En la tercer pista del poder

Todavía antes de iniciar el periodo vacacional decembrino del año 2018, parecía calentarse la función duelo entre poderes constitucionales (no equiparables a la pléyade de los entes autónomos) A raíz de la ley sobre el tope de salarios de los funcionarios de los tres poderes con rango federal, la controversia no esperó. Ministro de la Corte afirmó que la reducción de salarios mermaría la autonomía del poder judicial, como si dicha autonomía no estuviera determinada por las obligaciones de ley. Esta argumentación empañaba la dignidad del cargo y daba la pátina de mercenarismo. Peor aún, servidores del poder judicial interpusieron demanda, poniéndose en la poco ética condición de ser juez y parte.

El 2 de enero, ya en el estrenado año 2019, los barruntos se despejaron. Los ministros eligieron al presidente de la Suprema y del Consejo de la Judicatura Federal. El elegido, el ministro Arturo Zaldívar Lelo De la Rea ha llegado a ocupar el cargo y una de sus primeras tareas puede ser el bajarle la presión al diferendo. Algunos ya habían comprado su palco y se frotaban las manos para presenciar el encontronazo. Se quedaron en ascuas. El presidente de la Corte entró en funciones inmediatamente, una vez elegido fue investido en el cargo.

Por lo que escribió en su colaboración semanal para Milenio Diario (08-01-2019), Arturo Zaldívar se propone como un reformador para que la Corte no sea el perfecto desconocido de la sociedad y sí tenga una comunicación esclarecedora con los simples mortales. Por una Corte en la que la letra de la ley quede guiada por principios. Por una Corte en la que los malandros reciban condena y los presuntos culpables (muchas veces inocentes con delitos fabricados) queden al amparo de la justicia.

La racionalidad con la que los ministros eligieron al presidente de la Corte fue la de mandar un mensaje de concordia entre poderes, al tiempo que decirle a la sociedad que lo suyo no es la beligerancia y sí lo es el desempeño autónomo.

Apego a la ley, firmeza y justicia se le exige siempre al poder judicial, es el tiempo presente el que redobla la exigencia pues son tiempos en los que altos secretos se están revelando y se seguirán revelando. Sólo estamos en el umbral de que los astros máximos de la división de poderes entren en conjunción, se armonicen para dar su mejor servicio a la sociedad en su conjunto. A México leyes no le han faltado, es el largo ayuno de incumplimiento el que lacera y de donde brota el inaceptable ánimo polarizador.

Démosle la bienvenida a la nave de la confianza y a buen puerto nos lleve. 

Un mes

Cumplido un mes al frente del gobierno de México, el presidente López Obrador reitera su agenda de campaña y actúa en consecuencia. Un mes de apasionamientos, desde los hogares hasta los medios de comunicación y, por supuesto, en las redes y los partidos políticos, Andrés Manuel se ha convertido en la referencia de la política mexicana actual. Ahora él está acotado por la investidura de presidente constitucional, ya no corre por la libre que le obsequió la condición de presidente electo, el limbo jurídico relativo que aprovechó gracias al apoyo que tiene en la actual legislatura del Congreso. Pero ahora dispone de los recursos del Estado que le otorga la Constitución para centrarse en el objetivo superior que se ha propuesto: reducir desigualdades económicas que dividen a los mexicanos, las cuales se extendieron en el periodo “neoliberal”.

Por eso, una de las tareas en las manos de Carlos Urzúa y de la coalición parlamentaria encabezada por MORENA, será la de resolver los acertijos presupuestales y las trampas hacendarias heredadas ¿Qué es esto? Detectar y corregir aquellos procedimientos de ejercicio presupuestal que facilitaron el enriquecimiento mal habido de funcionarios habilitados para manejar presupuesto (les suena la Estafa Maestra, PEMEX, los gobernadores, por mencionar lo divulgado). De las trampas sobresale el impuesto a la gasolina establecido por el gobierno de Felipe Calderón y continuado por su sucesor – el gasolinazo- del que se nutre y depende la hacienda pública, es tal su peso en la composición del presupuesto, que desaparecerlo sin dar con el sustituto adecuado comprometería la oferta lopezobradorista. La reorientación de las finanzas y del servicio público son la política para lograr el propósito de bajarle a la desigualdad económica. Se dispone de un emplazamiento austero distinto a la austeridad “neoliberal”, que se utilizó para desfondar al Estado del Bienestar.

Pero la discusión la llevan por otro lado los intereses afectados dentro del aparato público: en el Poder Judicial y en el Legislativo, en la burocracia federal de confianza y en los entes autónomos. La austeridad republicana que pregona el arribado gobierno no les sienta bien. Ahora alegan derechos laborales, salarios dignos para no corromperse ¡Ajá! Que me digan cuándo se compadecieron de los derechos laborales atropellados cotidianamente en las últimas décadas, de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la mayoría de los trabajadores. Qué hicieron en contra del outsourcing que el mismo gobierno adoptó en sus propias dependencias para evitar la creación de derechos y que en la iniciativa privada condenó a los jóvenes en empleos temporales, mal pagados y sin solución para alcanzar una pensión decorosa. Su ánimo se descompone, los mueve un apego conservador. Si todo estaba tan bien cómo es que treinta millones de ciudadanos nos robaron el paraíso, se preguntan. Se responden con sus propios fantasmas, el miedo a la concentración del poder presidencial y su aversión tatcheriana por lo público y lo social.

Esta discusión no ha contaminado irremediablemente la relación entre el gobierno y las empresas como los profetas del desastre quisieran. El gobierno ha ofrecido no subir impuestos, no endeudarse más allá de lo aprobado por el Congreso y manejar los recursos públicos de manera efectiva y honesta. Una oferta consecuente con el funcionamiento de los mercados ¿O no? Paradójicamente, el calificado de populista está en disposición de crear un mejor entorno para la mayoría de las empresas fortaleciendo el mercado interno, pacificando al país y cancelando el impuesto de la corrupción.

Más que polarización, hay un diferendo sí, entre el nuevo gobierno y otros aparatos del Estado sobre los alcances de la austeridad. Hasta el día de hoy, la alianza entre el Ejecutivo, la mayoría de los legisladores y algunos gobernadores fortalece al nuevo gobierno. A las acciones les seguirán revelaciones de lo que se ha ocultado con números. Seis años para sostener un rumbo distinto al de la era tecnocrática. Los méritos y los yerros están en la misma tómbola.

¡Feliz año 2019! 

Bienvenidos a la rebeldía

Un hecho inédito, la inconformidad pública de servidores del Poder Judicial. Una asociación civil de funcionarios lanza manifiesto en contra de la reducción de sueldos, sus sueldos. En una doble cachucha: la responsabilidad de hacer cumplir la ley, la de situarse como ciudadano común que defiende sus derechos.

Foto de María Luisa Severiano, La Jornada 11-12-2018.

Los servidores públicos que ayer atravesaron el umbral ¿Mantendrán la posición adoptada? Para ellos es una salvajada la reducción de sus salarios, atenta contra su independencia, los somete a otros poderes constitucionales. Se sienten del primer mundo, tanto que no florece en ellos la compasión hacia millones de sus compatriotas que permanecen en el tercer mundo. Es una injusticia, dicen. Los encargados de la justicia resuelven ser defensores de sus intereses estamentales, separados de la sociedad.

Qué bien por hacer pública su rebeldía. Si el funcionariado judicial está dispuesto a seguir de ese ánimo, pues de una vez debería encabezar un movimiento nacional contra la injusticia. Millones se unirían a ellos y, de pasada, le harían la vida de cuadritos al presidente López Obrador. Aunque el riesgo sería el quedar entre las patas de los caballos. De imaginarse este innovador contingente de indignados del Poder Judicial.

Pero no lo van a hacer, no los tienta el interés superior. Los antecedentes de su actuación y tal vez sus afectos están con el 1% de la sociedad. Nada más recordar, dónde estaban cuando se cancelaron los derechos adquiridos de la población rural. Dónde estaban cuando se cercenaros los derechos laborales, entre ellos las jubilaciones y las pensiones. Pero me acuerdo de que el Poder Judicial legitimó el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses que aplican los bancos a los deudores morosos. Ellos resolvieron, con ese espíritu, las controversias judiciales en torno al Fobaproa.

Salgan a la callen servidores públicos del Poder Judicial, convoquen al pueblo. De perdida busquen la asesoría de Aquiles Córdova, de César del Ángel, Romero Deschamps, de Víctor Flores. Bienvenidos a la protesta, aunque les sea difícil, máxime cuando han servido de manto protector de la injusticia de la desigualdad.