La conclusión del debate en torno a la ley de medios (radio, televisión, telecomunicaciones) deja todo un expediente abierto sobre el tema de los factores reales de poder (clero, empresarios, ejército, sindicatos) que se ha replanteado a lo largo de las últimas dos décadas y que incluye también, desgraciadamente, al crimen organizado como poder fáctico.
El replanteamiento, la modificación de la relación del régimen respecto al poder de las corporaciones no significa del todo el fortalecimiento de la ciudadanía y sí ha resultado una disminución de las capacidades del Estado Un ejemplo demostrativo es precisamente el proceso legislativo de la llamada ley televisa ocurrido en el 2006, en pleno año electoral. Sabiendo de la sensibilidad de partidos y candidatos frente a la influencia de la radio y televisión, pero argumentando en términos de los posibles beneficios en términos de inversión de capitales y de adquisición de nuevas tecnologías, expresiones de los poderes fácticos terminaron imponiéndose al poder formal.
El debate abierto, gracias a la demanda de inconstitucionalidad que le tocó conducir a la Corte, reveló como el duopolio de la televisión, la Cámara de Radio y Televisión, empresas como Telmex pudieron incidir en la legislación, aun a sabiendas de la inconstitucionalidad, sometiendo al Poder Ejecutivo y al Legislativo a su antojo.
La revelación de fondo es que los procesos necesarios de apertura económica y democratización, trastocaron un orden donde las corporaciones eran controladas por el gobierno a través de un régimen de partido hegemónico. Ahora resulta que, llegado el pluripartidismo como expresión del poder ciudadano, la relación por momentos se invierte, los poderes fácticos, sin controles, pueden subordinar al Estado. Aún más, las corporaciones tuvieron un reajuste en su influencia pero no la perdieron.
Disminuyó el poder de sindicatos (con excepciones) y organizaciones agrarias, prácticamente desplazados por los empresarios y el clero en la toma de decisiones. El corporativismo dejó de ser un atributo del PRI. La Coparmex y la arquidiócesis de Guadalajara son expresiones del corporativismo del Partido Acción Nacional, que se realiza de manera más bien velada que abierta, con el cual parcialmente se explica el ascenso del PAN como fuerza política.
No se trata de descalificar a los poderes fácticos, de suponer que en el futuro se pueda prescindir totalmente de las corporaciones por considerarlos fuerzas malignas, pero sí de establecer jerarquías de manera contundente: que ningún poder fáctico se sitúe por encima de los poderes formales, que ninguna corporación sume más derechos que la suma de derechos de los ciudadanos.
Se está ante un tema del Estado que borda sobre la articulación entre gobierno y sociedad civil, que no se agota en una relación simple entre gobernante y ciudadano, ni en el papel de las instituciones políticas partidarias y normas que le acompañan, sino de la distorsión que imponen las corporaciones disminuyendo la calidad de la democracia que limitan, de facto, la ciudadanía.
El caso de los medios de la radio y la televisión es paradigmático en el tratamiento de la información y requiere una revisión a fondo, sobre todo por los casos de linchamiento mediático que se dan en la total impunidad, por la no diferenciación entre un noticiero y una revista de noticias, por la presentación de información concertada con una autoridad o una empresa que no dice la fuente del arreglo previo, como la simulación de la captura de unos delincuentes. Por la inducción del miedo.
Para no ir más lejos. La masacre de Sinaloa de Leyva comentada en la anterior entrega, informativamente fue suplida al día siguiente por la noticia de las mantas y amenazas de bombas implementados por supuestos narcotraficantes en la ciudad de México. Todavía para el día lunes, la televisión le dio más importancia a un supuesto atentado a la Bandera Nacional que ondea por el rumbo de San Jerónimo. El reportero informaba que los vecinos habían escuchado diez disparos, pero que él sólo había escuchado tres. Lo ocurrido a una familia en Sinaloa era cosa menor. Pero no es casual, hay una intervención o consentimiento de la autoridad federal para que así sea. Como estarán las cosas que hasta el mismo presidente Calderón, el día miércoles, se decía no bien informado de la tragedia. Para no creerse.
Por lo expuesto, el debate que concluyó la Corte esta semana abre los ojos ante la oportunidad de acotar, de poner límites a la intervención de los factores reales de poder.
El replanteamiento, la modificación de la relación del régimen respecto al poder de las corporaciones no significa del todo el fortalecimiento de la ciudadanía y sí ha resultado una disminución de las capacidades del Estado Un ejemplo demostrativo es precisamente el proceso legislativo de la llamada ley televisa ocurrido en el 2006, en pleno año electoral. Sabiendo de la sensibilidad de partidos y candidatos frente a la influencia de la radio y televisión, pero argumentando en términos de los posibles beneficios en términos de inversión de capitales y de adquisición de nuevas tecnologías, expresiones de los poderes fácticos terminaron imponiéndose al poder formal.
El debate abierto, gracias a la demanda de inconstitucionalidad que le tocó conducir a la Corte, reveló como el duopolio de la televisión, la Cámara de Radio y Televisión, empresas como Telmex pudieron incidir en la legislación, aun a sabiendas de la inconstitucionalidad, sometiendo al Poder Ejecutivo y al Legislativo a su antojo.
La revelación de fondo es que los procesos necesarios de apertura económica y democratización, trastocaron un orden donde las corporaciones eran controladas por el gobierno a través de un régimen de partido hegemónico. Ahora resulta que, llegado el pluripartidismo como expresión del poder ciudadano, la relación por momentos se invierte, los poderes fácticos, sin controles, pueden subordinar al Estado. Aún más, las corporaciones tuvieron un reajuste en su influencia pero no la perdieron.
Disminuyó el poder de sindicatos (con excepciones) y organizaciones agrarias, prácticamente desplazados por los empresarios y el clero en la toma de decisiones. El corporativismo dejó de ser un atributo del PRI. La Coparmex y la arquidiócesis de Guadalajara son expresiones del corporativismo del Partido Acción Nacional, que se realiza de manera más bien velada que abierta, con el cual parcialmente se explica el ascenso del PAN como fuerza política.
No se trata de descalificar a los poderes fácticos, de suponer que en el futuro se pueda prescindir totalmente de las corporaciones por considerarlos fuerzas malignas, pero sí de establecer jerarquías de manera contundente: que ningún poder fáctico se sitúe por encima de los poderes formales, que ninguna corporación sume más derechos que la suma de derechos de los ciudadanos.
Se está ante un tema del Estado que borda sobre la articulación entre gobierno y sociedad civil, que no se agota en una relación simple entre gobernante y ciudadano, ni en el papel de las instituciones políticas partidarias y normas que le acompañan, sino de la distorsión que imponen las corporaciones disminuyendo la calidad de la democracia que limitan, de facto, la ciudadanía.
El caso de los medios de la radio y la televisión es paradigmático en el tratamiento de la información y requiere una revisión a fondo, sobre todo por los casos de linchamiento mediático que se dan en la total impunidad, por la no diferenciación entre un noticiero y una revista de noticias, por la presentación de información concertada con una autoridad o una empresa que no dice la fuente del arreglo previo, como la simulación de la captura de unos delincuentes. Por la inducción del miedo.
Para no ir más lejos. La masacre de Sinaloa de Leyva comentada en la anterior entrega, informativamente fue suplida al día siguiente por la noticia de las mantas y amenazas de bombas implementados por supuestos narcotraficantes en la ciudad de México. Todavía para el día lunes, la televisión le dio más importancia a un supuesto atentado a la Bandera Nacional que ondea por el rumbo de San Jerónimo. El reportero informaba que los vecinos habían escuchado diez disparos, pero que él sólo había escuchado tres. Lo ocurrido a una familia en Sinaloa era cosa menor. Pero no es casual, hay una intervención o consentimiento de la autoridad federal para que así sea. Como estarán las cosas que hasta el mismo presidente Calderón, el día miércoles, se decía no bien informado de la tragedia. Para no creerse.
Por lo expuesto, el debate que concluyó la Corte esta semana abre los ojos ante la oportunidad de acotar, de poner límites a la intervención de los factores reales de poder.
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