La guerra contra el crimen organizado ha entrado en una etapa asaz complicada para el gobierno federal desde que se decidió tocar las cuerdas de la infiltración. Esto es, la etapa de los operativos específicos, estado por estado, encontró un rápido agotamiento, ni se sometía al crimen organizado ni, en consecuencia, la violencia de los delincuentes disminuyó. Se abrió la etapa de indagación de las autoridades que colaboran con los cárteles. El resultado previsible, el destape de la cloaca en la PGR y en la SPP. Lo que despliega una situación adversa desde lo interno, la autoridad infiltrada está maniatada de inicio a combatir a las mafias, es parte del problema.
¿Cuál es el siguiente paso? Investigar a los políticos, investigar a los militares. Volver a esquemas subterráneos de control, como en el pasado. Esto es, desjudicializar el combate al narcotráfico. También se puede recurrir a legalizar tramos del ciclo del consumo de estupefacientes a modo de lograr un mejor control y acotarlo dentro de una nueva legalidad que no descanse en aspectos puramente punitivos, los que por cierto, nunca encontrarán suficientes recursos que ayuden a alcanzar los propósitos.
La autoridad se pasma ante una realidad que no es exclusiva del país, mafias existen en otras latitudes, infiltraciones del aparato público también. En lo que nos estamos distinguiendo es en el número de muertes que se producen en el territorio nacional por causa del crimen organizado y ese es un asunto que agravia a la sociedad, máxime cuando la mayoría de reconoce al margen de la actividad delictiva. Lo que tiene que revisarse son las fallas del Estado que han contribuido a la explosión violenta por controlar este mercado que opera en la ilegalidad.
Estudiar bien el proceso que llevó del control militar al traspaso del control a las policías ministeriales, particularmente desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Indagar hasta qué punto la apertura económica bajo esquemas monopólicos o de grandes consorcios de competencia desigual ha inhibido la actividad de micros, pequeños y medianos empresarios, incentivado los giros empresariales ilícitos.
El combate al narcotráfico ha resultado más complejo de lo imaginado a los comienzos de la actual administración federal. Más si se considera que dentro del cálculo gubernamental se estimaba una buena dosis de optimismo respecto a la evolución de la economía. Optimismo prodigado por la especie de que los mercados se autorregulan y no requieren de ningún tipo de control. La realidad de las estimaciones del PIB a la baja, el crecimiento del desempleo y el incremento si bien moderado de la inflación han cancelado, de momento, el optimismo.
Hasta ahora no está demostrado que el funcionamiento libre de los mercados sea inhibitorio de las crisis económicas, por el contrario, mercado y crisis son consustanciales, forman un ciclo.
A todo este cuadro habrá que agregar las complicaciones propias del año electoral que se tiene a la vuelta de la esquina. Y en esa materia no será suficiente regocijarse con el declive coyuntural de la figura de López Obrador. Nada más por señalar el simplismo de quienes encadenan la mejora del país con el desprestigio del lopezobradorismo, tan simple como los que creen que el Tabasqueño tiene la solución a los problemas del país. El asunto de fondo a resolver es un nuevo pacto social que aminore los efectos de la recesión, que oriente la unidad de acción del aparato público en todos los niveles de gobierno, pero de manera destacada, en la administración pública federal.
¿Cuál es el siguiente paso? Investigar a los políticos, investigar a los militares. Volver a esquemas subterráneos de control, como en el pasado. Esto es, desjudicializar el combate al narcotráfico. También se puede recurrir a legalizar tramos del ciclo del consumo de estupefacientes a modo de lograr un mejor control y acotarlo dentro de una nueva legalidad que no descanse en aspectos puramente punitivos, los que por cierto, nunca encontrarán suficientes recursos que ayuden a alcanzar los propósitos.
La autoridad se pasma ante una realidad que no es exclusiva del país, mafias existen en otras latitudes, infiltraciones del aparato público también. En lo que nos estamos distinguiendo es en el número de muertes que se producen en el territorio nacional por causa del crimen organizado y ese es un asunto que agravia a la sociedad, máxime cuando la mayoría de reconoce al margen de la actividad delictiva. Lo que tiene que revisarse son las fallas del Estado que han contribuido a la explosión violenta por controlar este mercado que opera en la ilegalidad.
Estudiar bien el proceso que llevó del control militar al traspaso del control a las policías ministeriales, particularmente desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Indagar hasta qué punto la apertura económica bajo esquemas monopólicos o de grandes consorcios de competencia desigual ha inhibido la actividad de micros, pequeños y medianos empresarios, incentivado los giros empresariales ilícitos.
El combate al narcotráfico ha resultado más complejo de lo imaginado a los comienzos de la actual administración federal. Más si se considera que dentro del cálculo gubernamental se estimaba una buena dosis de optimismo respecto a la evolución de la economía. Optimismo prodigado por la especie de que los mercados se autorregulan y no requieren de ningún tipo de control. La realidad de las estimaciones del PIB a la baja, el crecimiento del desempleo y el incremento si bien moderado de la inflación han cancelado, de momento, el optimismo.
Hasta ahora no está demostrado que el funcionamiento libre de los mercados sea inhibitorio de las crisis económicas, por el contrario, mercado y crisis son consustanciales, forman un ciclo.
A todo este cuadro habrá que agregar las complicaciones propias del año electoral que se tiene a la vuelta de la esquina. Y en esa materia no será suficiente regocijarse con el declive coyuntural de la figura de López Obrador. Nada más por señalar el simplismo de quienes encadenan la mejora del país con el desprestigio del lopezobradorismo, tan simple como los que creen que el Tabasqueño tiene la solución a los problemas del país. El asunto de fondo a resolver es un nuevo pacto social que aminore los efectos de la recesión, que oriente la unidad de acción del aparato público en todos los niveles de gobierno, pero de manera destacada, en la administración pública federal.
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