De qué se trata en el fondo el informe presidencial, de un ejercicio de rendición de cuentas por parte de la máxima autoridad del país ante el Congreso y para los gobernados. En los hechos no ha sido tal o no del todo, pues la ocasión se utilizaba para formar expectativas sobre el rumbo del país en el marco del nacionalismo revolucionario. Desde hace más de veinte años el informe comenzó hacer cuestionado severamente por su ceremonial, su ritualización, su besamanos y lo que después se condensó en la condena del día del Presidente.
Desde la sociedad y desde la oposición parlamentaria la descalificación del informe terminó por acorralar a la institución Presidencial, al grado de impedir la exposición del Ejecutivo ante el pleno del Palacio Legislativo, hasta acordar un acto austero de entrega – recepción, cancelando el monólogo y el falso diálogo entre Poderes que más bien degeneró en diatriba. A lo largo de estos años, el debate sigue enganchado al ceremonial, al formato del informe, descuidándose lo fundamental: la rendición de cuentas.
El tema no parece tener la mayor importancia para la clase política, como que no le es inherente, salvo que se utilice para desprestigiar al adversario. Existe un pacto tácito entre los políticos como para no hacer olas. La rendición de cuentas es un tema de salud pública que no es de obvia y urgente resolución, como diría el habla parlamentaria.
Sin embargo, uno de los beneficios inmediatos de la rendición de cuentas redundaría en el aprovechamiento virtuoso de los recursos públicos, nulificando la economía subterránea de la corrupción y hasta serían innecesarias reformas fiscales. Los políticos alcanzarían la autoridad suficiente que les serviría para resistir el chantaje o la intimidación de delincuentes, empresarios y movimientos sociales.
Lo que se ha hecho en los últimos años para institucionalizar la rendición de cuentas, significa tantos esfuerzos como maneras de darle la vuelta para desviarse del propósito. Se ha creado una secretaría que responde al Ejecutivo, existe una Auditoría Superior de la Federación que responde al Congreso, las dependencias tienen órganos internos de control y auditorías externas realizadas por despachos privados. Nada de eso le sirve a la sociedad y, por tanto, no le importa.
Desde la Constitución y en diversas disposiciones legales la rendición de cuentas está enunciada, pero no hay un trabajo consistente, ni voluntad para construir un sistema de rendición de cuentas que articule el arsenal de disposiciones jurídicas. Está la Ley de la Administración Pública Federal, la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la de Procedimientos Administrativos, la del Servicio Público de Carrera, la de Transparencia y Acceso a la Información, la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la que el año que entra tendrá vigor, la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como todas las que en este momento no vienen a la memoria. Además, se instituyen reglamentos que son verdaderas ganzúas para abrir a la manipulación el espíritu de la ley.
En conclusión, no hay un sistema efectivo y confiable de rendición de cuentas, ni se vislumbra acuerdo entre Poderes y niveles de gobierno para el ejercicio de la rendición de cuentas. Esta falta o vacío es por negligencia o desinterés de los partidos, de todos. Esta carencia no es atendible con spots que aludan a la actividad gubernamental o con encuestas de popularidad de los gobernantes, ni con la retórica de Porfirio Muñoz Ledo lanzada desde su biografía política que es un galimatías. Hay que hacer algo y los Poderes tienen la palabra.
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