Con pena y dolor, los mineros vuelven a ser víctimas de la falta de autoridad. La desgracia alcanzó a un puñado de mineros al explotar una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, el martes 3 de mayo por la mañana. Un joven de quince años que sobrevive recibe atención y ya se le amputó un brazo. De los 14 que quedaron atrapados ya se rescataron siete cuerpos sin vida. La constante de estas explosiones es la indolencia y omisión de las autoridades, la rapacidad de los concesionarios de los fundos mineros. Al margen y en contra de la ley. Si se tomaran las medidas de seguridad obligadas se podría hablar de accidente. No es así. Simple y llanamente este caso, como los que le preceden, es resultado del abuso y la negligencia, tipifica un crimen industrial. La autoridad no lo ve así. No se puede escudar en un desastre natural, tampoco remediar elevando oraciones. Se requiere de autoridades responsables y esa cualidad no adorna a Javier Lozano, ni a Bruno Ferrari, secretarios del Trabajo y Economía, respectivamente. Ya en febrero de 2006 ocurrió un accidente de peores dimensiones por el número de víctimas, pero igual de lamentable, el de Pasta de Conchos. Por lo visto, no dejó lección alguna y ni manera de echarle la culpa al pasado.
Atención, no se puede aplazar la modulación del mercado. El mercado sin restricciones puede ser letal, como ha sucedido reiteradamente en la región carbonífera de Coahuila. Ya basta de adorar al becerro de oro de la competitividad. Si el mercado no se compromete con su entorno termina por destruirlo y no es suficiente la demagogia declarativa de las empresas socialmente responsables. Y sí se puede poner límites al mercado, la sentencia de la Suprema Corte que le reconoce autoridad a la Cofetel para imponer tarifas a la intercomunicación entre las empresas de telefonía celular es un ejemplo. Esa sentencia es el santo y seña para poner controles al mercado cuando sus operación atente en contra de la sociedad.
El sacrificio de los mineros es una llamada de atención para los que quieren echar abajo la Ley Federal del Trabajo vigente. Si no se tiene una legislación mejor ni le muevan, pues con la actual propuesta de reforma laboral que está en el Congreso se legalizaría el proceder de empresas como Binsa, victimaria en los decesos de Sabinas.
Cuando se muestra tal nivel de incompetencia se entiende porque el gobierno federal ha fracasado en su guerra en contra del crimen organizado. Pero es el gobierno el que le da la vuelta al reclamo de la sociedad y ahora dice que hay oposición a que se enfrente el crimen organizado. No hay tal supuesta demanda, lo que se le exige al gobierno es que actué dentro de la ley y lo haga con inteligencia. Pero como para el gobierno no hay más que dos leyes, la de Dios y la del mercado, de nada le sirve la Constitución y las leyes que de ella emanan. Felipe Calderón debe dejar de actuar como aquel rey de Bélgica, Leopoldo II, que pinta Mario Vargas Llosa en El sueño del celta. México no es el Congo. Al mercado hay que imponerle límites, al trabajador hay que dignificarle.
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Este domingo 8 de mayo todos a la marcha.
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