Es variado el surtido de los desafíos que enfrentan a las élites mexicanas. Es uno el eje de rotación: el poder.
Uno de los retos, el de la reforma electoral, sigue su paso obligado por los congresos locales para hacer efectivos los cambios a la Constitución. Dieciséis es la cifra mágica para que se alcance o desechen los cambios propuestos. En estos días se ha confirmado el poder de dos grandes cadenas nacionales de la televisión, su capacidad para desprestigiar a la política. Ese es el recurso del que echan mano para hacer prevalecer sus intereses particulares.
Otro desafío es el de la impunidad de Vicente Fox y Martha Sahagún. Ellos han logrado la unanimidad de poner a todos en su contra, al exhibir con el desparpajo que les caracteriza una parte de su propiedad inmobiliaria. Falta por averiguar qué hay detrás, porque la verdad sobre el enriquecimiento de “la pareja presidencial” era conocida. Pero no nos confundamos, el problema en sí no es que se enriquezcan o tengan propiedades los Fox. La cuestión de fondo es cómo un personaje de esta calaña, de baja calidad moral e intelectual, logró alcanzar la Presidencia de la República. Hay problemas de diseño en nuestras instituciones democráticas que han desnaturalizado la competencia de los partidos por el poder. Hay que decirlo claro, por su propia estructura y convocatoria el PAN nunca hubiera alcanzado la Presidencia.
Un tercer desafío que no ha ganado mayor audiencia es la reedición de los desencuentros entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de México. No es un desafío menor porque se pone en riesgo a la mayor concentración poblacional del país. Un proyecto de seguro al desempleo, todavía en ciernes, propuesto por el gobernante de la ciudad es descalificado por la autoridad laboral federal ¿De qué se trata? Parece que Javier Lozano Alarcón tiene la encomienda de estorbar a Marcelo Ebrard, ignora que para eso está, y de manera legítima, Mariana Gómez del Campo, dirigente de Acción Nacional en el Distrito Federal.
Hay otros desafíos en la arena política, pero uno de manera directa y sin mayores intermediaciones, es el establecido entre el Ejército Popular Revolucionario y el presidente Calderón en torno a la convivencia pacífica. Cada quien defiende la paz a su manera, cada quien se arroga el uso de la fuerza. Más allá de la legalidad y la legitimidad, se enfrentan como dos gladiadores en el límite de lo abisal.
Desde la aparición pública del EPR en 1996, en ese entonces tipificado como pantomima por Emilio Chuayffet, a la sazón secretario de gobernación, esta organización armada se destacó por dar golpes que afectaban a las fachadas de algunos edificios (de bancos o públicos) sin estremecer la tranquilidad del país. Pero ha sido la desaparición de dos de sus miembros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, lo que ha desatado una serie de atentados explosivos contra instalaciones de Petróleos Mexicanos. El 25 de mayo de este año desaparecieron en la capital de Oaxaca. En Junio fueron reclamados. El 10 de Julio fueron las primeras explosiones de Guanajuato y Querétaro. El 10 de septiembre vino la segunda carga en Veracruz y Tlaxcala. La respuesta oficial a la demanda específica es que no tiene idea de dónde están los desaparecido. Esta respuesta revela que la inteligencia en seguridad del Estado ha quedado rebasada.
Felipe Calderón ha convocado a condenar los atentados. El EPR ha respondido el día martes 18 con un comunicado que tiene como principal demanda la presentación con vida de los desaparecidos, al tiempo que enarbola la bandera de los derechos humanos. No se sabe quien tiene los hilos del caso dentro del gobierno federal para que, de manera pública y precisa, informe de lo que ha venido haciendo la autoridad para localizar a los desaparecidos. En nada le conviene al país y al Presidente iniciar una nueva etapa de la guerra sucia.
No dar pie a dudas sobre la vigencia del respeto a los derechos humanos. Evitar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una nueva guerra sucia. Esa es la obligación del Presidente. Las sombras informativas crecen cuando se enlazan otras informaciones, como la del especialista en temas militares, Javier Ibarrola, quien en su columna semanal de Milenio Diario afirma, sin abundar más, que “hace unos días el Ejército llevó a cabo un fuerte operativo en Oaxaca en el que se detuvo por lo menos a diez individuos.” Como si se tratara de bultos. El gobierno no puede generar la apariencia de que está desinformado, ni dar palos de ciego.
Uno de los retos, el de la reforma electoral, sigue su paso obligado por los congresos locales para hacer efectivos los cambios a la Constitución. Dieciséis es la cifra mágica para que se alcance o desechen los cambios propuestos. En estos días se ha confirmado el poder de dos grandes cadenas nacionales de la televisión, su capacidad para desprestigiar a la política. Ese es el recurso del que echan mano para hacer prevalecer sus intereses particulares.
Otro desafío es el de la impunidad de Vicente Fox y Martha Sahagún. Ellos han logrado la unanimidad de poner a todos en su contra, al exhibir con el desparpajo que les caracteriza una parte de su propiedad inmobiliaria. Falta por averiguar qué hay detrás, porque la verdad sobre el enriquecimiento de “la pareja presidencial” era conocida. Pero no nos confundamos, el problema en sí no es que se enriquezcan o tengan propiedades los Fox. La cuestión de fondo es cómo un personaje de esta calaña, de baja calidad moral e intelectual, logró alcanzar la Presidencia de la República. Hay problemas de diseño en nuestras instituciones democráticas que han desnaturalizado la competencia de los partidos por el poder. Hay que decirlo claro, por su propia estructura y convocatoria el PAN nunca hubiera alcanzado la Presidencia.
Un tercer desafío que no ha ganado mayor audiencia es la reedición de los desencuentros entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de México. No es un desafío menor porque se pone en riesgo a la mayor concentración poblacional del país. Un proyecto de seguro al desempleo, todavía en ciernes, propuesto por el gobernante de la ciudad es descalificado por la autoridad laboral federal ¿De qué se trata? Parece que Javier Lozano Alarcón tiene la encomienda de estorbar a Marcelo Ebrard, ignora que para eso está, y de manera legítima, Mariana Gómez del Campo, dirigente de Acción Nacional en el Distrito Federal.
Hay otros desafíos en la arena política, pero uno de manera directa y sin mayores intermediaciones, es el establecido entre el Ejército Popular Revolucionario y el presidente Calderón en torno a la convivencia pacífica. Cada quien defiende la paz a su manera, cada quien se arroga el uso de la fuerza. Más allá de la legalidad y la legitimidad, se enfrentan como dos gladiadores en el límite de lo abisal.
Desde la aparición pública del EPR en 1996, en ese entonces tipificado como pantomima por Emilio Chuayffet, a la sazón secretario de gobernación, esta organización armada se destacó por dar golpes que afectaban a las fachadas de algunos edificios (de bancos o públicos) sin estremecer la tranquilidad del país. Pero ha sido la desaparición de dos de sus miembros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, lo que ha desatado una serie de atentados explosivos contra instalaciones de Petróleos Mexicanos. El 25 de mayo de este año desaparecieron en la capital de Oaxaca. En Junio fueron reclamados. El 10 de Julio fueron las primeras explosiones de Guanajuato y Querétaro. El 10 de septiembre vino la segunda carga en Veracruz y Tlaxcala. La respuesta oficial a la demanda específica es que no tiene idea de dónde están los desaparecido. Esta respuesta revela que la inteligencia en seguridad del Estado ha quedado rebasada.
Felipe Calderón ha convocado a condenar los atentados. El EPR ha respondido el día martes 18 con un comunicado que tiene como principal demanda la presentación con vida de los desaparecidos, al tiempo que enarbola la bandera de los derechos humanos. No se sabe quien tiene los hilos del caso dentro del gobierno federal para que, de manera pública y precisa, informe de lo que ha venido haciendo la autoridad para localizar a los desaparecidos. En nada le conviene al país y al Presidente iniciar una nueva etapa de la guerra sucia.
No dar pie a dudas sobre la vigencia del respeto a los derechos humanos. Evitar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una nueva guerra sucia. Esa es la obligación del Presidente. Las sombras informativas crecen cuando se enlazan otras informaciones, como la del especialista en temas militares, Javier Ibarrola, quien en su columna semanal de Milenio Diario afirma, sin abundar más, que “hace unos días el Ejército llevó a cabo un fuerte operativo en Oaxaca en el que se detuvo por lo menos a diez individuos.” Como si se tratara de bultos. El gobierno no puede generar la apariencia de que está desinformado, ni dar palos de ciego.
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