Otra vez, se cubrieron de gloria

A doscientos años de la independencia de México y a cien años de su revolución, problemas ancestrales como el de la pobreza y la desigualdad siguen sin atenderse con efectividad. Son a caprichosas prioridades las que desplazan y difieren lo que tiene que ver directamente con el bienestar de la gente. El desarrollo social sirve como insumo de campañas electorales y para alimentar la cartera de negocios de las agencias publicitarias. Antes, el tema de lo social era administrado por un sistema de partido hegemónico que se encargó de construir instituciones como la reforma agraria, los sistemas de seguridad social, de hacer ley los contratos colectivos de trabajo, impulsar la educación pública y, entre otras cosas, instituir campañas de vacunación. Todo este haz de políticas no resolvió los problemas sociales, tal vez sólo los contuvieron y mantuvieron dentro de ciertos niveles.

En la decadencia del régimen de partido casi único la agenda social fue quedando más relegada por la emergencia de la empresarialización ¿?de la vida nacional. Las llamadas reformas estructurales fueron el santo y seña que redundaría en el mejoramiento colectivo pero no ha sido así: la situación ha empeorado. Se abrió la llave de la disputa electoral y cero. Peor aún, la izquierda se olvidó de la agenda social y se metió a la rebatinga por los puestos públicos.

Mala suerte de lo social, que ahora no sólo pasa a segundo término por la guerra en contra del crimen organizado, sino hasta se puede criminalizar si no acepta las imposiciones del régimen y se dispone a luchar en contra de decretos y dictámenes judiciales que le son adversos. El caso es que la nota roja es la información destacada en los medios, quedando los ciudadanos medio informados y bastante aterrados. Con la nota roja se nos quiere decir ¡Aguas! Pues por el bien de todos, el gobierno está operando transgrediendo los márgenes legales para garantizar la seguridad. Es el caso de la liquidación de Ignacio Coronel Villarreal.

El operativo del 29 de julio, desarrollado en la Colonia Colinas de San Javier, del municipio de Zapopan en Jalisco dicen que fue quirúrgico. El Ejército llegó directo a extirpar el mal. Cierto es, no se sabe de daños colaterales, de balacera prolongada por horas, ni de la divulgación de fotografías tomadas al abatido. Una actuación “impecable” si se le compara con lo que le sucedió a Alfredo Beltrán Leyva en Cuernavaca a manos de la Marina. Para los lugareños, la ubicación de los delincuentes es un secreto a voces y sólo para las autoridades es un misterio que requiere develar con inteligencia ¡Ajá!

No sabemos si el Ejército, una vez acordonada la zona en la que se encontraba la casa de seguridad, se hizo acompañar de un agente del ministerio público y tocó la puerta hasta por tres veces como en las series de televisión. Ante la negativa manifiesta se allanó la morada y se dio el fatal tiroteo. Tampoco se ha documentado los cargos de la orden en contra del tristemente afamado Nacho Coronel. Lo que nos consta a todos es que una vez más las Fuerzas Armadas se han cubierto de gloria haciendo un derroche de secrecía, que a la postre fue la clave del exitoso operativo. Como no funciona la coordinación de instituciones y de autoridades, ni la legislación da para mucho, mejor vámonos calladitos para ser más efectivos. Ya luego, para cuando este proceder se haga costumbre, para qué preocuparse por aliviar la pobreza, al fin que los jodidos tienen más opciones: aguantarse, ingresar al ejército, formar parte del crimen organizado o alistarse en la guerrilla.

La buena noticia es que con la eficacia demostrada, con este proceder, muy pronto se liberará a Diego Fernández de Cevallos en otro operativo quirúrgico.

Y los condenados de la tierra seguirán ahí (F. F.), padeciendo todas las plagas y sin que les falte el canto de los presidenciables, otra forma de plaga.

Detener a la derecha

Si queremos realmente darle un nuevo impulso al país, es importante reconocer que la liberalización ha sido capturada por la derecha deteriorando su contenido democrático y radicalizando el fundamentalismo económico de mercado. Esto ha significado una gran dificultad para llegar a acuerdos y evitar la descomposición social. No es una situación inesperada o espontánea, comenzó desde la presión de las organizaciones cúpula de los empresarios, seguido de la incrustación de los tecnócratas en el aparato público, hasta el encumbramiento político del partido de la derecha. En el correr de tres décadas, México ha venido formando un caldo de cultivo para el encono por la falta de justicia social y por la creación de nuevas formas de opresión. Desaparecer todo sentido de justicia social es la vocación del orden imperante, la expresión de justicia social no es parte del lenguaje del grupo gobernante.

Todo un terreno abandonado por las instancias oficiales que ha sido fértil para la germinación y florecimiento del lopezobradorismo. Esta corriente política volvió a llenar la plaza el domingo pasado pues tiene un tema que el gobierno no quiere o no sabe atender, el de la confrontación de la injusticia social. Programas y recursos los hay, pero no responden a la hora de reducir la pobreza, por el contrario, esta aumenta. Adicionalmente, el movimiento de López Obrador sigue usufructuando el monopolio de la movilización de masas porque el gobierno, el PAN y el PRI no tienen interés por disputárselo.

La derecha tan está en lo suyo, proseguir y mantener su esquema en el que todo se resuelve bajo un paradigma gerencial-empresarial-mercantil, en un ánimo de destruir lo que no coincida con su particular percepción de la realidad. Lo sucedido en torno a la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza es ejemplo de su torpeza. No sabemos si efectivamente hay una rectificación después del encuentro entre la secretaría de gobernación y el SME, que sirvió para concluir la huelga de hambre que sostenía un puñado de electricistas.

No hay que desviarse sobre si los huelguistas fingían su condición o sí Martín Esparza sólo persigue sus intereses personales. Lo importante es que con lo sucedido el gobierno dio cauce a su fantasía de lo que es su perfil del movimiento obrero: conformista, autolimitado y sumiso hasta la indignidad, propio de un sindicalismo doblegado ante la patronal, que no se atreve a plantear demandas de sus agremiados y que se limita a controlar la oferta de mano de obra en una rama o especialidad de trabajo y, sobre todo, que no ose aspirar a tener expresión política propia y se resigne a los postulados de la obsoleta encíclica Rerum Novarum.

Por eso el gobierno dio un golpe salvaje argumentado corrupción de los electricistas sin proceder penalmente, pues la denuncia no tenía asideros fulminantes. Si realmente esa era la justificación, porqué no se han prodigado más decretos para acabar con la corrupción que se da en otros sindicatos y en otros ámbitos. ¿Se puede acabar la corrupción por decreto? Si es así, porqué no se inicia por la casa propia. Sólo fue un pretexto para liquidar a un gremio que no le tenía afecto. Felipe Calderón se fue por el camino del decretazo sin sustanciar documentalmente la liquidación y sin buscar la participación legalmente establecida del Legislativo.

Bien o mal ejecutadas, el ciclo de las llamadas reformas estructurales se ha desgastado y se empantana por el embate del crimen organizado y la creciente militarización de su combate. Las fuerzas políticas que quieran asumir un rol dirigente en los próximos años tienen que pensar la reforma social que haga de la inclusión un principio de la convivencia nacional. Para esta orientación reformadora la derecha se ha autoexcluido. Por su parte, el movimiento de López Obrador ya dio un paso en ese sentido ¿Lo harán los demás partidos de izquierda? Incluso el PRI podría optar por asumir una posición reformadora si abrevara de su historia, sería un error de su parte considerar que su éxito futuro descansa exclusivamente en evitar la división interna. Sin abanderar causas sociales el PRI está liquidado.

Los agraviados

Cada día que pasa son más los mexicanos que se sienten agraviados por el gobierno en turno. Desde sabe qué medios adivinatorios le hicieron creer lo imposible, acceder a la Presidencia de la República. Desde entonces Felipe Calderón se volvió loco y el poder le ha servido para cumplir sus perversiones sádicas. Cómo disfruta la destrucción del país, le es placentero el sufrimiento de sus gobernados a los que ha agraviado desde que hacía campaña para presidente. Los volvió agraviar cuando no tuvo el valor de revisar el contenido de las urnas, además de no reconocer las formas chuecas de allegarse votos gracias a la colaboración de varios gobernadores norteños del PRI que nunca terminarán de lamentar su equivocación.

Nada más tomó posesión, FCH inició su estrategia que denominó guerra al crimen organizado, la cual colateralmente ha agraviado a mexicanos ajenos a la delincuencia organizada. La matanza generada no lo conmueve y el régimen de derecho no queda bien parado en esta estrategia. Como sádico consumado, pide comprensión y apoyo a los ciudadanos que aprecia como sus clientes masoquistas. Hace de la publicidad oficial una ostentosa y onerosa herramienta que por contraste hace más grande el sufrimiento de los agraviados que no se ven incluidos en los beneficios de la política económica, por la educación en declive, al igual que el sistema de seguridad social y de pensiones en degradación. Este sádico que se las da de gobernante es burlón, desfachatado, dice preocuparse por la obesidad que se extiende como enfermedad entre la población y les pide que coman sano. Se ríe a sus adentros porque sabe que los ingresos que tiene la mayoría de la población no alcanzan para cumplir una comida sana. Mala comida se realiza y no siempre tres veces al día pues en este país ya se hizo tradición saltarse una comida al día, verdad de Ernesto Cordero. Con secreto deleite ha disfrutado del incendio de una guardería y la muerte de 49 niños pues le regaló la gubernatura de Sonora a su partido el PAN. Con fruición ha decretado la extinción de la compañía de Luz y Fuerza y el cese fulminante de sus trabajadores echados a la calle. Todo un divertimento emocionante le ha parecido desalojar trabajadores en huelga minera de la socialmente heroica ciudad de Cananea. Eso sí, no está dispuesto a que ningún alto funcionario designado por él sea sometido por sus acciones u omisiones. La impunidad es la ley.

Lo que menos interesa es gobernar, no importando si el contingente de los agraviados sigue creciendo en número. De lo que se trata es operar la sucesión presidencial del 2012. Esto último es la conclusión más socorrida en la opinión de los medios impresos. Es muy probable que el pequeño grupo gobernante se salga con la suya, pues sólo quien maneja la ley en sentido faccioso, bordando por los extremos de las facultades metaconstitucionales puede hacer lo imposible, aunque nunca quede claro el para qué.

Confiar en que los procesos electorales por sí mismos detengan este abuso de poder es ingenuidad y ganas de repetir una variante del 2006. Ahora Enrique Peña Nieto sería el objetivo a descarrilar, como lo fue López Obrador, pero con una alianza PAN-PRD, que llevada a sus últimas consecuencias orientaría el voto en los estados gobernados por el PRD hacia el candidato de la derecha. Manlio Fabio Beltrones estaría en la ruta de la fabricación de una leyenda negra como la que marcó a Roberto Madrazo. Frente a esta variante hay otra opción. De lo que se trata no es de apoyar a tal o cual prospecto presidenciable, sino de restablecer la legalidad lesionada desde la misma autoridad para construir las avenidas hacia el bienestar que muchos mexicanos reclaman. Para alcanzarlo la movilización social es necesaria, que los políticos estén dispuestos a justipreciarla, a darle su apoyo. No es cuestión sólo de votos, sino de denuncia permanente hasta germinar una era de concordia entre los mexicanos. Al actual gobierno le vale un comino la situación lamentable que vive el país y sus habitantes.