Como sabemos, el 24 de marzo recién, varias empresas de comunicación plantearon un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Se trata de ofrecer información sobre actos del crimen organizado sin hacer apología de la violencia, para decirlo de manera rápida. Hasta ahora, no dicen los convocantes y principales interesados, los magnates de los medios de comunicación, qué le van a pedir al gobierno pues han demostrado en otras ocasiones que no actúan desinteresadamente. A cambio de qué asumen la uniformidad informativa. Será que quieren que la autoridad los defienda incondicionalmente de los ataques que Carlos Slim ha deslizado los últimos días en la prensa escrita.
Es sabido que esencialmente es el mismo grupo que se opuso a la última reforma política habida en México, pues esta reforma estableció una prohibición constitucional sobre la compra – venta de propaganda política a particulares. Prohibición a la que algunos intelectuales se inconformaron interponiendo un amparo -finalmente desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente- por considerar que se atentaba en contra de la libertad de expresión. La verdad sea dicha, ninguno de los intelectuales ha sido censurado por efecto de la reforma mencionada, ni tampoco han dicho ellos cuánto tiempo de radio y televisión tenían previsto comprar para propaganda política si es que era el caso.
Son esos magnates de radio y televisión que encontraron en las campañas políticas un filón, una veta para su enriquecimiento, como hoy lo es la propaganda del gobierno federal y los de los estados, pagada con recursos públicos para hacer alabanza de respectivos gobiernos. Propaganda que no es un servicio público, ni un ejemplo de transparencia y derecho a la información, sino campaña política permanente que no se justifica ante las carencias que tiene el país. Campaña que indefectiblemente se nota en los resultados de las encuestas sobre presidenciables.
Son esos magnates de la radio y la televisión, tan preocupados por tener respaldo social a lo que no afecte sus intereses y que saben guardar silencio cuando les conviene. Acaso han dado la difusión merecida a la propuesta de otro grupo de intelectuales para terminar con la spotización, misma que fue presentada el 2 de marzo en la Cámara de Senadores. Eso no les interesa porque afecta sus negocios.
Volvamos al inicio, a lo del acuerdo relacionado a la cobertura informativa de los actos delictivos del crimen organizado. El acuerdo tan encomiado por el gobierno de Felipe Calderón ha sido tocado brutalmente por la realidad. Casi de manera inmediata el acuerdo mostró su inutilidad ante el hallazgo, la madrugada del lunes 28 de marzo, de siete cadáveres de jóvenes torturados y asfixiados en Temixco, Morelos. Muchachos hallados dentro de un auto y que pudo pasar como un acto delictivo más, como ya es común en ése estado. Pero no fue así, pues uno de los victimados era hijo de un ensayista y poeta que publica en medios nacionales, el diario La Jornada y el semanario Proceso de manera recurrente. Una persona, Javier Sicilia, con voz y audiencia suficiente como para darle el interés merecido al hecho lamentable.
Ante el multihomicidio el acuerdo hizo patente su inutilidad. Del gobierno, qué decir, evidenció la nulidad de su estrategia.
