“Nunca una época ha estado tan dispuesta a soportarlo todo y a la vez
encontrar todo intolerable”
G. Agamben
Ya en campañas ¿Ahora sí? Cuál es
la diferencia para optar por un voto informado frente a la uniformidad
desinformada de la clase política. Cuál es el efecto del voto nulo o de la
abstención, no es evidente, se trate de un malestar o de indiferencia, contra y
hacia los políticos y los partidos. Qué decir del voto de castigo el cual
resulta en premio mayor para los ineptos.
En la pasada elección federal
(2012) tuvo significación directiva la emisión del voto como una condena a la
guerra de Calderón –no tanto por “combatir” al crimen organizado- sino por las
medidas de excepción que dañaron los derechos humanos: Miles de muertos, de
heridos y desaparecidos. Devastación por goteo.
Las elecciones 2015 enfrentan una
situación similar pese a que no se juega la presidencia de la república.
Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán –sonoridad infausta de la a y la t- son una réplica del estado de excepción instrumentado por Felipe
Calderón. La fuerza pública se lanzó al vacío jurídico. La operación policíaca situada fuera de la norma jurídica. O sea, el estado de excepción significado
por la suspensión temporal del orden jurídico. Es el núcleo por investigar de
los casos de la a y la t.
De Ayotzinapa al menos se tiene
la exposición de la verdad histórica a la que llegó la PGR: el despliegue de la
policía municipal de Iguala pasando por encima de la ley dejó muertos, heridos
y desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa.
De Tlatlaya se tiene una torpe
investigación en curso, encubierta en un principio y hasta la fecha por el
gobierno del estado de México: la acción de un patrullaje militar que concluye
en la privación de la vida de presuntos delincuentes por encima del orden
jurídico.
De Apatzingán, el enredo sin
límites. Paramilitares (autodefensas) que primero fueron reconocidos como fuerza
rural y luego destituidos, quienes iniciaron un plantón en el palacio municipal
para después ser desalojados por la policía federal y horas después se
convirtió en un baño de sangre atribuido a una disputa entre autodefensas. De
nuevo el orden jurídico quedó suspendido.
Tres acontecimientos sangrientos
que, a querer o no, están en la mente de los ciudadanos. Tres acontecimientos
en posibilidad de orientar el voto como repudio al estado de excepción. Votos
que se perfilan en contra de la administración de Peña Nieto. Lo deseable, ver
al gobierno con valor para exponer la verdad. Si en el caso de Iguala la
investigación se ha podido llegar a una verdad histórica, en parte debido a que
se trata de un gobierno municipal en el cual no se encuentra directamente
vinculado el partido en el poder. La investigación ha contado con ese espacio
de maniobra. Pero Tlatlaya involucra directamente al secretario de la defensa,
al gobernador mexiquense y, por extensión, al PRI. En el caso de Apatzingán el
ajusticiamiento le quema las manos al ex comisionado, Alfredo Castillo, a la
policía federal, a la Segob y, por extensión, al PRI. Por eso el Presidente se
encuentra limitado para enfrentar la verdad de éstos dos casos. Quién dentro de
su entorno tiene los arrestos para presentar una información creíble: el
secretario de gobernación, el subsecretario de derechos humanos, la
procuradora, el asesor jurídico de la presidencia.
La magnitud del problema se
encuentra más allá de las versiones periodísticas. Se requiere de la
experiencia, la pericia y la sabiduría de un jurisconsulto probado, en este
caso para salvar a un Estado debilitado. Un Estado cuyos políticos han dejado
de conducirse de acuerdo a las coordenadas de la realidad y el pensamiento,
entregados todos a la virtualidad de la imagen y de las encuestas, así como al
modo de sustituir el pensamiento con cifras.
Y cuando se habla de estado de
excepción se evoca a Auschwitz, al estadio nacional de Santiago de Chile. Digo,
para que nos andemos con cuidado a la hora de votar.
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