Plan B

El Universal lo consignó así: “Gobierno y PAN: no hay ‘Plan B’ fiscal”, con ello refería a las declaraciones de Ernesto Cordero (Sedesol) y Josefina Vázquez Mota –coordinadora de la fracción de diputados del PAN en San Lázaro. Declaraciones que hablan de mantener la propuesta de impuesto del 2% al consumo, alimentos y medicinas incluidos. Un IVA con disfraz ha reprochado la oposición. Llama la atención que iniciado formalmente el debate el pasado 15 de septiembre con la comparencia del secretario Agustín Carstens, un día anterior se adelante que no hay disposición a cambiar la propuesta, como si el autoritarismo campeara a plenitud, como si no tuviera sentido la discusión entre legisladores.

Viéndolo bien, se trata de un regateo y al final de cuentas se llegará a un acuerdo, sea este bueno, malo o pésimo. Tanto Cordero como Vázquez Mota, participan de una mentalidad estratégica que les conduce a tener abiertas vías alternas para alcanzar los propósitos del gobierno federal, que no las hagan públicas es otra cosa. El adoptar una posición que denota intransigencia es lo desagradable y los servidores mencionados bien podrían evitar esta actuación arrogante en el contexto de adversidades que vive el país.

Ahora bien, de ser cierto lo que afirman, que el gobierno no dispone de un plan alternativo al paquete económico que ya propusieron, entonces si que están mal las cosas. Una autoridad o representante popular que no tiene una pequeña lista de posibilidades que ofrecer como variante de su propuesta central hace una apuesta elevada y corre el riesgo de quedarse aislado. Bien le valdría al juvenil equipo de Felipe Calderón verse en el espejo de Gustavo Díaz Ordaz, él sí que nunca tuvo un Plan B para atender la demanda democratizadora del movimiento universitario de 1968. No la comprendió y a los más que llegó fue a formar una comisión que no tenía el mandato de negociar, pues Díaz Ordaz no se iba a dejar intimidar por los muchachitos alborotadores. El entonces presidente tenía claro que sólo la represión era la salida para detener al movimiento.

Claro que hay Plan B y será resultado del trabajo legislativo de estas semanas por venir. Un anticipo de ese Plan B es reconocido por el secretario de Hacienda ante los diputados el día de su comparecencia y que lapidariamente recogió La Jornada el día de hoy: “Consorcios no cubrirán al fisco $465 mil millones” Ahí está el recurso para tapar el boquete de las finanzas públicas, acabar con los regímenes especiales. Falta que quiera Calderón y lo quieran los diputados. Es la oportunidad para superar la contradicción de un gobierno que no sabe recaudar y cuando recauda devuelve los impuestos a los que lo solicitaron.

Para reflexionar

Lo que se puede advertir en más de dos décadas de influencia tecnocrática en la definición de la política gubernamental en México, es que existe un equipo técnico formado en universidades norteamericanas que ha trascendido los principios de los partidos políticos y se ha impuesto a ellos. Se enquistaron en los gobiernos del PRI y hoy tienen la sartén por el mango en los gobiernos del PAN. Si uno se fija en quiénes se sientan a la mesa por parte del actual gobierno con los legisladores priístas para negociar el paquete económico, no se encontrará un panista distinguido, mucho menos un doctrinario. Los panistas brillan por su ausencia. Esta reflexión no destaca en las conclusiones de los consejeros panistas para entender qué les pasó en las pasadas elecciones federales. Fácilmente le echan la culpa al muchacho pendenciero Germán Martínez, al incumplimiento de la promesa de empleo que hizo Felipe Calderón y a la operación de “los señores feudales del PRI”, pero no ven el daño que les ha hecho el equipo de especialistas que son el núcleo duro del PRIAN: los tecnócratas. El grupo que debilitó al PRI es el mismo que hoy debilita al PAN.

Ese es problema del PAN. Lo que verdaderamente debe preocupar a la sociedad en su conjunto y es obligado atender, es el hecho de que el proceso democrático, de elecciones impecables con autoridad autónoma y bien pagada, no ha alcanzado a superar del todo la sombra del fraude. Todas las fuerzas políticas, en la medida de sus posibilidades, están dispuestas a beneficiarse del fraude y, llegado el caso, dejar en manos del Poder Judicial, no de los ciudadanos, la imposición de un ganador. Imposición que revela decisiones contrastantes. Para impugnaciones semejantes no aplican el mismo criterio los magistrados. Tal parece que la presión es en ocasiones más fuerte que la ley. Todo un tema para la reforma electoral.

La democratización de México es todavía incompleta y no sólo atañe a temas electorales. Algunos han considerado a las elecciones la esencia de la vida democrática, pero existen otros componentes que han quedado desplazados como la reducción de la desigualdad social y la formación de una ciudadanía fortalecida por el acceso a la alimentación, la educación y la salud. Hasta hoy, la democracia política que vive México está desvinculada de un pacto social, incluso el pacto social se ha ido disolviendo y hacia allá apunta la reforma laboral. El Estado ya no tiene un compromiso fuerte con los trabajadores del campo y de la ciudad, al extremo de que muchos trabajadores ya no se sienten portadores de derechos y se ven obligados incorporarse a las filas de la economía informal. Todavía peor, la inoperancia y desestimación de un pacto social ha llevado a que medio millón de personas vivan de las actividades del crimen organizado.

Otra asignatura pendiente de nuestro proceso democrático es la redefinición del pacto federal. Antes, la falta de pluralidad política en las responsabilidades de gobierno daba por descontado dicho pacto, pues todos los gobernadores se sentían obligados a la sumisión respecto al presidente de la república que les había concedido la gubernatura. Desde que los gobernadores se reconocen como resultado de una elección ciudadana su relación con el gobierno federal adquiere otra calidad, que se refleja en la disputa por los recursos fiscales y que puede ser causa de la ruptura en el futuro.

Mientras tanto, durante todo este mes de septiembre los tecnócratas dictarán la agenda en torno al paquete económico cuya prioridad son las finanzas públicas sanas, no les importa el que no haya crecimiento económico, el que persista la desigualdad. Ellos no son populacheros, nada les dice un pacto social, ni lo que se pueda contemplar desde la política-política. De manera continua ellos han logrado engañar a priístas y panistas, sirviendo a fin de cuentas al gran capital. Son ellos los que sin dificultad pueden pasar de una alta responsabilidad pública para despúes ponerse al servicio de poderosas empresas, Francisco Gil Díaz y Luis Téllez son prototípicos.

Atascado

Una de las dificultades para emprender los cambios en la actual administración federal son los compromisos adquiridos en campaña, no con la ciudadanía, sino con los actores políticos que allanaron el camino para mantener en el poder al partido gobernante Acción Nacional. Felipe Calderón, por ejemplo, aceptó el apoyo de Elba Esther Gordillo (cosa que no hicieron ni Roberto Madrazo, ni López Obrador) y no sabemos bajo qué condiciones. Si se trató de un intercambio de posiciones a cambio de votos. ¿A cambio de qué Calderón aceptó el caudal de votos que le facilitaron algunos gobernadores priístas? En ambos casos hubo una transacción zanjada en el corto plazo: ganar la elección presidencial. Nada que se parezca a un proyecto de nación común. Por eso los apoyos para conquistar la presidencia de la república no significaron un programa de cambios viable, menos un sólido respaldo social.

De los compromisos adquiridos por el presidente Calderón con el gran capital, estos sí encuentran lugar en la propuesta de cambios desde el inicio de la gestión y en la última versión del 2 de septiembre pasado. Es claro que hay empatía entre el gobierno y un grupo selecto de empresarios, el problema es que no se ha podido vestir de proyecto de nación los cambios propuestos por esa alianza. Por más publicidad gubernamental que se ponga de por medio, las propuestas no quedan respaldadas por la oposición política institucional, ni por la población en su conjunto. De ahí que no emerja el consenso sobre el cual soportar las medidas propuestas.

Ya se decía que la agenda de cambios tiene su prueba de fuego en la respuesta de la oposición parlamentaria. Por lo pronto, el paquete económico no ha sido bienvenido. Respecto a los movimientos en el gabinete, inicia remociones en la PGR, PEMEX y SAGARPA, junto con la lista de sustitutos, que no ha convocado entusiasmo y sí visible desagrado. Qué ha ocurrido para que de manera tan inmediata la agenda expuesta en el “gran” discurso presidencial se opaque. Seguramente la agenda del cambio no tuvo una circulación previa con todos los actores involucrados en la institucionalización de las propuestas, producto más bien de un circulo pequeño que tal vez contó con selecta consulta. Lo que se quiera encontrar o lo que faltó, más bien, un proceso efectivo de incorporación de actores clave para impulsar los cambios. Una de dos, o el secretario de gobernación no hizo su chamba o no se la dejaron hacer.

En todo caso no es culpa de Fernando Gómez Mont, sino de su jefe, quien por ser desconfiado y orgulloso no se atreve a encarar la realidad de su mandato. Un mandato cuestionado de origen y que el 5 de julio pasado se confirmó con creces al no alcanzar el PAN mayoría en el Congreso y ser barrido por el PRI. Qué le dijeron las elecciones a Calderón –no las encuestas, nótese: que la mayoría de los ciudadanos no aprueban los resultados de su gestión. Administración que ya está marcada por la violencia del crimen organizado, la crisis económica, el desempleo, la influenza AH1N1 entre otras cosas. Pero el Presidente no escucha e insiste en continuar el camino que se trazó, no le importa el riesgo de que la recesión se convierta en estancamiento.

Tras su convocatoria al cambio Felipe Calderón se encuentra atascado, sin habilidad para dirigir la orquesta de la política nacional. Es su problema. Lo malo es que puede atascar a todo el país. Y ese será nuestro problema.