Después de la espectacular
irrupción del movimiento estudiantil #YoSoy132 en mayo pasado, el curso de las
campañas ya dio lo que tenía que dar y estamos en la inercia hacia el cierre de
campañas. Las opiniones registradas en las encuestas, a través de los medios y
en las redes sociales no han variado como para dar un vuelco a las tendencias.
La posición de fulano, lo que dice zutano y lo que sostiene perengano no ha
cambiado. No se ve como cambien de parecer, cuántas marchas se requerirían, de
qué nuevos spots se valdrían y cual novedosa acción de la Procuraduría General
de la República se podrían concurrir para inhibir el voto a favor de Enrique
Peña Nieto.
El problema de fondo es el
deterioro de las instituciones con las que se sortearán los primeros cien días
el nuevo gobierno. La condición maltrecha de la mencionada PGR por el enredo de
competencias que se generó alrededor de la lucha en contra del crimen
organizado. En este momento no se tiene certeza de quién conduce tan importante
cometido. ¿La Marina? ¿SEDENA? ¿La Secretaría de Seguridad Pública? O se ha
subrogado la tarea a la agencia antinarcóticos de los Estado Unidos, la famosa
DEA. Después del primero de julio el reparto de culpas será de pronóstico
reservado. Con qué cara rendirán cuentas.
Cómo se le va hacer para reconducir
la relación de las instituciones con los jóvenes. Se tendrá la capacidad para
ampliar la oferta educativa y de trabajo, acaso será la economía informal, la
migración, las actividades delictivas con el crimen organizado por delante los
encargados de allegarles los medios de vida material. Eso por no hablar del
alimento cultural, con su sopa diaria de radio y TV comercial, con las
“estrellas” del espectáculo y de los deportes como ingrediente principal.
Y qué con el conglomerado humano
de la tercera edad, los que tienen pensión y los que carecen de ella, se
cancelarán sus postreros deseos y necesidades. Todo por mantener el subsidio
multimillonario del rescate bancario impuesto desde hace diecisiete años y que,
año con año, no deja de registrarse en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Se requerirá de la consolidación
de los organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
de los institutos Federal Electoral y el de Acceso a la Información, así como
la creación de un ente fiscalizador de los recursos fiscales para garantizar
que efectivamente el servicio público, las funciones del Estado, estén
incontrovertiblemente a favor de la ciudadanía y no de los grupos de interés
(corporaciones empresariales, sindicatos, partidos, iglesias)
Se requerirá de un gobierno
reformador y de grandes alianzas para enfrentar el reto de la reconstrucción de
las instituciones.
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