Cadena Nacional

El martes por la noche, el presidente Felipe Calderón hizo público el proyecto para reformar a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Está dentro de sus atribuciones hacer propuestas al Poder Legislativo, el detalle está en saber hacerlas. Lo que se vio por las pantallas de televisión fue a una persona leyendo, por el auxilio del “telepromter”, la justificación y los contenidos de la propuesta que pretende modificar la operación actual de PEMEX. Esbozando una sonrisa que no venía al caso, entre nerviosa o burlona, se exhibió un Presidente aislado, que toma el púlpito ante un templo vacío, pues no se pudo convocar a esa sustancia mágica llamada pueblo, idiosincrásica del sistema político mexicano.

Fue el contenido del discurso, lo que se afirmó y lo que no hizo explicitó, un armado para la no credibilidad. Por un lado, allanarse a la legitimidad histórica del artículo 27 Constitucional que, por otra parte, su partido Acción Nacional siempre ha combatido. Al no proponer cambios a la Constitución la propuesta tomó el camino de las medias tintas. A poco el Presidente no tiene entre sus atribuciones el proponer cambios a la Carta Magna ¿Por qué no lo hizo? No porque no quisiera, nada más que su mandato no es suficiente para esas decisiones, el gobierno dividido es un escollo que ha dificultado cualquier intento reformador sino se da con antelación un trabajo para formar consensos y el caso de los energéticos es paradigmático.

Lo no explicitó en la exposición del Presidente durante esa noche anticlimática, fue la falta de una declaración llana y puntal favorable a la legalización de la participación de la iniciativa privada, que se escondió en el eufemismo de la flexibilización, cuando ese es el propósito de su reforma: el gobierno quiere incrementar la participación del capital privado en la industria petrolera. Así de claro.

Y hoy, este viernes, todos los medios están escandalizados por la toma de la tribuna de los recintos parlamentarios de Xicoténcatl y San Lázaro, operados el jueves después del mediodía, por los legisladores del Frente Amplio Progresista, en sincronía con el estallido de la resistencia civil. Sucesos ampliamente anunciados ante los cuales el gobierno no fue previsor. Peor aún, no tiene al secretario de Gobernación que le ayude a sacar la reforma de la zona de conflicto, es más, ha sido el mismo Presidente el que ha ayudado a Juan Camilo Mouriño para mantenerse en el despacho de Bucareli. Su otro brazo operador, Javier Lozano Alarcón, se encuentra exhibido ante la opinión pública por cobrar indebidamente intereses a una empresa televisora.

Sin ejercicio de autocrítica y autolimitado por la soberbia propia, desde el gobierno no se ejecutaron acciones para legitimar la toma de decisiones. Hay tramos de la propuesta de reforma dedicados a la transparencia, a la fiscalización, a la rendición de cuentas, que no son creíbles cuando no se ven acciones en ese sentido y algunos altos funcionarios, como los ya mencionados, disfrutan del privilegio de la impunidad. Pero es en el mismo PEMEX donde se pudo encontrar al personaje o grupo idóneo para hacer una nueva representación del quinazo (operación salinista que capturó al entonces poderoso líder sindical, Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, en enero de 1989) ¿Por qué no exhibir malos manejos de la paraestatal para legitimar la propuesta de reforma?

El gobierno se ha enredado y tal vez el PRI ya no esté dispuesto a secundarlo. Al menos, Manlio Fabio Beltrones lo pensará dos veces antes de convertirse en la Elba Esther Gordillo de Felipe Calderón.

Y en toda esta historia de errores, en el momento actual, en el hoy, una ausencia y su silencio: Raúl Muñoz Leos. Un capítulo no revisado, que se compone con el libro del ex director de la paraestatal y la denuncia en su contra por parte de la administración calderonista. Ese capítulo podría resultar esclarecedor.

¿Populismo?

Se decía aquí el viernes, que el gobierno de Felipe Calderón montaba una estrategia para restar fuerza a los grupos opositores de la reforma petrolera, los que tienen plan de movilización social: el Frente Amplio Progresista e intelectuales que lo acompañan. En ese entendido no es casual que el gobierno haya relanzado su política social el domingo 6 de abril desde el estado de Chiapas, adoptando los disfraces y las ceremonias que en el pasado tuvieron otros presidentes cuando de acercarse a las comunidades indígenas se trataba: la clásica foto del converso Chamula –en este caso el presidente Calderón- al que se le entrega el bastón de mando. La nota ya la había anticipado El Universal, consignándola como el “plan solidaridad” del actual sexenio. Y aunque se reiteraron las propuestas programáticas ya conocidas, el discurso presidencial se empeño en repetir una expresión para enmarcar su reiteración: Vivir Mejor.

La Jornada le dio ocho columnas: “La política social, eje del resto de mi gestión, promete Calderón”. Se ve como un acto desesperado, pues en el guión original estaba la ofensiva contra el crimen organizado, que con todo lo desplegado hasta hoy no reditúa en popularidad, en arrastre. Es más, el combate ha pasado de las ejecuciones al combate cuerpo a cuerpo entre las fuerzas de seguridad y las bandas delictivas. Vinieron las primeras reformas (fiscal, electoral, Issste) y se creyó oportuno entrarle a la modernización de PEMEX sin avanzar en los obligados trabajos de consenso.

No se hizo bien la tarea y ahora se quiere arropar la reforma petrolera con la política social usando una receta salinista que tiene, de inicio, un mal manejo de los tiempos. En efecto, para Carlos Salinas de Gortari la urgencia por hacerse de una legitimidad no conquistada en las urnas, lo llevó a establecer el Programa Nacional de Solidaridad, entre otras medidas, lo hizo desde el inicio de su mandato y de ahí en adelante construyó la base social para operar las reformas que realizó.

Ahora, el gobierno de Calderón hace las cosas al revés, primero hace reformas, se le atora el planteamiento de la reforma en PEMEX y recurre al expediente populista tan criticado por él. Pero lo peor es que no se ha enmendado los errores en la comunicación pues la opinión publicada tiene más dudas que certezas sobre los propósitos reformadores. Sintomático resulta que dos intelectuales tan distantes, como Arnaldo Córdova y Enrique Krauze, el pasado domingo coincidieran desde sus respectiva trinchera en la percepción, en la sensación de engaño. El gobierno no se ha conducido con claridad.

Atrapada, la actual administración federal se siente obligada a soltar recursos públicos para garantizar el apoyo de sindicatos poderosos, de organizaciones campesinas y de los que menos tienen. La decisión parece tardía. Sería bueno saber si esos recursos provienen de la actual renta petrolera, qué tanto modificar las reglas de gestión en la paraestatal limitará, en el futuro, la continuidad de los apoyos que hoy constituyen la política social.

El anuncio del domingo, como decisión retrasada, tiene su anuncio complementario. Según Milenio Diario, “Las Fuerzas Federales de Apoyo se encuentran listas para contener a las brigadas de Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión.” Esto se desprende de la conferencia de prensa ofrecida el día de ayer por el secretario Genaro García Luna.

O sea, la reforma de PEMEX, el proyecto, va camino al Senado. Previamente endulzado...sin desprender lo amargo.

Reforma petrolera

Por medio de una reducción al absurdo, la reforma energética tiene el esqueleto de una reforma petrolera. López Obrador ha contribuido a formar este debate al denunciar la privatización de Petróleos Mexicanos sin documentarla. Felipe Calderón ha contribuido a formar el debate al no presentar proyecto de reforma. De un lado se tiene una posición, del otro, un ejercicio para inducir. De ambos lados se encarece la objetividad, uno porque exhibe intereses de los beneficiarios anticipados de la reforma, el otro bando porque oculta intereses. Para decirlo con el título de Rolando Cordera y Carlos Tello Macías, se trata de la disputa por la nación.

Una probada de lo que viene fue la presentación del diagnóstico de PEMEX hecha por los funcionarios del actual gobierno federal, ante los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados el pasado miércoles. Georgina Kessel y Jesús Reyes Heroles González Garza fueron apabullados. El diálogo fue algo más parecido a una sesión de tortura. Nada definitivo, ni premonitorio, solamente una urgencia por definir los términos del debate en función del haz de opiniones que se forma y que aun no tiene el corte transversal que lo contenga.

Conviene distinguir niveles y participantes del debate. Uno es el técnico financiero del cual forman parte del lado oficial los ya mencionados y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Por parte de la oposición destacan David Ibarra, Rogelio Ramírez de la O y Francisco Rojas. Otra arena del debate ha quedado oscurecida, la de los ingenieros petroleros y geólogos, no se ve hasta ahora al Instituto Mexicano del Petróleo y a los Institutos de investigación superior. Aquí se encuentran dos niveles el debate serio y objetivo que ha solicitado el presidente Calderón y del que se tendrían que nutrir los legisladores, que son actores que condensarán y concluirán el debate para efectos de un nuevo arreglo petrolero. Estos son los niveles privilegiados del debate que exigen mayor ventilación pública y a los que el ciudadano debería dar mayor atención.

Debajo de la superficie del debate se baten los intereses. Unos que ya están dispuestos a emerger, como el de los gobernadores o el de las organizaciones empresariales, otros que preferirán mantenerse fuera de foco, es el caso de las empresas especializadas en los negocios petroleros y que son posibles beneficiarias de un nuevo arreglo.

Los medios, por extensión los periodistas, no son actores del debate pero están al servicio de ideologías, de intereses o del mismo gobierno, por lo que juegan un papel destacado en la inducción de la opinión pública.

De seguro todos se envolverán bajo la bandera del interés superior de la nación y se definirán como los mejores defensores de la soberanía.

¿Se mantendrá la incipiente movilización social promovida por el FAP? En los hechos, el gobierno restará fuerza a la movilización alcanzando negociaciones paralelas. Acordando con el Sindicato de los trabajadores petroleros como ya la hizo con el SME, con la mesa campesina que está en sesión permanente y con la mesa magisterial en la que se cocinan los nuevos beneficios para el SNTE y su líder vitalicia, Elba Esther Gordillo.

Todavía no hay reforma y el pastel ya se está repartiendo.