Expansivo con desarrollo lento

Tamaulipas, su frontera con Estados Unidos, ha sido recientemente el espacio para dos eventos con investigación en curso. La masacre de miembros del Ejército sobre cinco jóvenes en un barrio de Nuevo Laredo (26-02-2023). El secuestro de cuatro norteamericanos, con ajusticiamiento de dos de ellos de parte de un grupo criminal por definir, en Matamoros (03-03-2023). El primero trasgrede los límites que se ha impuesto el gobierno para combatir a la delincuencia organizada. El segundo, una provocación que muestra la actuación de ilegible red criminal en sus acometidas, lo que reduce la capacidad de anticipación de los mecanismos de seguridad y señala el largo camino por recorrer, más allá de la actual administración. Desafío directo al presidente López Obrador. De película, las cosas pasan cuando suceden.

La Jornada, 16 de febrero de 2011. Foto de Ap.

El fondo alcanza a la configuración del narcoestado -eso si nos atenemos a los testimonios vertidos durante el juicio a Genaro García Luna- en operación entre el 2006 y 2012. El gobierno de Felipe Calderón, su secretario de seguridad pactando con el crimen organizado. Está por descubrirse los acuerdos secretos de García Luna con agencias estadounidenses ¿Saldrán a la luz?

De que la madeja comenzó a rodar se tiene la certidumbre, aunque es incierto si el rodamiento de hechos concatenados por descubrir se detenga intempestivamente.

Primero, volver a destacar la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera en enero del 2001. El hecho alteró el liderazgo dentro del llamado cártel de Sinaloa. Las fracciones de esa organización criminal reclamaban trato preferente del gobierno. La definición al respecto, por parte del gobierno de entonces, se dio en diciembre del 2009, cuando un operativo de la Marina liquida a Arturo Beltrán Leyva; Segundo, el combate al crimen organizado en ese entonces tenía tres cabezas, a saber, Seguridad, Defensa y Marina. Hasta ahora nos enteramos indubitablemente de que el hombre fuerte de Calderón fue García Luna.

El epítome del narcoestado de Calderón, operado con García Luna, fue lo que se sucedió cuando la Iniciativa Mérida (22-10-2007) estaba en curso. Una serie de medidas para combatir al narcotráfico, supuestamente. Esto seguramente lo tiene registrado el embajador Ken Salazar. Lo verdaderamente incongruente ante el grado de entendimiento entre Bush/Obama y Calderón, fueron dos hechos que no encajaban con la amistad pregonada dentro de la Iniciativa.

El 15 de febrero de 2011, dos agentes estadounidenses de inmigración y aduanas fueron agredidos mientras se desplazaban en una suburban por carretera en San Luis Potosí. Uno de ellos, Jaime Zapata, murió; dos agentes de la CIA, acompañados por un miembro de la Marina, fueron agredidos por policías federales cerca de Tres María en Morelos, mientras transcurrían por carretera para una cita oficial. Esto ocurrió en agosto de 2012, a semanas de que se hiciera el relevo presidencial.

El caso García Luna sigue su rodada.   

Liberen a Barrabás

La manifestación del domingo 26 de febrero, convocada por la derecha o por los opositores al presidente López Obrador, si se prefiere enfatizar, se ahorró la marcha desde el Ángel de la Independencia. Para que no les afectara el calor y el cansancio, directo se dieron cita en el Zócalo capitalino. Si la asistencia fue de mil más o mil menos, si asistieron acarreados o no, ese no es uno de los puntos a destacar, ni para regodearse en la autocomplacencia. El hecho es una definición estratégica rumbo al 2024, la disputa por la CDMX. La manifestación corrobora la marcha del 13 de noviembre pasado. Ambas se dan en secuencia a los comicios del 2021, cuando la Ciudad se partió en dos.

La movilización se dio en un sistema de creencias explícitas, a lo que se le otorga fe sin validar con la realidad. La primera supone un INE ciudadano o de los ciudadanos. Falso. El Instituto se ha realizado como un ente de los partidos. Ellos ponen a los consejeros por asignación de cuotas de acuerdo con el tamaño de cada bancada en el Congreso. Además, los partidos cuentan con representación y derecho a voz en ese órgano de contaduría y administración electoral. La ciudadanía está excluida porque opera absolutamente la intermediación de los partidos.

El INE no se toca, es el otro artículo de fe. Falso. Por diseño el INE se toca cada que los legisladores y el presidente de la república así lo consideran. Desde que dejó de ser una oficina de la secretaría de gobernación el Instituto ha sido tocado, modificado por sucesivos dictámenes legislativos. Según la correlación de fuerzas en el Congreso, los partidos le meten mano a la institución. Tan es así que la reforma constitucional presentada no pasó y sólo se tuvo la mayoría para votar una reforma a diversas leyes concurrentes.

El toqueteo no queda ahí, al INE se le ha cachondeado con ilegalidad. Los capítulos presupuestales que asignan recursos a los partidos son cuantiosos, ello supuestamente para evitar la tentación del dinero ilegal en las campañas. Al respecto, quién sabe cuántas veces el INE ha sido burlado o se ha hecho de la vista gorda. Nada más un ejemplo, el financiamiento de una empresa extranjera, Odebrecht, a la campaña presidencial de Peña Nieto. Hay confesión por escrito de Emilio Lozoya. No pasó nada, la autoridad electoral ni se inmutó, ni esgrimió sus sobadas medidas cautelares.

El fondo es político, una disputa en la que el INE es parte. En ello la autoridad en materia electoral ha estado dispuesta a destruir la fachada de neutralidad con la cual se santifica.

Volviendo al evento de la manifestación de nada vale cerrar los ojos. La oposición mostró base social. No importando el historial de corrupción de sus líderes, el juicio a Genaro García Luna no desinfló la concentración. En la próxima, tal vez la escriba del PRI y el fariseo de todas las confianzas del PAN arenguen a la multitud ¡Liberen a García Luna!

 

El colapso

Con anterioridad, hace ocho días para ser exactos, me referí al costo previsible que el juicio a Genaro García Luna acarreará al PAN en lo particular, a la oposición en general. Un primer abono se apreciará el próximo domingo 26 de febrero. Por lo pronto, hagamos a un lado lo escandaloso del caso.

Desde la perspectiva de la cancha en la que todavía se desenvuelve la política nacional, en ella sigue jugando el falso pluralismo (PAN-PRI-PRD) y los aparatos autónomos que cercenaron obligaciones del poder ejecutivo, en el terreno electoral y de gestión económica de manera elocuente. Dentro de las reglas apenas se ha convenido algo de viabilidad para enjuiciar al presidente, se la ha quitado el fuero, dicho esto como mera posibilidad. Pendientes quedaron los fueros de gobernadores, legisladores y ministros del poder judicial. Sobre estos últimos es necesaria una investigación profunda de los expertos ¿Qué está pasando en esa casa?

Me parece que el vacío refulgente, a propósito de García Luna, está en el sistema de justicia de México. Ha tenido que actuar una autoridad del exterior, la que desde su jurisdicción enjuició al personaje al que la opinión pública tenía en la mira desde hace tiempo, sin que por ello se moviera el aparato de justicia para despejar los señalamientos sobre este exservidor público de alto nivel. Fueron sonados los indicios (Florence Cassez, el asesinato de un agente norteamericano en una carretera de San Luis Potosí, otros agentes de ese mismo país que fueron interceptados por policías federales en los límites de CDMX y Morelos).

Durante años, el autoritarismo se derramaba desde la presidencia de la república, continuaba su curso por los gobernadores y concluía su afluencia en los alcaldes. Esto generó un manto de invisibilidad sobre el poder judicial. Entonces, el concurso de la justicia era tan simple como aterrador.

Se dio una reforma al poder judicial al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo. El sistema se hizo más complejo y siguió aterrador. Más burocracia (el Consejo de la Judicatura Federal) y más presupuesto. Atender la demanda de justicia quedó como aspiración. La autonomía del poder judicial edificó más bien una corporación al servicio de sus miembros. Además, políticos y grandes empresarios pudieron acceder como nunca a veredictos favorables. Litigar contra el interés público se hizo deporte, siendo uno de sus atletas más avanzado Diego Fernández de Cevallos. Mientras tanto, se atiborraban las cárceles de reclusos sin sentencias o con sentencias injustas, pues prácticamente los que carecen de influencias o recursos están condicionados para no solventar defensas exitosas.

En qué están pensando los ministros de la Corte, en mantener su statu quo o en reformarse para fundar un poder libre de mezquindad.