En los últimos años se ha venido repitiendo, desde las posiciones de poder formal y fáctico, la consigna que se exclama como imploración: legislar las reformas que México necesita. Se sobrentiende que las cosas no marchan bien porque las leyes vigentes están rebasadas por la realidad, aunque no sin dejo de cinismo se admita que el problema radica en la autoridad responsable de aplicar la ley. Es la demanda elitista de los eclesiásticos, de los empresarios y de los políticos, que en modo alguno no se ha convertido en un debate y un reclamo popular. La gente común que habita el campo y la ciudad tiene imploraciones que no se visten con los ropajes de la trascendencia, su demanda se dirige a lo básico que les debería garantizar un Estado democrático: alimentación nutritiva, educación laica, elecciones libres de vicios, impartición de justicia con justicia, vivienda digna, servicios de salud y seguridad pública.
Eso de las reformas que México necesita tiene un trasfondo político y se llama redistribución de poder. Lo demás es retórica. Quién gana y quién pierde es un detalle insuficientemente esclarecido con maña. La reforma laboral tiene un ganador absoluto, las grandes empresas. La reforma política, cosa rara, es un intento de suma positiva entre los partidos, al menos así parece la deliberación en el Senado. La reforma a la seguridad tiene una clara vocación militarista, es el reconocimiento implícito de que las autoridades civiles, empezando por la federal y sin excluir a las demás, han dejado de cumplir a cabalidad sus obligaciones por atender los caprichos de los barones del dinero, por atender e influir asuntos electorales, por someterse al extranjero. Se ha generado tal desorden que la ocasión ha hecho al ladrón, una forma de expresar que el crimen organizado y del fuero común, las prácticas fraudulentas y la corrupción, han erosionado la convivencia entre los mexicanos. Magistralmente se ha realizado aquello de que el hombre es el lobo del hombre.
Y si las secretas intenciones que habitan el ánimo de las reformas resultan suficientes para columbrar el galimatías legislativo que se ha formado, el proceso de sucesión presidencial adelantado a los tiempos que indica la ley está a disposición para hacer naufragar el último estirón del actual periodo ordinario de sesiones del Congreso. No hay que darle vueltas, el proceso legislativo se envileció porque Felipe Calderón quiere imponer a su sucesor y evitar que el PRI recupere la Presidencia. Y en el PRI parecen dispuestos a hacerle el favor a Calderón, ya lo dijo una de sus eminencias “Pagaremos el costo político de la Ley de Seguridad”. Esto sin dejar de mencionar que el PRI vuelve a tomar la ruta de la división guiado por su inconsciente, In saecula saeculorum. Uno es el PRI del Senado y otro el de la Cámara de Diputados.
El asunto no es cuestión de reformas a la legislación vigente, sino de los abusos que al amparo de la ley cometen las autoridades responsables, que, con las reformas propuestas en materia laboral y de seguridad, se reforzará la comisión de abusos. ¿Cómo humanizar la conducta de los poderosos?
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