En filia o en fobia, este ha sido el año del Congreso Mexicano. Estar o no de acuerdo con las decisiones que ha tomado es otra cosa. Desde la Nueva Ley del ISSSTE, la Reforma Fiscal, la Reforma del Estado y todo lo que ha pasado por las manos de los legisladores, le han venido a dar al Poder Legislativo una atención mediática constante y en primer plano. Incluso las últimas decisiones al cierre de periodo ordinario de sesiones, con todo y lo polémicas que han sido, como diferir el nombramiento de tres nuevos Consejeros del IFE, se puede afirmar: tenemos Poder Legislativo independiente. ¿Y para qué? Prestigio no le ha valido, al contrario: todos contra el Congreso.
Cómo se ha llegado a esta situación es resultado de una combinación de ingredientes que están desde el inicio del presente sexenio. Una Presidencia urgida de legitimidad. Un conjunto de intereses con disposición a cobrar de inmediato los apoyos a la campaña del ganador. Una resistencia cívico política al reconocimiento del actual Titular del Ejecutivo. Son elementos que han incidido en el protagonismo de los Legisladores. Pactos puntuales, aunque escasos de reflectores, han permitido a Felipe Calderón negociar paso a paso los temas de la agenda legislativa, como el de la relativa a los ingresos fiscales y el presupuesto de egresos de la federación, que ya no han tenido contratiempos mayores en su definición.
Legislativo y Ejecutivo se han entendido, habituados talvez al mandato ciudadano por establecer un gobierno dividido desde hace diez años y que no le concede al Presidente en turno el control sobre la Legislatura que lo acompaña. Se dice fácil pero es una realidad que muchos políticos de oposición, empresarios e intelectuales anhelaron en el siglo pasado como signo de la democracia de verdad, que ambos poderes no correspondieran a una sola voz partidaria. Pero vemos que eso no es suficiente. Incluso se le llega a considerar el peor de los mundos posibles.
La democracia no genera conformidades de concreto armado y sí una mayor disposición ciudadana a expresar inconformidad, más si esta se da organizadamente en respaldo de un interés específico. No es que se estuviera mejor cuando estábamos peor, sucede nada más que la democracia se fractura cuando el modelo de acumulación incita a la guerra de todos contra todos, a sacar ventajas del apoyo gubernamental o de la ilegalidad, a reproducir la desigualdad extrema. (Por ejemplo, no es aceptable que en el mejor ánimo democrático se impulsen proyectos de ley en contra del medio ambiente nada más para atraer el capital de inversionistas españoles. Proyecto de reforma a la Ley de Vida Silvestre que, hasta donde se sabe, fue parado en el Senado lo que los Diputados dejaron pasar)
Se quería un Congreso independiente y hoy, con razón o sin ella, en la opinión publicada el malestar en su contra es unánime. Y este que ha sido el año del Congreso, ha sido también el de su mayor vulnerabilidad, un manotazo al tablero dado por Andrés Manuel López Obrador interrumpe la partida, pone en duda la continuidad de los acuerdos entre el Legislativo y el Ejecutivo. El llamado “Presidente legítimo” demostró fuerza, el Presidente Constitucional exhibió debilidad. Momentáneamente El Peje y el Consejo Coordinador Empresarial han resultado compañeros de viaje en su oposición a la reforma electoral. El asombro por los acuerdos parlamentarios está en trance de convertirse en decepción. La respuesta creíble y contundente tiene que ser ofrecida por el Congreso.
Cómo se ha llegado a esta situación es resultado de una combinación de ingredientes que están desde el inicio del presente sexenio. Una Presidencia urgida de legitimidad. Un conjunto de intereses con disposición a cobrar de inmediato los apoyos a la campaña del ganador. Una resistencia cívico política al reconocimiento del actual Titular del Ejecutivo. Son elementos que han incidido en el protagonismo de los Legisladores. Pactos puntuales, aunque escasos de reflectores, han permitido a Felipe Calderón negociar paso a paso los temas de la agenda legislativa, como el de la relativa a los ingresos fiscales y el presupuesto de egresos de la federación, que ya no han tenido contratiempos mayores en su definición.
Legislativo y Ejecutivo se han entendido, habituados talvez al mandato ciudadano por establecer un gobierno dividido desde hace diez años y que no le concede al Presidente en turno el control sobre la Legislatura que lo acompaña. Se dice fácil pero es una realidad que muchos políticos de oposición, empresarios e intelectuales anhelaron en el siglo pasado como signo de la democracia de verdad, que ambos poderes no correspondieran a una sola voz partidaria. Pero vemos que eso no es suficiente. Incluso se le llega a considerar el peor de los mundos posibles.
La democracia no genera conformidades de concreto armado y sí una mayor disposición ciudadana a expresar inconformidad, más si esta se da organizadamente en respaldo de un interés específico. No es que se estuviera mejor cuando estábamos peor, sucede nada más que la democracia se fractura cuando el modelo de acumulación incita a la guerra de todos contra todos, a sacar ventajas del apoyo gubernamental o de la ilegalidad, a reproducir la desigualdad extrema. (Por ejemplo, no es aceptable que en el mejor ánimo democrático se impulsen proyectos de ley en contra del medio ambiente nada más para atraer el capital de inversionistas españoles. Proyecto de reforma a la Ley de Vida Silvestre que, hasta donde se sabe, fue parado en el Senado lo que los Diputados dejaron pasar)
Se quería un Congreso independiente y hoy, con razón o sin ella, en la opinión publicada el malestar en su contra es unánime. Y este que ha sido el año del Congreso, ha sido también el de su mayor vulnerabilidad, un manotazo al tablero dado por Andrés Manuel López Obrador interrumpe la partida, pone en duda la continuidad de los acuerdos entre el Legislativo y el Ejecutivo. El llamado “Presidente legítimo” demostró fuerza, el Presidente Constitucional exhibió debilidad. Momentáneamente El Peje y el Consejo Coordinador Empresarial han resultado compañeros de viaje en su oposición a la reforma electoral. El asombro por los acuerdos parlamentarios está en trance de convertirse en decepción. La respuesta creíble y contundente tiene que ser ofrecida por el Congreso.
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