Esto no se acaba

El lunes primero de febrero de este año, Humberto Morerira dejó la prisión que lo hospedaba en Madrid, España. Nada más se vio libre el inculpado y afirmó que esperaría instrucciones de su tutor de tesis doctoral, para así decidir su regreso a México o concluir su posgrado. Al miércoles siguiente el coahuilense ya abordaba el avión rumbo a México. Llegó e inmediatamente hizo su apología en una cauda de entrevistas, declarándose exonerado de los delitos que se le imputan, dicho que sólo ha corroborado Arely Gómez, procuradora general de la república.

Ya reposado de los aciagos días en prisión, el exgobernador de Coahuila parece imponerse un autoarresto domiciliario en su propiedad de Cuernavaca y ha iniciado su voto de silencio, lo que más le conviene ¿Por qué? Porque la justicia española no ha concluido la indagatoria. Porque Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto y mejor andar con pies de plomo. Hay que esclarecer, Moreira no tiene investigación pendiente en México para la PGR. Cuando se le inició investigación, en el gobierno de Felipe Calderón, Maricela Morales era la encargada de la PGR y al entregar el cargo por cambio de administración fue agraciada con la representación del Consulado de México en Milán, Italia. Apresuren sus conclusiones por favor. Hasta ahora sólo dos peces gordos de la política se han capturado: Andrés Granier (exgobernador del estado de Tabasco) y Elba Esther Gordillo, líder moral del SNTE. Ambos personajes están arrestados por cargos en proceso de comprobar y sentenciar o por haberse enemistado con Enrique Peña Nieto ¿Ustedes que creen?

Hasta ahora la ha librado Moreira y en este momento crítico su sindicato (SNTE) le concedió la jubilación, más bien se la tramitó. Una generosa pensión de más de 37 mil pesos por tres años de dar clase y 27 por estar de comisión, que cuentan como si fueran años laborados. Esto último es un eufemismo de lo que vulgarmente se conoce como “aviaduría”: devengar un salario sin cumplir con los propósitos de una labor, en este caso docente.

Pero qué necesidad de honrar al deshonrado con una pensión, precisamente cuando el gobierno se ha desgastado los últimos tres años por modificar el estatuto laboral de los profesores adscritos a la secretaría de educación, uno de cuyos propósitos era el de acabar con la práctica nociva de las comisiones que se repartían a granel (Adicionalmente los estudios de Moreira los hacía en condición de becado por el SNTE o sea, no ha dado paso sin huarache). Por qué se permite atropellar la reforma educativa. El mensaje enviado es torpe, derogatorio. Reforma sí, pero a conveniencia, a cambio de lealtad y por méritos en campaña. Hágase la reforma en los bueyes de mi compadre.

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Dónde quiera que esté Humberto Moreira debe entender que su ciclo en la política concluyó, pero no el de un sistema político cimentado en la corrupción, así se vista de constitucional y pluripartidista. Las fotos que acompañan el texto dicen mucho, bajadas de Google: dos son de El Siglo de Torreón. Donde aparece Granier la hallé en el blog Colectivo Pericú.

Bajo el signo de la omertá

Ha llegado febrero, el mes verde olivo. Enero se ha ido no sin antes plantar una serie de mensajes a seguir, ruta en los meses por venir, si se puede, para lo que resta de la actual administración.

El regreso al penal del altiplano de Joaquín Guzmán Loera, de donde se había fugado en julio pasado, no modifica la tendencia criminal que estigmatiza al país. En los medios, Guerrero y Veracruz a la cabeza de este indeseable top ten. La recaptura del Chapo no es suficiente para contener al crimen, se siguen sucediendo asesinatos y desapariciones, justificación para las medidas de excepción, fuera o dentro de la ley, se siguen afirmando.

El PRI viene por todo y con teflón. Osorio Chong está a disposición de lo que diga el Presidente, no influye a favor de sus allegados en la definición de las candidaturas a gobernador en los estados con elecciones en puerta este año. Cercanos a Luis Videgaray llevan mano. En cambio los beltronistas están como si portaran el beso del diablo. El mismo Manlio Fabio Beltrones ya se descartó para el 2018. La otra alternativa del oficialismo para la carrera presidencial es Aurelio Nuño, aunque usted no lo crea. No es cuestión de creer donde pesa el afecto presidencial. Con todo el espacio mediático que le proporcionan los inagotables saldos de la llamada reforma educativa, Nuño todas las semanas habla de ella, con pausa y sin emoción, en la pauta de discursos programados neurolinguísticamente –igual que los de su jefe, a emulación de Vicente Fox. Mensajes inabordables para la sesuda reflexión y con el riesgo de granjearse “dispepsia mental” (Huizinga). Así son los discursos correctos de hogaño.

La oposición se ha partido en dos. Una se parte adhiere al PRI, la otra fragmenta el voto opositor. Mejor imposible. Sólo queda el desabrido consenso para la promulgación de un nuevo estatuto de la capital de la república, el estatuto político Ciudad de México, sin contar con el aprecio del festejo popular. Un acuerdo de camarillas.

Lo que pudo detener la marcha invencible fue el escándalo alrededor de Humberto Moreira, la especie sobre delitos en agravio del patrimonio del estado de Coahuila se marchitó o eso parece. Baste recordar que el guion de la saga Moreira tiene derechos reservados en Estados Unidos y oficialmente no lo han cancelado allá. Sigue en el ambiente el efecto del tremor de una diligencia promovida por nuestros vecinos y secundada por la madre patria, nuestros dos gloriosos colonizadores en connivencia, ni más ni menos. Queda la pena del bofetón en forma de réplica a la celebración de Peña Nieto #Misioncumplida después de que se aprehendió a Moreira, a lo mejor se trató de una broma muy pesada. Moreira quedó libre por falta de pruebas, la justicia española hizo el ridículo y el Tío Sam se mesó la barba. En México nada más se hizo silencio, de parte de la autoridad ni siquiera se dio espacio para exigir una disculpa, ni pena valió mostrar leve indignación. Una vez liberado el coahuilense se impuso el pacto de silencio.

No hay duda, la revolución conservadora sigue adelante, no hay oposición ni sociedad civil que la resista.

Te joder, Tajamar

“Vicente Fox, lelo en cuestión de administración pública, tuvo la corazonada de no invitar al Verde a su gabinete”

Quintana Roo fue un territorio de la república mexicana donde la Marina y la Defensa tenían la estratégica incumbencia federal casi en exclusiva. Chetumal era la ciudad a donde ir  para comprar fayuca (palabra ininteligible para las generaciones nacidas después del inicio y avance de la apertura comercial). Con el presidente Luis Echeverría (1970-1976) se tomaron tres decisiones para cambiar el bello y salvaje territorio, apreciado por su mar Caribe de azul cristalino y su selva acicalada por el cambio de estación, verde en la temporada de lluvias, marrón y amarillo durante el estiaje. Echeverría lo pobló, primero, con el impulso de la política agraria basada en la figura de los Nuevos Centros de Población Ejidal; después tramitó la condición de Estado de la república al territorio quintanarroense y así Chetumal se transformó en una ciudad burocrática; tercero, Echeverría fundó el desarrollo turístico más exitoso que ha tenido México: Cancún.

Si en ese entonces la legislación ambiental hubiera existido, razones habría para acusar ecocidio la construcción de Cancún y a la población que arribó de ecocidas. Pero resulta que es a partir de diciembre de 1987, fecha en la que entró en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando claramente se estableció un antes y un después, qué sí y qué no obligado para el Estado y la sociedad. Un parteaguas. De esa legislación derivaron normas, figuras y procedimientos, incluyendo aparato burocrático, programas y presupuesto. Todo un sector de la administración pública.

Cancún ha sido el laboratorio para la aplicación de la regulación ambiental. En Cancún se ha ensayado repetidamente uno de los instrumentos de planeación más avanzados para proteger el medioambiente y alcanzar el equilibrio ecológico: el ordenamiento ecológico territorial. Presiones de autoridades, políticos y empresarios han encarecido el potencial de este instrumento. Por otra parte, el procedimiento de la manifestación de impacto ambiental (MIA) establecido con el fin de reducir o atenuar las afectaciones al ambiente ha resultado corruptible desvirtuando su propósito, generador de patentes de corzo que inhiben el cuidado del medio ambiente. Es común encontrar en la legislación clausulados que habilitan la excepción de la norma y dan origen a la máxima hágase pero no se cumpla, es el caso de la MIA. Por eso con todo cinismo la autoridad presume legalidad. ¡Fue legal! Es admiración muy usada en los últimos tres años. El abogado de FONATUR la refrenda.

La ribera de la Laguna Nichupté ha sido devastada, el malecón y proyecto inmobiliario Tajamar es el último clavo al ataúd, ya desde 1993 se había creado un subcomité de protección de este sistema lagunar formado por los tres niveles de gobierno. Por qué se retrocede en lugar de avanzar. Desde siempre, las organizaciones empresariales han dicho que la Ley ambiental no es amiga de las inversiones. Los distintos gobiernos, por su parte, todos los días trabajan para atraer inversiones. Se junta el hambre con la necesidad. La lógica de las inversiones muchas veces se contrapone a la lógica de la naturaleza. Tajamar es la enésima prueba.