El gobierno ha sido claro en la convalidación de ciertas alianzas, apoyos o recursos orientados al apuntalamiento de su gestión. Una de las piezas que articulan la gobernabilidad calderonista es el pacto corporativo establecido con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al cual se le ha delegado, en corresponsabilidad, la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en su apartado vinculado a la educación básica.
La otra pieza de la mayor importancia son las Fuerzas Armadas, que desde el inicio de la actual administración, se han convertido en pilar destacable del gobierno. El nueve de febrero fue la oportunidad del Ejército para entonar su himno a la lealtad y su elogio al presidente de los militares. En correspondencia, el presidente Calderón respondió al otro día con el enaltecimiento de la lealtad en su calidad de presidente militar, en tanto Comandante en Jefe de las FF AA.
Ejército y Magisterio, dos instituciones de operación corporativa de alcance nacional, de interlocución reconocida con los otros niveles de gobierno, de influencia más eficiente que las fuerzas políticas constituidas en partidos y representadas en el Congreso. Es en el ámbito de la relación con las fuerzas políticas que no se han construido acuerdos relevantes, a excepción de la aprobación de los ingresos y egresos del Estado.
Desde su instalación, la LX legislatura en el Senado ha propuesto una ley para le reforma del Estado que se convierta en el muelle de todas las reformas que se planteen. La propuesta ha ido a paso de tortuga para su consenso en el Congreso, pero ahí va. Hasta ahora no hay posicionamiento al respecto de parte del Ejecutivo en tanto parte interesada por desarrollar reformas, esas que denominan como las que México requiere. Ni siquiera se ha planteado un menú jerarquizado de reformas al Congreso.
En enero, el presidente de la mesa directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, reiteró su propuesta haciendo énfasis en la reforma política y la consecuente renovación del Consejo que preside el Instituto Federal Electoral. Esta puesta sobre la mesa, de la renuncia de los consejeros electorales, ha sido vista como un chantaje, percepción que puede jugar en contra de la conclusión de acuerdos.
En el IFE, sus autoridades han expresado su malestar y colgándose de otro tema, el de las asignaciones presupuestales, ha entablado una controversia que deje a salvo la autonomía absoluta del IFE, es decir, dejando la percepción como si se tratara de una entidad no subordinada a los Poderes de la Unión, lo que dejaría como un potencial Cuarto Poder no reconocido en el marco constitucional. Los consejeros se ponen en el terreno judicial frente a un planteamiento político hecho por una fracción del Legislativo. Lo que está en juego es el acuerdo que requiere el Poder Ejecutivo para llevar la fiesta en paz con el Legislativo. No es una cuestión de percepciones, sino de posiciones que requieren contrapropuestas puntuales para que la política funcione en lo que es de su ámbito: el acercamiento de posiciones.
La valoración del presidente Calderón, entre apoyar a los actuales consejeros del IFE o abrir la llave que encaucen las reformas, no es una decisión jurídica, es de naturaleza eminentemente política. No es la primera ocasión que un presidente se ve ante el imperativo de encauzar la propuesta opositora. Así fue con la reforma política de 1996. Se valoró impostergable la reforma para el mejor entendimiento entre dos poderes formales. Los actuales consejeros del IFE son el resultado de una decisión política que, por cierto, fue excluyente.
El asunto está en que partiendo desde una legitimidad mermada y en vías de reconstrucción, la Presidencia de la República tiene de frente un juego político complicado entre el apoyo de los factores reales de poder y el acuerdo con el Legislativo. No es un dilema, no debe verse así, sino una valoración juiciosa que no descomponga la prevalencia jerárquica de los poderes establecidos sobre las entidades autónomas y las fuerzas corporativas, según sea el caso.
La otra pieza de la mayor importancia son las Fuerzas Armadas, que desde el inicio de la actual administración, se han convertido en pilar destacable del gobierno. El nueve de febrero fue la oportunidad del Ejército para entonar su himno a la lealtad y su elogio al presidente de los militares. En correspondencia, el presidente Calderón respondió al otro día con el enaltecimiento de la lealtad en su calidad de presidente militar, en tanto Comandante en Jefe de las FF AA.
Ejército y Magisterio, dos instituciones de operación corporativa de alcance nacional, de interlocución reconocida con los otros niveles de gobierno, de influencia más eficiente que las fuerzas políticas constituidas en partidos y representadas en el Congreso. Es en el ámbito de la relación con las fuerzas políticas que no se han construido acuerdos relevantes, a excepción de la aprobación de los ingresos y egresos del Estado.
Desde su instalación, la LX legislatura en el Senado ha propuesto una ley para le reforma del Estado que se convierta en el muelle de todas las reformas que se planteen. La propuesta ha ido a paso de tortuga para su consenso en el Congreso, pero ahí va. Hasta ahora no hay posicionamiento al respecto de parte del Ejecutivo en tanto parte interesada por desarrollar reformas, esas que denominan como las que México requiere. Ni siquiera se ha planteado un menú jerarquizado de reformas al Congreso.
En enero, el presidente de la mesa directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, reiteró su propuesta haciendo énfasis en la reforma política y la consecuente renovación del Consejo que preside el Instituto Federal Electoral. Esta puesta sobre la mesa, de la renuncia de los consejeros electorales, ha sido vista como un chantaje, percepción que puede jugar en contra de la conclusión de acuerdos.
En el IFE, sus autoridades han expresado su malestar y colgándose de otro tema, el de las asignaciones presupuestales, ha entablado una controversia que deje a salvo la autonomía absoluta del IFE, es decir, dejando la percepción como si se tratara de una entidad no subordinada a los Poderes de la Unión, lo que dejaría como un potencial Cuarto Poder no reconocido en el marco constitucional. Los consejeros se ponen en el terreno judicial frente a un planteamiento político hecho por una fracción del Legislativo. Lo que está en juego es el acuerdo que requiere el Poder Ejecutivo para llevar la fiesta en paz con el Legislativo. No es una cuestión de percepciones, sino de posiciones que requieren contrapropuestas puntuales para que la política funcione en lo que es de su ámbito: el acercamiento de posiciones.
La valoración del presidente Calderón, entre apoyar a los actuales consejeros del IFE o abrir la llave que encaucen las reformas, no es una decisión jurídica, es de naturaleza eminentemente política. No es la primera ocasión que un presidente se ve ante el imperativo de encauzar la propuesta opositora. Así fue con la reforma política de 1996. Se valoró impostergable la reforma para el mejor entendimiento entre dos poderes formales. Los actuales consejeros del IFE son el resultado de una decisión política que, por cierto, fue excluyente.
El asunto está en que partiendo desde una legitimidad mermada y en vías de reconstrucción, la Presidencia de la República tiene de frente un juego político complicado entre el apoyo de los factores reales de poder y el acuerdo con el Legislativo. No es un dilema, no debe verse así, sino una valoración juiciosa que no descomponga la prevalencia jerárquica de los poderes establecidos sobre las entidades autónomas y las fuerzas corporativas, según sea el caso.
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