Las ocho columnas de la prensa mexicana este día hicieron coro para sobresaltar la captura de un narcomenudista, José Jorge Balderas, cuya relevancia se la debe a ser el presunto gatillero que hirió de un tiro en la cabeza a un reconocido romperredes del balompié mexicano, el paraguayo Salvador Cabañas, en un bar de postín –perdón por la antigualla. Con precisión, el periodista Carlos Urdiales calificó de circo el tratamiento mediático de esta nota roja .
En cambio, La Jornada consideró como información de mayor interés la justificación del Ejecutivo federal, a través del secretario de Marina, para no atender la grave violación de las garantías individuales que cometieron los marinos a su mando durante un operativo en la ciudad de Cuernavaca hace más de un año. Operativo en el que se cazó al capo Arturo Beltrán Leyva y que cegó colateralmente la vida a dos civiles ajenos al procedimiento.
La respuesta presidencial es inquietante pues asume públicamente un desprecio por los derechos humanos. Peor aún, Felipe Calderón muestra emparentarse con los delincuentes que dice combatir, se exhibe proclive a emular la conducta de los criminales. No atender con pulcritud las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evadirse con una solicitud de conciliación como propone su empleado, el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, es aceptar que el estado de derecho está quebrado desde las instituciones que se supone son su garante.
Qué se entiende por conciliar: “Componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí” “Conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias” o “Granjear o ganar los ánimos y la benevolencia, o, alguna vez, el odio y aborrecimiento” ¿Son los derechos humanos negociables, transables? Por decirlo con claridad vernácula.
Es más grande la sombra que proyecta la declaración desde la Secretaría de Marina que las luces que ofrece, como lo sugiere Raymundo Riva Palacio. Por eso el circo distrae para no ver que los límites de la convivencia democrática se están desbordando al darle, desde el gobierno, justificación a la violación de garantías. Acaso no es oportuno ofrecer disposición a acatar la recomendación, resarcir en lo posible y condenar la acción desviada de los subordinados. Qué está esperando el Presidente para asumir su responsabilidad. O se prefiere la descomposición, aceptar incluso la no realización de elecciones federales en el 2012 o intervenir descaradamente en ellas. Si es esto último la llamada transición democrática no habrá sido otra cosa que un camino color de rosa hacia la dictadura.
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