martes, 8 de marzo de 2016

Y cuando responde

El informe sobre la situación de derechos humanos en México, elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, divulgado recién en este mes de marzo, hizo que de inmediato el gobierno mexicano respondiera descalificando el informe en dos niveles: la CIDH no reiteró –repitió-  la información proporcionada por el gobierno; al tiempo, el mismo gobierno se molestó, académico que es, por la metodología utilizada para el informe.

En verdad ¿Qué esperaba el gobierno de México? Acaso que la Comisión cuestionada repitiera a pie juntillas la información que le proporcionaron. Pues serían muy estúpidos. A ellos se les encargó un informe que mirara con otros ojos la situación de los derechos humanos. Recibieron la información, la seleccionaron, la correlacionaron hasta en sus omisiones, hicieron trabajo de campo (por definición focalizado) para concluir la crisis de derechos humanos que se vive en México debido a la impunidad imperante. La verdad, no era necesario recurrir a la CIDH para llegar a esa conclusión.

Pero el gobierno esperaba un informe como trasliteración de los informes proporcionados. Acaso una encuesta que desenfocara la desgracia que viven cientos de familias por sus hijos muertos o desaparecidos, los cuales al día de hoy muchos se encuentran desamparados por la acción ineficaz del Estado.

Lo que no quiere ver el gobierno es que el tema de los derechos humanos no se supera haciendo cuentas y cuentos. Es aberrante anualizar el tema como cifra macroeconómica. Las violaciones a los derechos humanos tienen que valorarse a la luz de su correlato: la impunidad. El efecto es acumulativo mientras no se sancione a los impunes. Pero así no lo entiende la PGR, la Segob y la SRE. Las instituciones piden aplausos porque han hecho cambios legales, elaborado protocolos, en fin, las reformas estructurales redimen la impunidad.

Ante el informe de la CIDH hay una línea gubernamental firme en lo defensivo. Se confirma con la entrevista realizada por El Universal al mismo presidente Peña Nieto: “México no ha dejado de reconocer que hay retos en esta materia. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que el gobierno ha tomado acciones y decisiones para sumir un compromiso serio en este tema.

“De eso no hemos escuchado mucho. A veces recogemos más señalamientos y poco reconocimiento a lo avanzado.” Faltó agregar, ya sé que no aplauden.

Una vez más, el gobierno se asume como incomprendido, incluso se ve culpabilizado por señalamientos respecto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Tan fácil enfrentar y derribar esos señalamientos, si quisiera. Al momento de la serie de sucesos desencadenados en Iguala el 26 de septiembre de 2014: ¿El Presidente dispuso de información en tiempo real?; A los días siguientes, cuando declaró que era un asunto local ¿Tenía la información cierta de que así era?; Lo cierto es que la PGR, en su informe, concluyó que se trataba de crimen organizado, un asunto federal.

Al Presidente lo desinforman o manipula la información. Cualquiera de las hipótesis es un desastre. El Presidente es ya rehén de quien despacha en el Palacio Covián o de quien lo hace desde el Palacio Nacional.


Esa capacidad fatal para negar la realidad.

miércoles, 2 de marzo de 2016

El destinatario no responde

Dos mensajeros, Joe Biden y Ernesto Zedillo, hablan casi de manera simultánea, sin poder asegurar que se hayan coordinado, para deplorar la situación de desastre del Estado de derecho en México; El primero, ostentando el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. El segundo, en su calidad de catedrático de la universidad de Yale y miembro de la comisión global de políticas sobre drogas; uno atendiendo a entrevista solicitada por el diario Reforma de la ciudad de México. El otro, a miles de kilómetros, desde una conferencia dictada en el Graduate Institute de Ginebra.

No me detengo en los mensajeros para ser breve, voy a lo que dijeron.

Biden declaró: “Hemos sido testigos de demasiados ejemplos de tortura y violencia utilizadas para intimidar a periodistas mexicanos y civiles, ejecuciones extrajudiciales, cárteles actuando con impunidad y demasiados padres llorando por la pérdida de sus hijos a manos de la violencia”.
Se reconoce el desastre sin llegar a elaborar un rotundo llamado de atención, pues a continuación se afirma: “Los derechos humanos es una de nuestras prioridades de la relación con México. Ésta es una de las metas claves de la Iniciativa Mérida, y nos encontramos trabajando con el gobierno mexicano y la sociedad civil mexicana para promover el Estado de derecho, la transparencia, la anticorrupción y la rendición de cuentas de la sociedad mexicana”

Zedillo, por su parte, se puso bravo desde su confort: “Tres problemas impiden el desarrollo de México: número uno, el imperio de la ley; número dos, el imperio de la ley y, número tres, el imperio de la ley”

Sobre el frío conteo de las más de 100 mil muertes violentas ocurridas en México, impostó: “(Todos esos seres humanos) murieron porque tenemos una política estúpida de prohibir el consumo de drogas y no regular el suministro”. Ya encarrerado, el globalifíbico se puso nacionalista: “esa política fue impuesta por Estados Unidos y deberíamos decirles: ‘Tenemos que cambiar esto, y ahora quiero tener mi propia política, la que sea dictada por los doctores y los economistas y no la impuesta por ustedes’” (El Norte)

Tomen su respiración.

Ambas declaraciones de los personajes mencionados fueron divulgadas el 25 de febrero de este año. Ambos deploran la condición actual de Estado de derecho en México. En lo que difieren es crucial. Biden afirma la continuidad de la cooperación -por cierto fallida- de parte de los Estados Unidos hacia México. Mientras tanto Zedillo quiere restregarle al vecino una posición soberana de parte de México. Ahí no se pusieron de acuerdo, lo que para uno es benéfico, para el otro es pésimo. La misma voz del Imperio dictando la pedagogía del coscorrón y apapacho.

Y quién es el destinatario privilegiado de los mensajes. Según mi opinión es Enrique Peña Nieto y su gobierno, el cual ha demostrado la insuficiencia de sus acciones para combatir la impunidad, ya provenga del crimen organizado o de la corrupción. Casos semejantes a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los arreglos con la constructora OHL y similares, un increíble secretario de la función pública, una defensa desde la penumbra de Humberto Moreira y, para sellar, el cogobierno con el elenco de gobernadores.


Ya se fue el Papa, los demonios volvieron a sus puestos y el Presidente recibe los galletazos, pero no responde.

viernes, 26 de febrero de 2016

El extraño caso Moreira

Recientemente afirme que el caso Moreira no estaba concluido (Esto no se acaba) El fundamento de la afirmación no lo centré en una espesa disquisición jurídica, simplemente se trata de un caso internacionalizado, fincado en Estados Unidos y España. En México, desde noviembre de 2012, días antes de que asumiera la presidencia de la república Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República había absuelto a Humberto Moreira. Pero eso es aquí, donde el exgobernador de Coahuila está protegido de causa alguna en su contra, pero en el extranjero su expediente respira.

El delito imputable no es el hecho en sí del endeudamiento del gobierno de Coahuila durante su gestión como gobernador, sino si hizo un uso indebido del erario para su enriquecimiento personal (curiosamente es lo mismo que se le achaca al actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte).

Una primera parte de la biografía política de Humberto Moreira está ligada a su membrecía dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La larga historia de contubernio entre el SNTE y los sucesivos gobiernos federales, maridaje que supuestamente ha liquidado la reforma educativa. Pero la figura del coahuilense a destacar desde 1999, cuando fungió como secretario de educación en el gobierno de Enrique Martínez y Martínez. Posteriormente ganó mediante elección la presidencia municipal de Saltillo, capital de Coahuila, en el 2002. Más adelante, ganó las elecciones para gobernador de su estado en 2005. En el 2006, Moreira ya formó parte del selecto grupo de gobernadores priístas que jugaron en contra de su candidato presidencial –Roberto Madrazo- y terminaron por favorecer a Felipe Calderón con la ayuda de Elba Esther Gordillo, hoy caída de la gracia del actual presidente y sujeta a proceso e impedida de su libertad.

Y qué sorpresas da la vida. Precisamente el gobierno de Calderón, a través de Ernesto Cordero, comenzó a investigar el ejercicio de Moreira como gobernador, detectando la falsificación de documentos. La presión obligó a la solicitud de licencia al cargo meses antes de expirar su mandato. La investigación seguía en curso y no fue obstáculo para que Moreira tomara las riendas del PRI nacional el 4 de marzo de 2011, gustó que le duró hasta el 2 de diciembre de ése año. Se reavivaron las presiones en su contra desde el gobierno panista y tuvo que renunciar a la dirigencia del PRI. Moreira ya se había convertido en un lastre para la campaña presidencial antes de que esta iniciara. Entonces Humberto decidió hacer estudios de posgrado en Barcelona, España. Pero la investigación continuaba fuera del país, en Texas fueron aprehendidos por separado dos excolaboradores: Jorge Juan Torres López y Rolando González Treviño

Independientemente del curso de la investigación judicial que se sigue en Estados Unidos y España, el extraño caso Moreira tiene una vertiente política inquietante. Es revelador de una constante en la mayoría de los gobiernos de los estados de la república a lo largo de cuatro lustros, cuyos gobernadores actúan casi sin contrapesos y son factor incisivo en el curso del retroceso democrático que vive el país. La pregunta del momento es ¿Qué hacemos con los gobernadores?


¿Cuáles son las opciones de Moreira desde la presunción de inocencia? Regresar a España a concluir sus estudios. También defenderse en la Corte de Texas de las incriminaciones surgidas de los procesos que se les siguen allá a Torres López y González Treviño. Mientras no lo haga, el rebote de su caso seguirá golpeando la gestión de Enrique Peña Nieto y de poco servirán los deslindes del secretario Miguel Ángel Osorio Chong.
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