Después de Edomex

“si ha de funcionar en la sociedad, toda institución debe tener un correlato en la conciencia.”

Peter L. Berger

Las campañas en Edomex entraron en su segundo mes. No han cambiado los supuestos que inclinarán el fiel de la balanza. El dinero es la carta de triunfo de Alfredo del Mazo. El hartazgo hace lo propio para acelerar la victoria de Delfina Gómez. Mientras, Josefina Vázquez Mota se mantiene atrapada por las disputas al interior de su partido por la nominación de su candidato para contender por la presidencia en el 2018.

Vale considerar, para las corridas electorales mexiquenses en tiempos de la tecnocracia gobernante, el PRI se ha llevado de calle las elecciones para gobernador. Por primera vez se da una competencia apretada. Acontecimientos desesperados/inesperados (atentados) para defender a toda costa un bastión priísta no son descartables, más aún cuando el presidente de la república es producto y representante de la escuela política de Atlacomulco. Pero es una decisión difícil cuando a Enrique Peña Nieto lo detiene el descenso de su popularidad, además, no dispone de un visible bloque empresarial amplio en apoyo al candidato de su partido. Es posible la alternancia en el Estado de México, para lo que sirva.

Sí, para lo que sirva, pues se puede cambiar de partido en el poder, pero no las rutinas de su ejercicio. Más de lo mismo. Alentar el mercado y querer componer con dádivas a los millones de afectados. No he escuchado propuestas que animen la auto organización social como herramienta de desarrollo.

Hacer pronósticos es ocioso, ni para barruntar la contienda presidencial del 2018. Indagar sobre el futuro de las instituciones es crucial. Las instituciones son más que leyes y aparatos públicos, son la práctica consensuada en la que aceptamos el orden inmediato en el que vivimos. Lamentablemente, en México, el proceso reformador está cojo desde el esquema ultraliberal en el que se ha dispuesto. Las reformas, empezando por las iniciadas por Miguel De la Madrid, han tenido un efecto disolvente del respeto y la confianza social: todo se vale, se cuece como consigna de malandrines. Las reformas en el ámbito laboral, por ejemplo, han despojado del mínimo respeto que se les confería a los trabajadores, con ello se ha minado la confianza de un sector organizado de la sociedad.

El problema no es el populismo, como lo postulan los ideólogos del régimen. El problema es el fundamentalismo que opaca las diferencias y considera una razón que aporta certezas para pocos, sin importar las exclusiones. Pensar que existe un orden único que alinea lo social, como si los individuos estuvieran troquelados, es un error de principio. El liberalismo económico, en tanto receta única, es devastador pues no concibe límites. El trabajador del campo y la ciudad, también los recursos naturales, exigen esquemas de protección. Un régimen sin protecciones alienta la inseguridad y la delincuencia.

Mientras, las campañas electorales del 2017 siguen lo trillado, lodo incluido.

La institución originaria de la corrupción

“El mundo se repite sin fin y brinca de impaciencia sin moverse de sitio. La humanidad reitera imperturbable a lo largo del tiempo el mismo repertorio teatral.”

Auguste Blanqui

La indignación del presente frente a los actos delictivos de los funcionarios del Estado no recurre a la memoria. Como si se tratara de actos únicos, nuevos, excepcionales, nunca ocurridos hasta los gobernadores de ahora o del pasado inmediatísimo. Ya en el pasado existieron en México gobernadores que abusaron de su posición para amasar su riqueza personal. Emblemáticos, Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí; Máximino Ávila Camacho en Puebla; Tomás Garrido Canabal en Tabasco, cuya estirpe ha gobernado en Chiapas y actualmente en Morelos; Miguel Alemán Valdés, el ícono de la corrupción, en Veracruz y en todo México. Todos ellos bajo el manto ideológico de la Revolución Mexicana, fueron sus frutos podridos. Los gobernadores de ahora, en absoluto expresión del pluripartidismo, siguen la tradición de embolsarse los recursos públicos, bajo el contexto de las reformas estructurales, son sus frutos podridos. Como los burócratas soviéticos, tras caer el telón de acero, a decir de Tzvetan Todorov: “Su conversión a la retórica democrática y a las prácticas de enriquecimiento personal fue instantánea”.

En México es más que una analogía. El ejercicio de altos cargos públicos y el enriquecimiento desproporcionado en relación con los salarios que perciben es norma no escrita. La fiscalización y la sanción ocurren, sí, pero como venganza política, como castigo a la deslealtad, nunca como imperativo de la ética de la responsabilidad. El caso es encontrar el momento histórico de la conciencia, que obligada por la norma no obstante se tuerce, incapaz de cumplir con la prescripción institucional a la que obliga la ley, que acepta el desvío de recursos públicos para hinchar el patrimonio personal, con la seguridad de que las posibilidades de sanción son remotas.

Tal vez el punto de quiebre no se dio en el marco de una república constitucional sino muchas décadas atrás, durante el tiempo regido por las leyes y ordenanzas Reales del dominio colonial de los monarcas españoles. Normas difíciles de vigilar, por tanto, de alta proclividad de acatarse discrecionalmente. La discrecionalidad como puerta de acceso a la corrupción y seguro de impunidad*. Pongamos como ejemplo la institución de la Encomienda, establecida por los Reyes Católicos para cristianizar, cuidar y proteger a los pueblos originarios, también para congregarlos y tributar a la Real hacienda. A quienes les otorgaron los derechos de la encomienda se les nombró encomenderos, se les encargó de que la función “civilizatoria” se cumpliera en sus términos. Fue sólo teoría, en los hechos el encomendero exigía su parte, desposeyendo y explotando a los indígenas en el nombre del monarca, con poco tiempo para cristianizar. Cuidar y proteger, propósitos no realizados, mero sueño aspiracional. La institución no cumplió sus propósitos “humanistas” y se convirtió en fachada para la expoliación.

De ahí la institución de la corrupción, su construcción social no es una ética, tampoco una epidemia. Se requieren ingentes esfuerzos de desintitucionalización en forma de sanciones efectivas para formar la conciencia conforme a la práctica de la responsabilidad.

Lejos está el país de esa realidad institucional, pues ya puede el Ejecutivo federal proclamar las acciones del Estado mexicano para abatir la impunidad, mientras una fracción del Congreso concede la impunidad. El caso de Emilio Lozoya Austin.

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*Para mi conjetura acerca del origen colonial de la corrupción en México he recurrido a dos trabajos, el de Woodrow Borah -El siglo de la depresión en Nueva España. Ediciones Era. México, 1982. p.p. 64-98- y el de Enrique Semo -Historia del capitalismo en México. Los orígenes. 1521/1763. Ediciones Era. México, 1975. p.p. 60-99. Las portadas que sirven de ilustración no corresponden a las ediciones consultadas.

Poco o demasiado

Para conmocionar a un país, breve cronología de una primavera hedionda. Demos por fecha de inicio el 27 de marzo: la detención del fiscal de Nayarit, cruzando la frontera para llegar a San Diego, California. El principal cargo que le hacen las autoridades del otro lado a Edgar Veytia: narcotráfico; el nueve de abril es detenido en Florencia, Italia, el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington. Sobre él se adjudican vínculos con la delincuencia organizada; el sábado 15 de abril, de nuevo con el auxilio de la Interpol, es capturado en Guatemala el exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Entre otros delitos se le acusa del saqueo de recursos públicos; sin proceso firme en contra, a esta lista se une Emilio Lozoya Austin, quien todavía en febrero del año pasado era director general de PEMEX. A él se le vincula con la cadena de sobornos operados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener contratos de la empresa petrolera mexicana. Así lo consigna la revista Veja el 11 de abril desde Brasil. Para que todo el mundo se entere.

Poco o demasiado, es suficiente para exhibir el mal uso de los cargos públicos. Es de preguntarse ¿Cómo es que en este puñado de servidores públicos se llegaron a depositar altas responsabilidades? Sólo en un Estado dañado puede ocurrir, donde la ley es fachada, desde la legislación de instituciones electorales hasta las de control hacendario. No hay filtro que funcione o son las trampas dentro de la ley.

En alusión, el consuelo que ofrece Enrique Peña Nieto a sus gobernados es para salir al paso: “estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado Mexicano contra la impunidad.” De veraz hay firmeza y contundencia en el mensaje. El presidente se queda corto, sin abundar o detallar sobre un mal conductual en el servicio público, no completa el significado de lo que la ciudadanía espera de acciones firmes y contundentes. Lejos de generar confianza el mensaje presidencial alimenta las suspicacias. Peña Nieto es observado inquisitivamente por sus gobernados.

Y el remedio está en veremos, el incierto Sistema Nacional Anticorrupción. Sin alcanzar a desodorizar, el 4 de abril recién se instaló el comité coordinador del “Sistema”. Meses antes, en enero, se había designado el primer comité de participación ciudadana del rimbombante sistema. El decreto de creación del SNA es una cosa, en los hechos, el sistema está en proceso de construcción de su aparataje. Otra vez en la salida ¿circular? de los entes autónomos que ni previenen ni corrigen, para que todo siga igual o peor.