La negociación de agosto, que deja ver sus primeros resultados legislativos en septiembre y que muy seguramente consumirá el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso para, que optimistamente, diciembre cierre el ciclo de las reformas posibles: fiscal, electoral, régimen de gobierno y de seguridad y justicia. Lo básico de trascendental operación es el acuerdo entre el Titular del Ejecutivo y el Congreso, entre el mandatario y los representantes populares. La sequía de acuerdos que impuso la novedad del gobierno dividido llega a su fin. Diez años pasaron para echar andar una nueva etapa reformadora. Mucho encono se ha vivido en el país y no se disipará de manera inmediata el mal ambiente que se creó.
Las condiciones en las que se dio la contienda electoral del 2006 dio por resultado una Presidencia de la República con voz disminuida, no tanto por la legítima oposición del “Legítimo” y sus seguidores, sino por los cobradores de cuentas que han producido la afonía presidencial. Afonía que se superó apenas el viernes pasado, hace ocho días. Los cobradores de cuentas son identificables: Vicente Fox y sus seguidores, Elba Esther y su sindicato y el combo de empresarios que aprovecharon el desgobierno foxista. Así está la cosa, para respirar hondo y no echar las campanas a vuelo.
Después de ocho meses el Ejecutivo y los legisladores llegaron a una misma conclusión: hacer los acuerdos a los que están obligados, asumir los riesgos, abandonar la senda de la confrontación que tuvo su último episodio peligroso el cinco de agosto pasado con las elecciones locales de Baja California. En ese estado de la república quedó demostrado que el modelo de competencia electoral caducó, puesto que es incapaz de producir lo que es esperado de un proceso comicial: consensos.
La institución de los poderes formales ha tomado las decisiones que le corresponden y quienes las detentan o representan tienen que honrarlas. Primero cerrando filas, como es evidente en el curso aprobatorio que ha tomado la reforma constitucional en materia electoral por parte de las legislaturas locales (dieciséis ya dieron el sí) Al unísono, la institución de los poderes formales tendrá que resistir la embestida de los poderes fácticos y ganarles en el terreno que les gusta jugar: el mediático y el palaciego (este último en la actualidad se localiza en los comederos elitistas de Polanco).
El segundo paso, y no menos importante, que el aparato público federal sea visible y eficaz, que no dependa del accionar de dos o tres dependencias. Ya lo ha dicho el mismo Felipe Calderón en una gira por el estado de Chiapas de semanas atrás, hay colaboradores que se hacen guajes. Ya sea por ineptitud personal o por lealtad con el antecesor, el equipo presidencial no jala parejo. También está, en la serie de obstáculos que tiene el Ejecutivo, la perversidad con la que se aplica la Ley del Servicio Civil de Carrera en beneficio de la militancia panista.
Así están las cosas y se da la primera renuncia en el gabinete. Germán Martínez Cázares se va a la contienda para ganar la presidencia del PAN, deja la Secretaría Función Pública como la encontró, en calidad de elefante blanco. Ni un balance crítico, pues el quehacer del funcionario dimitente quedó atrapado en el laberinto del legalismo.
Las condiciones en las que se dio la contienda electoral del 2006 dio por resultado una Presidencia de la República con voz disminuida, no tanto por la legítima oposición del “Legítimo” y sus seguidores, sino por los cobradores de cuentas que han producido la afonía presidencial. Afonía que se superó apenas el viernes pasado, hace ocho días. Los cobradores de cuentas son identificables: Vicente Fox y sus seguidores, Elba Esther y su sindicato y el combo de empresarios que aprovecharon el desgobierno foxista. Así está la cosa, para respirar hondo y no echar las campanas a vuelo.
Después de ocho meses el Ejecutivo y los legisladores llegaron a una misma conclusión: hacer los acuerdos a los que están obligados, asumir los riesgos, abandonar la senda de la confrontación que tuvo su último episodio peligroso el cinco de agosto pasado con las elecciones locales de Baja California. En ese estado de la república quedó demostrado que el modelo de competencia electoral caducó, puesto que es incapaz de producir lo que es esperado de un proceso comicial: consensos.
La institución de los poderes formales ha tomado las decisiones que le corresponden y quienes las detentan o representan tienen que honrarlas. Primero cerrando filas, como es evidente en el curso aprobatorio que ha tomado la reforma constitucional en materia electoral por parte de las legislaturas locales (dieciséis ya dieron el sí) Al unísono, la institución de los poderes formales tendrá que resistir la embestida de los poderes fácticos y ganarles en el terreno que les gusta jugar: el mediático y el palaciego (este último en la actualidad se localiza en los comederos elitistas de Polanco).
El segundo paso, y no menos importante, que el aparato público federal sea visible y eficaz, que no dependa del accionar de dos o tres dependencias. Ya lo ha dicho el mismo Felipe Calderón en una gira por el estado de Chiapas de semanas atrás, hay colaboradores que se hacen guajes. Ya sea por ineptitud personal o por lealtad con el antecesor, el equipo presidencial no jala parejo. También está, en la serie de obstáculos que tiene el Ejecutivo, la perversidad con la que se aplica la Ley del Servicio Civil de Carrera en beneficio de la militancia panista.
Así están las cosas y se da la primera renuncia en el gabinete. Germán Martínez Cázares se va a la contienda para ganar la presidencia del PAN, deja la Secretaría Función Pública como la encontró, en calidad de elefante blanco. Ni un balance crítico, pues el quehacer del funcionario dimitente quedó atrapado en el laberinto del legalismo.
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