Ante los diputados en San Lázaro y ante los periodistas en Acapulco, Guerrero, el secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, afirmó la semana pasada que el crimen organizado cuenta con base social. Dicho esto desde el análisis de un reportero o de un académico no pasaría de ser una afirmación que no tiene reconocimiento de la autoridad y por consiguiente no desarrolla sus consecuencias o implicaciones. Pero cuando la autoridad afirma que el crimen organizado tiene una base social, ésta está obligada a hacer una serie de demostraciones ineludibles.
Primero informar quiénes forman esa base social: agricultores, ganaderos, comerciantes, campesinos, curas, servidores públicos de los tres niveles de gobierno, legisladores, familias y poblados enteros. Segundo, reconocer que si conforma una base social la delincuencia organizada es algo más que un ente criminal y evoluciona subterráneamente como fuerza política que le disputa al Estado el monopolio legítimo de la fuerza y el control sobre el territorio y la población. Si eso es cierto estamos en un escenario de la lucha anticrimen que rebasa el simple esquema de policías contra delincuentes.
Es decir, la lucha contra la delincuencia organizada es una lucha contra la sociedad, contra porciones de ella, así sean minoritarias que prefieren vivir sustraídas de la acción del Estado. Un fenómeno que no se entiende ni como guerra revolucionaria, ni civil, pero que el gobierno tiene que nombrar con la mayor precisión conceptual para poder atacarlo y no dar palos de ciego.
La lucha también requiere de una coordinación. Por lo que se ha vertido en la prensa escrita, esa coordinación tiene diferencias. Diferencias que han expresado mandos militares a través de filtraciones. Hasta ahora esas diferencias debilitan al gobierno en su combate al narcotráfico, diferencias que el gobierno debería superar a la brevedad. Existe un grupo compacto del gobierno que actúa como su tuviera un mandato contundente y no es así. Un grupo compacto que parece actuar por compromisos no expresados en las urnas.
Otra variable a considerar para entender la estrategia fallida del gobierno en contra del crimen organizado en este desproporcionado baño de sangre en el que se ha caído es la descomposición social. ¿Por qué México? Es una pregunta que ya se ha hecho aquí. Acaso Estados Unidos o España no tiene crimen organizado y legiones de consumidores. Qué los hace diferentes. ¿Una mayor vigencia del Estado de derecho? ¿Será que son países que se han beneficiado del nuevo reparto de la globalización extrayendo recursos de naciones como México?
Tomadas estas consideraciones, las declaraciones de García Luna requieren de mayor abundamiento de su parte, pues el combate al crimen organizado puede conducir a fortalecer el proceso de balcanización en ciernes. Si no entiende lo que implica hablar de base social y declaró según el tarjeteo que le hicieron para correr una cortina de humo frente a las acusaciones que en los medios lo pintan como un servidor público caprichoso, proclive a trabajar con amigos sin importar capacidades profesionales, entonces el secretario estará conspirando en contra de su credibilidad cualquiera que esta sea.
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