Lo que sigue

La negociación de agosto, que deja ver sus primeros resultados legislativos en septiembre y que muy seguramente consumirá el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso para, que optimistamente, diciembre cierre el ciclo de las reformas posibles: fiscal, electoral, régimen de gobierno y de seguridad y justicia. Lo básico de trascendental operación es el acuerdo entre el Titular del Ejecutivo y el Congreso, entre el mandatario y los representantes populares. La sequía de acuerdos que impuso la novedad del gobierno dividido llega a su fin. Diez años pasaron para echar andar una nueva etapa reformadora. Mucho encono se ha vivido en el país y no se disipará de manera inmediata el mal ambiente que se creó.

Las condiciones en las que se dio la contienda electoral del 2006 dio por resultado una Presidencia de la República con voz disminuida, no tanto por la legítima oposición del “Legítimo” y sus seguidores, sino por los cobradores de cuentas que han producido la afonía presidencial. Afonía que se superó apenas el viernes pasado, hace ocho días. Los cobradores de cuentas son identificables: Vicente Fox y sus seguidores, Elba Esther y su sindicato y el combo de empresarios que aprovecharon el desgobierno foxista. Así está la cosa, para respirar hondo y no echar las campanas a vuelo.

Después de ocho meses el Ejecutivo y los legisladores llegaron a una misma conclusión: hacer los acuerdos a los que están obligados, asumir los riesgos, abandonar la senda de la confrontación que tuvo su último episodio peligroso el cinco de agosto pasado con las elecciones locales de Baja California. En ese estado de la república quedó demostrado que el modelo de competencia electoral caducó, puesto que es incapaz de producir lo que es esperado de un proceso comicial: consensos.

La institución de los poderes formales ha tomado las decisiones que le corresponden y quienes las detentan o representan tienen que honrarlas. Primero cerrando filas, como es evidente en el curso aprobatorio que ha tomado la reforma constitucional en materia electoral por parte de las legislaturas locales (dieciséis ya dieron el sí) Al unísono, la institución de los poderes formales tendrá que resistir la embestida de los poderes fácticos y ganarles en el terreno que les gusta jugar: el mediático y el palaciego (este último en la actualidad se localiza en los comederos elitistas de Polanco).

El segundo paso, y no menos importante, que el aparato público federal sea visible y eficaz, que no dependa del accionar de dos o tres dependencias. Ya lo ha dicho el mismo Felipe Calderón en una gira por el estado de Chiapas de semanas atrás, hay colaboradores que se hacen guajes. Ya sea por ineptitud personal o por lealtad con el antecesor, el equipo presidencial no jala parejo. También está, en la serie de obstáculos que tiene el Ejecutivo, la perversidad con la que se aplica la Ley del Servicio Civil de Carrera en beneficio de la militancia panista.

Así están las cosas y se da la primera renuncia en el gabinete. Germán Martínez Cázares se va a la contienda para ganar la presidencia del PAN, deja la Secretaría Función Pública como la encontró, en calidad de elefante blanco. Ni un balance crítico, pues el quehacer del funcionario dimitente quedó atrapado en el laberinto del legalismo.

¡Ya basta!

Por primera vez, en diez meses de gobierno, Felipe Calderón logra captar el comentario de los líderes de opinión después de presidir un evento en el que le toca hacer un discurso o presentación. El viernes 21, en la ciudad de Monterrey, N. L. alcanzó su discurso más atendido en el análisis. Ni la presentación del operativo de seguridad en Michoacán iniciado en diciembre pasado. Ni el anuncio del fantasioso proyecto 20 – 30. Tampoco la presentación del Plan Nacional de Desarrollo el 31 de mayo. El primero de septiembre pasó prácticamente sin voz y al día siguiente fue insuficiente en el teatro del Palacio Nacional para destacar la voz presidencial.

Ha sido en la reunión con los “trescientos líderes” convocados por una revista que el presidente Calderón ha proporcionado el material de trabajo a los editorialistas. No fue un discurso geométrico, tampoco una proyección de las instituciones por construir. Una alocución envuelta en una filosofía de la historia, la de Ortega y Gasset, y la fe católica, en la que confrontó a la llamada minoría selecta con el México quebrado por el dolor y la injusticia. Una homilía que, como las de la misa, no son obligadamente atendidas por los creyentes.

A cuántos de los reunidos conmovió el discurso del Presidente y cuántos atenderán su llamado. Una convocatoria de un gobernante en el límite de la paciencia, que a su modo, lanza un ¡Ya basta! Quien desde un aparato crítico ecléctico se desgarra las vestiduras por formar parte de una élite que se ha elevado sobre la sangre y dolor de muchos mexicanos. Sensiblero y punto. Dejando la expectativa sobre decisiones por tomar. En días extraños en los que su antecesor ha captado de manera desmedida la atención mediática desde su torre de marfil del rancho de San Cristóbal. Cuando el crimen organizado sigue ensangrentando la vida nacional. En los momentos en el que el Congreso, con una saludable fiebre reformadora, sigue afinando un nuevo entramado para la convivencia.

La minoría selecta puede o no hacerle caso a Felipe Calderón, ahí se consumen las posibilidades de la convocatoria. Pero no están ahí los recursos del gobernante, que son los de la política, con los que puede transformar al país. Uno lo constituyen el gabinete en su conjunto, el aparato público y el presupuesto. Recurso sobre el que no se han dado los mejores rendimientos. El otro lo conforman los acuerdos con el Poder Legislativo, el Judicial, los gobiernos estatales y municipales.

Abierto a todas las interpretaciones, el mensaje presidencial no cuestiona en qué momento el país dio pie a la cobardía ante el que tiene una AK-47. Qué sucedió para que otra minoría se convenciera en hacer de la delincuencia organizada su modo de vida, muy a pesar del cristiano amor al prójimo y sin tomar en cuenta el amor al saber. ¿Fue acaso el amor al dinero? Para responder no será suficiente la filosofía de la historia, sino indagar la Historia donde se construyen socialmente los valores que guían a una nación.

Siéntate ahí

Es variado el surtido de los desafíos que enfrentan a las élites mexicanas. Es uno el eje de rotación: el poder.

Uno de los retos, el de la reforma electoral, sigue su paso obligado por los congresos locales para hacer efectivos los cambios a la Constitución. Dieciséis es la cifra mágica para que se alcance o desechen los cambios propuestos. En estos días se ha confirmado el poder de dos grandes cadenas nacionales de la televisión, su capacidad para desprestigiar a la política. Ese es el recurso del que echan mano para hacer prevalecer sus intereses particulares.

Otro desafío es el de la impunidad de Vicente Fox y Martha Sahagún. Ellos han logrado la unanimidad de poner a todos en su contra, al exhibir con el desparpajo que les caracteriza una parte de su propiedad inmobiliaria. Falta por averiguar qué hay detrás, porque la verdad sobre el enriquecimiento de “la pareja presidencial” era conocida. Pero no nos confundamos, el problema en sí no es que se enriquezcan o tengan propiedades los Fox. La cuestión de fondo es cómo un personaje de esta calaña, de baja calidad moral e intelectual, logró alcanzar la Presidencia de la República. Hay problemas de diseño en nuestras instituciones democráticas que han desnaturalizado la competencia de los partidos por el poder. Hay que decirlo claro, por su propia estructura y convocatoria el PAN nunca hubiera alcanzado la Presidencia.

Un tercer desafío que no ha ganado mayor audiencia es la reedición de los desencuentros entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de México. No es un desafío menor porque se pone en riesgo a la mayor concentración poblacional del país. Un proyecto de seguro al desempleo, todavía en ciernes, propuesto por el gobernante de la ciudad es descalificado por la autoridad laboral federal ¿De qué se trata? Parece que Javier Lozano Alarcón tiene la encomienda de estorbar a Marcelo Ebrard, ignora que para eso está, y de manera legítima, Mariana Gómez del Campo, dirigente de Acción Nacional en el Distrito Federal.

Hay otros desafíos en la arena política, pero uno de manera directa y sin mayores intermediaciones, es el establecido entre el Ejército Popular Revolucionario y el presidente Calderón en torno a la convivencia pacífica. Cada quien defiende la paz a su manera, cada quien se arroga el uso de la fuerza. Más allá de la legalidad y la legitimidad, se enfrentan como dos gladiadores en el límite de lo abisal.

Desde la aparición pública del EPR en 1996, en ese entonces tipificado como pantomima por Emilio Chuayffet, a la sazón secretario de gobernación, esta organización armada se destacó por dar golpes que afectaban a las fachadas de algunos edificios (de bancos o públicos) sin estremecer la tranquilidad del país. Pero ha sido la desaparición de dos de sus miembros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, lo que ha desatado una serie de atentados explosivos contra instalaciones de Petróleos Mexicanos. El 25 de mayo de este año desaparecieron en la capital de Oaxaca. En Junio fueron reclamados. El 10 de Julio fueron las primeras explosiones de Guanajuato y Querétaro. El 10 de septiembre vino la segunda carga en Veracruz y Tlaxcala. La respuesta oficial a la demanda específica es que no tiene idea de dónde están los desaparecido. Esta respuesta revela que la inteligencia en seguridad del Estado ha quedado rebasada.

Felipe Calderón ha convocado a condenar los atentados. El EPR ha respondido el día martes 18 con un comunicado que tiene como principal demanda la presentación con vida de los desaparecidos, al tiempo que enarbola la bandera de los derechos humanos. No se sabe quien tiene los hilos del caso dentro del gobierno federal para que, de manera pública y precisa, informe de lo que ha venido haciendo la autoridad para localizar a los desaparecidos. En nada le conviene al país y al Presidente iniciar una nueva etapa de la guerra sucia.

No dar pie a dudas sobre la vigencia del respeto a los derechos humanos. Evitar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una nueva guerra sucia. Esa es la obligación del Presidente. Las sombras informativas crecen cuando se enlazan otras informaciones, como la del especialista en temas militares, Javier Ibarrola, quien en su columna semanal de Milenio Diario afirma, sin abundar más, que “hace unos días el Ejército llevó a cabo un fuerte operativo en Oaxaca en el que se detuvo por lo menos a diez individuos.” Como si se tratara de bultos. El gobierno no puede generar la apariencia de que está desinformado, ni dar palos de ciego.