Estos días en los que la política ha tomado vacaciones, al menos aparentemente, la plaza del debate fue tomada por los intelectuales. El procedimiento judicial iniciado por un núcleo reconocido de intelectuales, en contra de la reforma constitucional en materia electoral, es signo –uno más- del estado de aversión que priva en el país. Nada de amor y paz.
Los intelectuales indispuestos afirman que la reforma daña la libertad de expresión. Es una apreciación, pues la letra de lo reformado se refiere a la prohibición explícita de un acto de compraventa. Los particulares no podrán comprar tiempos de radio y televisión para incidir en las campañas electorales. Eso de particulares, aunque se refiera a todos los mexicanos, en realidad alude a una élite con la capacidad económica de consumar ese acto mercantil. La forma de la discusión es mercantil pero los inconformes le dan un giro hacia la libertad de expresión, en un alineamiento consecuente con las quejas de los empresarios de la radio y la televisión: la reforma ataca la libertad de expresión.
La base de la argumentación se construye sobre una falacia de autoridad, pues si los que interpusieron el amparo tienen ganado prestigio porque han hecho un uso cotidiano de la libertad expresión (artículos, libros, apariciones en medios electrónicos) es de creerles lo que afirman. Pero no se trata de una apreciación lógica, sino de atender a la realidad y demostrar que la reforma afecta la libertad de expresión de los intelectuales amparados. No se ve cómo la ley obligará a estos inconformes a dejar de difundir sus ideas. ¿Dejarán de exponer públicamente lo que escriben y dicen? La reforma cuestionada no se los prohíbe.
Limitándonos a la naturaleza comercial de la prohibición y que sería el debate más adecuado. Tampoco se ve cómo comprar spots electorales pueda afectar a los mercados, pues éstos constituyen una porción marginal del conjunto de las transacciones que se realizan cotidianamente. Lo verdaderamente aberrante es la simulación que puede producir la prohibición en cuestión, una especie de operación en mercado negro o en forma de triangulación. Darle la vuelta y así los ricos podrán influir como lo hicieron en la pasada elección, empañando la imagen de quienes no son de su confianza. Y lo pueden hacer sin el pretexto de las elecciones. Alguien se acuerda de la campaña de desprestigio que le enderezó TV Azteca a Cuauhtémoc Cárdenas a raíz del asesinato de uno de sus empleados. Cómo le ha ido a Santiago Creel con Televisa desde que perdió la elección interna de su partido para postularse como candidato a la Presidencia. Así es que debemos prepararnos todos para soportar los caminos no prohibidos de las campañas negras.
Otro aspecto a considerar son los resultados concretos de las reformas a la hora de su aplicación. Del lado oficial no se previó la migración y consecuente despoblamiento del campo que estímuló la reforma al Artículo 27 Constitucional, se argumentó la posibilidad de mayor prosperidad para los habitantes del campo gracias a la operación feliz de los mercados. Qué decir de la reforma zedillista al Poder Judicial, la justicia se vino para abajo. Tanto que está por consumarse una nueva reforma a la justicia y no se sabe si los mismos intelectuales que se oponen a la electoral se inconformen con esta nueva reforma. No estaría mal si consideran la afectación a los derechos humanos que trae esa reforma.
Lo terrible está en el fondo de esta discusión, la habituación al odio como práctica de la democracia electoral. Ese sí que es un problema serio porque no se limita a los procesos electorales. El odio se expande hasta constituirse en un mal endémico y mandar al país al averno de las versiones. En atención a esta incomodidad social y como buen deseo para los tiempos por venir, bien harían los intelectuales, los que están amparados y los que no, en no ser parte del empedrado.
Los intelectuales indispuestos afirman que la reforma daña la libertad de expresión. Es una apreciación, pues la letra de lo reformado se refiere a la prohibición explícita de un acto de compraventa. Los particulares no podrán comprar tiempos de radio y televisión para incidir en las campañas electorales. Eso de particulares, aunque se refiera a todos los mexicanos, en realidad alude a una élite con la capacidad económica de consumar ese acto mercantil. La forma de la discusión es mercantil pero los inconformes le dan un giro hacia la libertad de expresión, en un alineamiento consecuente con las quejas de los empresarios de la radio y la televisión: la reforma ataca la libertad de expresión.
La base de la argumentación se construye sobre una falacia de autoridad, pues si los que interpusieron el amparo tienen ganado prestigio porque han hecho un uso cotidiano de la libertad expresión (artículos, libros, apariciones en medios electrónicos) es de creerles lo que afirman. Pero no se trata de una apreciación lógica, sino de atender a la realidad y demostrar que la reforma afecta la libertad de expresión de los intelectuales amparados. No se ve cómo la ley obligará a estos inconformes a dejar de difundir sus ideas. ¿Dejarán de exponer públicamente lo que escriben y dicen? La reforma cuestionada no se los prohíbe.
Limitándonos a la naturaleza comercial de la prohibición y que sería el debate más adecuado. Tampoco se ve cómo comprar spots electorales pueda afectar a los mercados, pues éstos constituyen una porción marginal del conjunto de las transacciones que se realizan cotidianamente. Lo verdaderamente aberrante es la simulación que puede producir la prohibición en cuestión, una especie de operación en mercado negro o en forma de triangulación. Darle la vuelta y así los ricos podrán influir como lo hicieron en la pasada elección, empañando la imagen de quienes no son de su confianza. Y lo pueden hacer sin el pretexto de las elecciones. Alguien se acuerda de la campaña de desprestigio que le enderezó TV Azteca a Cuauhtémoc Cárdenas a raíz del asesinato de uno de sus empleados. Cómo le ha ido a Santiago Creel con Televisa desde que perdió la elección interna de su partido para postularse como candidato a la Presidencia. Así es que debemos prepararnos todos para soportar los caminos no prohibidos de las campañas negras.
Otro aspecto a considerar son los resultados concretos de las reformas a la hora de su aplicación. Del lado oficial no se previó la migración y consecuente despoblamiento del campo que estímuló la reforma al Artículo 27 Constitucional, se argumentó la posibilidad de mayor prosperidad para los habitantes del campo gracias a la operación feliz de los mercados. Qué decir de la reforma zedillista al Poder Judicial, la justicia se vino para abajo. Tanto que está por consumarse una nueva reforma a la justicia y no se sabe si los mismos intelectuales que se oponen a la electoral se inconformen con esta nueva reforma. No estaría mal si consideran la afectación a los derechos humanos que trae esa reforma.
Lo terrible está en el fondo de esta discusión, la habituación al odio como práctica de la democracia electoral. Ese sí que es un problema serio porque no se limita a los procesos electorales. El odio se expande hasta constituirse en un mal endémico y mandar al país al averno de las versiones. En atención a esta incomodidad social y como buen deseo para los tiempos por venir, bien harían los intelectuales, los que están amparados y los que no, en no ser parte del empedrado.
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