatinadas declaraciones del secretario Genaro García Luna, se agrega el descubrimiento de que una persona ligada a sus cuadros operativos, Lorena González Hernández servidora pública de la SSP, ha sido vinculada en el secuestro fatal de Fernando Martí. Frente al indicio, la desarticulada respuesta de parte de los responsables de la SSP contradice la estimada confianza que les brinda el Presidente.

Algo no está bien, la capacidad de la información de inteligencia del gobierno queda mal parado ante los acontecimientos. Ante la prensa ya no aparecen voceros de las dependencias, tienen que salir directamente altos funcionarios, que en su mirada son el reflejo fiel del desconcierto. Se ha publicitado que al crimen organizado se le combatiría con inteligencia policial y es precisamente lo que ha faltado. Se actúa con lentitud, a la defensiva, fundada la defensa de los colaboradores en un confianza que resulta suicida.

No basta la confianza ciega, hacen falta las capacidades probadas y confianza pública que se gana con resultados. Cambiar el gabinete no es ya un problema de debilidad sino de sensatez. Es lo que se pide.

Base social

Ante los diputados en San Lázaro y ante los periodistas en Acapulco, Guerrero, el secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, afirmó la semana pasada que el crimen organizado cuenta con base social. Dicho esto desde el análisis de un reportero o de un académico no pasaría de ser una afirmación que no tiene reconocimiento de la autoridad y por consiguiente no desarrolla sus consecuencias o implicaciones. Pero cuando la autoridad afirma que el crimen organizado tiene una base social, ésta está obligada a hacer una serie de demostraciones ineludibles.

Primero informar quiénes forman esa base social: agricultores, ganaderos, comerciantes, campesinos, curas, servidores públicos de los tres niveles de gobierno, legisladores, familias y poblados enteros. Segundo, reconocer que si conforma una base social la delincuencia organizada es algo más que un ente criminal y evoluciona subterráneamente como fuerza política que le disputa al Estado el monopolio legítimo de la fuerza y el control sobre el territorio y la población. Si eso es cierto estamos en un escenario de la lucha anticrimen que rebasa el simple esquema de policías contra delincuentes.

Es decir, la lucha contra la delincuencia organizada es una lucha contra la sociedad, contra porciones de ella, así sean minoritarias que prefieren vivir sustraídas de la acción del Estado. Un fenómeno que no se entiende ni como guerra revolucionaria, ni civil, pero que el gobierno tiene que nombrar con la mayor precisión conceptual para poder atacarlo y no dar palos de ciego.

La lucha también requiere de una coordinación. Por lo que se ha vertido en la prensa escrita, esa coordinación tiene diferencias. Diferencias que han expresado mandos militares a través de filtraciones. Hasta ahora esas diferencias debilitan al gobierno en su combate al narcotráfico, diferencias que el gobierno debería superar a la brevedad. Existe un grupo compacto del gobierno que actúa como su tuviera un mandato contundente y no es así. Un grupo compacto que parece actuar por compromisos no expresados en las urnas.

Otra variable a considerar para entender la estrategia fallida del gobierno en contra del crimen organizado en este desproporcionado baño de sangre en el que se ha caído es la descomposición social. ¿Por qué México? Es una pregunta que ya se ha hecho aquí. Acaso Estados Unidos o España no tiene crimen organizado y legiones de consumidores. Qué los hace diferentes. ¿Una mayor vigencia del Estado de derecho? ¿Será que son países que se han beneficiado del nuevo reparto de la globalización extrayendo recursos de naciones como México?

Tomadas estas consideraciones, las declaraciones de García Luna requieren de mayor abundamiento de su parte, pues el combate al crimen organizado puede conducir a fortalecer el proceso de balcanización en ciernes. Si no entiende lo que implica hablar de base social y declaró según el tarjeteo que le hicieron para correr una cortina de humo frente a las acusaciones que en los medios lo pintan como un servidor público caprichoso, proclive a trabajar con amigos sin importar capacidades profesionales, entonces el secretario estará conspirando en contra de su credibilidad cualquiera que esta sea.

¿Y el mensaje?

Lo verdaderamente extraordinario del primero de septiembre no fue la modificación del formato del Informe presidencial, lo que coloquialmente se dio en llamar el día del presidente. No, lo que es de llamar la atención es que el presidente Calderón y su equipo no hayan elaborado un mensaje. La modificación del formato no incluyó la prohibición de mandar un mensaje a la población, una idea u orientación del curso de la nación. A fin de cuentas, el mensaje siempre ha sido más relevante que el Informe mismo. Ni la publicidad, ni las entrevistas que ha prodigado Felipe Calderón han dejado claro un mensaje sobre el cual las élites encuentren materia de opinión. En este momento nadie comenta lo que dijo el Presidente porque no dijo nada.

El mensaje o los mensajes fueron encargados a sus colaboradores. En particular, los secretario en Gobernación y Seguridad Pública se han enganchado con el tema las diferencias dentro del Gabinete y la eventual renuncia de sus miembros. Cada uno por su lado, JC Mouriño y Genaro García Luna, han afirmado que no hay división en el equipo presidencial, que se trata de diferencias normales dice uno, que se trata de una idea creada a nivel mediático, dice el otro. Pero tratándose de la seguridad no son admisibles las diferencias, ni atribuibles a un simple fenómeno mediático. Y cuando les preguntan a ambos por separado si van a renunciar, los dos dan similar respuesta: a mi me puso el Presidente y él decide si me remueve. Lo mismo que dijo Francisco Ramírez Acuña antes de su renuncia como primer encargado de gobernación en la actual administración.

No se despejan percepciones sobre la descoordinación dentro del Gabinete. Por el contrario, circula información de otra fuente que dice lo contrario. En su columna semanal de Milenio Diario (03-09-08), el especialista en las Fuerzas Armadas Javier Ibarrola tiene otra versión que vale citarla en extenso:

“Por más que el propio presidente Felipe Calderón tome tan a la ligera las voces de quienes llaman a su derrocamiento y a un rompimiento constitucional, aunadas incluso a las que llaman "atentado" el accidente que tuvo montando en bicicleta, el tema encierra algo más que la calentura de unos pocos.
“Contrario a lo que igualmente ha sucedido en otros gobiernos, el detonante de esta animadversión es sin duda lo que el gobierno hace o no hace en el terreno de la seguridad pública.
“El tema de la seguridad se ha convertido en bandera político-electoral desde hace más de 30 años, y quienes la enarbolan difícilmente han llegado a concretar sus planes de acción, hasta que todos nos volvimos rehenes de una delincuencia que aprovechó muy bien el hecho de que el único aglutinante de la sociedad y su gobierno, es la corrupción.”

Y dice más: “La inseguridad pública difícilmente se va a solucionar con reuniones palaciegas o marchas iluminadoras, porque al final de cuentas hay quien, con sus alianzas, quiere controlar todo el sistema de inteligencia del país, sembrando, además, confusión con mensajes manteleros supuestamente del narcotráfico en contra del Ejército.
“Y si se tratara de un solo hombre no habría mayor problema, pero cuando un solo hombre encabeza a un grupo de grandes alcances, que igual conjugan capacidad y perversidad, el problema se agrava.
“En círculos militares se contempla con desasosiego el hecho de que una sola institución intente cubrir las instalaciones vitales de las secretarías de Estado para controlar la información que emana de ellas.”

La Conclusión es escalofriante: “Apenas en febrero pasado el presidente Calderón llamó a la nación a un gran Plan Nacional por la Legalidad y la Seguridad, y no pasó nada. Hoy, el acuerdo para lo mismo, recién firmado en Palacio Nacional con un articulado de 75 puntos, apunta a tener el mismo fin, con las agravantes expuestas.
“Por eso también el Ejército, aunque en esta ocasión parece haber quedado relegado del acuerdo, refrenda su adhesión a los intentos presidenciales.
“Todo andará, como lo dice también el alto mando militar, siempre y cuando la nación sepa –-y debe saberlo-– “en qué trinchera se encuentra cada quien”.
“Y quien comanda la trinchera es el Presidente. Si el Presidente no sabe en qué trinchera se encuentra cada quien, todo está perdido, incluyéndolo a él.”

Por los trascrito vale preguntar ¿Y el mensaje?