No se trata de un acabamiento cronológico, sino de la pretensión de las manos limpias. La Real Politik se impone. Una vez concluido plenamente lo concerniente al terreno electoral, con y sin prefijo, los factores reales de poder han decidido cobrar facturas. El mes pasado, Roberto González Barrera y el oligopolio que gira alrededor de la industrialización del maíz, se alzó con una jugosa ganancia al signar con las autoridades el pacto que refrendó el incremento al precio del kilo de tortillas.
En esta semana, la profesora Elba Esther Gordillo ha hecho su regreso triunfal tras imponerse en una escaramuza mediática enderezada principalmente a través del diario Reforma. Se insistió en diciembre pasado que la profesora estaba en la mira de la lente telescópica de la Secretaría de la Función Pública, cuyo responsable es el ideólogo Germán Martínez Cáceres. El problema es que el enfoque desde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue insuficiente frente a las capacidades de ley del contrato colectivo del SNTE y, sobre todo, la operación política de la llamada “Hoffa” Gordillo. Y si algo hay que alegar acerca de incumplimiento de responsabilidades, el tiro saldrá disparado hacia funcionarios de la administración anterior (Hoy se recalienta un tema bajo sospecha de tiempo atrás: Enciclomedia)
Como si fuera mes de mayo, Elba Esther adelantó la agenda de asuntos magisteriales y el presidente Calderón pactó con su gremio. No existe documento publicado con la especificación de los puntos pactados, salvo un boletín de la oficina presidencial dando cuenta escueta de los hechos de la tarde noche del martes 6 de febrero. Un pacto de apoyo mutuo que involucró a una porción considerable del gabinete: Educación, Trabajo, Hacienda y Gobernación. Al SNTE le valió comino el señalamiento del Banco Ineramericano de Desarrollo que lo acusa de ser el principal obstáculo en la mejora de la educación pública.
Mientras no se modifiquen los marcos institucionales de la Presidencia en tiempos del PRI, el pacto corporativo estará en aptitud de reclamar sus fueros, lo malo es que la Presidencia ha perdido márgenes de maniobra al proclamarse de raigambre exclusivamente ciudadana sin reconocer explícitamente que las corporaciones juegan un papel en la consecución de la gobernabilidad. El camino está trazado y por el andarán mañana la Confederación Nacional Campesina para negociar subsidios, el Congreso de Trabajo para defender lo defendible de la Ley Federal de Trabajo, los monopolios de las telecomunicaciones harán lo propio para defender sus beneficios y la iglesia pedirá su cuota con la modificación del artículo 24 Constitucional.
Es de preguntarse por qué la derecha no logra trascender como gobierno diferente y superior. En parte hay que atribuirlo al hecho de que infravaloran las cuestiones del Estado. En su jerarquización del orden institucional lo ponen por debajo de la iglesia y la empresa privada.
Este 9 de febrero, que inicia el mes verde olivo con la Marcha de la Lealtad, los militares quedan como el factor real de poder que declara su lealtad sin condiciones al presidente Calderón. El Ejército que le ha tocado ser la punta de lanza en contra del crimen organizado. Delincuencia que el martes pasado, en Acapulco, demostró que acepta el reto y desafía a las autoridades en una guerra que no depara ganadores absolutos en el corto plazo. Mientras, siguen las ejecuciones por diversos puntos de la república y se cumple la profecía presidencial sobre el costo sangriento de esta lucha.
En esta semana, la profesora Elba Esther Gordillo ha hecho su regreso triunfal tras imponerse en una escaramuza mediática enderezada principalmente a través del diario Reforma. Se insistió en diciembre pasado que la profesora estaba en la mira de la lente telescópica de la Secretaría de la Función Pública, cuyo responsable es el ideólogo Germán Martínez Cáceres. El problema es que el enfoque desde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue insuficiente frente a las capacidades de ley del contrato colectivo del SNTE y, sobre todo, la operación política de la llamada “Hoffa” Gordillo. Y si algo hay que alegar acerca de incumplimiento de responsabilidades, el tiro saldrá disparado hacia funcionarios de la administración anterior (Hoy se recalienta un tema bajo sospecha de tiempo atrás: Enciclomedia)
Como si fuera mes de mayo, Elba Esther adelantó la agenda de asuntos magisteriales y el presidente Calderón pactó con su gremio. No existe documento publicado con la especificación de los puntos pactados, salvo un boletín de la oficina presidencial dando cuenta escueta de los hechos de la tarde noche del martes 6 de febrero. Un pacto de apoyo mutuo que involucró a una porción considerable del gabinete: Educación, Trabajo, Hacienda y Gobernación. Al SNTE le valió comino el señalamiento del Banco Ineramericano de Desarrollo que lo acusa de ser el principal obstáculo en la mejora de la educación pública.
Mientras no se modifiquen los marcos institucionales de la Presidencia en tiempos del PRI, el pacto corporativo estará en aptitud de reclamar sus fueros, lo malo es que la Presidencia ha perdido márgenes de maniobra al proclamarse de raigambre exclusivamente ciudadana sin reconocer explícitamente que las corporaciones juegan un papel en la consecución de la gobernabilidad. El camino está trazado y por el andarán mañana la Confederación Nacional Campesina para negociar subsidios, el Congreso de Trabajo para defender lo defendible de la Ley Federal de Trabajo, los monopolios de las telecomunicaciones harán lo propio para defender sus beneficios y la iglesia pedirá su cuota con la modificación del artículo 24 Constitucional.
Es de preguntarse por qué la derecha no logra trascender como gobierno diferente y superior. En parte hay que atribuirlo al hecho de que infravaloran las cuestiones del Estado. En su jerarquización del orden institucional lo ponen por debajo de la iglesia y la empresa privada.
Este 9 de febrero, que inicia el mes verde olivo con la Marcha de la Lealtad, los militares quedan como el factor real de poder que declara su lealtad sin condiciones al presidente Calderón. El Ejército que le ha tocado ser la punta de lanza en contra del crimen organizado. Delincuencia que el martes pasado, en Acapulco, demostró que acepta el reto y desafía a las autoridades en una guerra que no depara ganadores absolutos en el corto plazo. Mientras, siguen las ejecuciones por diversos puntos de la república y se cumple la profecía presidencial sobre el costo sangriento de esta lucha.
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