A nueve meses del cambio de
gobierno el statu quo neoliberal tiene las vísceras revueltas y defiende
sus intereses a pesar de que vaya en contra ellos. La correlación de fuerzas
sigue siendo favorable al proyecto de nación del presidente López Obrador y su
movimiento extendido más allá de la organización partidista MORENA. Partido
que, por cierto, queda a la zaga del accionar presidencial.
La actual correlación de fuerzas,
desde el vector de la relación gobierno-empresarios, se desprende porque no se
ha roto la convención del orden macroeconómico, lo que ha evitado la estampida
de capitales que algunos agoreros no se cansan de anunciar. Se han equivocado,
el clima favorable para los negocios se mantiene.
El gobierno de izquierda ha
sostenido la bandera de la austeridad hasta convertirla en ley. Una bandera de
los monetaristas que el obradorismo ondea con una modulación diferente, para
impulsar su política distributiva. La política de austeridad tiene como
principio la racionalización del gasto público para que este sea más eficiente
y eficaz. Austeridad que entre nuestros liberales autóctonos se convirtió en
ficción, simulación. El derroche, el vil saqueo era la norma. López Obrador
quiere alcanzar lo que otros no pudieron, optimizar los recursos públicos para
hacerlos factor de desarrollo.
Son varios los obstáculos, de
principio, disponer de un presupuesto de egresos básicamente diseñado por su antecesor,
así como la deuda pública heredada. Un aparato público que arrastra inercias patrimonialistas
y la incompetencia del aprendizaje de inicio. Todo esto se resume en una tarea,
desmontar el sistema de saqueo de la riqueza pública. Esto es complicado porque
están entretejidos el interés público con intereses privados. Por eso se
cumplieron especificaciones para dejar cancelado el proyecto aeroportuario de
Texcoco. Por eso se ha solicitado arbitraje para modificar contratos, es el
caso de los gasoductos. Los contratos no están escritos sobre piedra, son
modificables y así se han modificado en múltiples ocasiones, para subir el
costo de estos y así “legalizar” la corrupción. Por eso está peliagudo
interponer denuncias.
No pasa semana sin que ocurran
reuniones entre Andrés Manuel y empresarios para redefinir que le toca a cada
interés, aunque en la Constitución está muy claro. A veces el resultado de una
reunión en particular no es el esperado, el caso de la infraestructura de CFE
que se puso a consideración de los empresarios para que ellos extendieran el
servicio de internet a todo México. No hubo acuerdo y la empresa del Estado ya
estableció su propia empresa para facilitar el servicio.
Así como hay encuentros también
se dan desafíos abiertos a la 4T, el hijo de un famoso empresario y el
protagonismo del actual dirigente de la Coparmex, por ejemplo, todos los días
hacen público su desacuerdo con el gobierno y llegan hasta ventilarlo en
tribunales iniciando procedimientos de amparo. Se escudan en el combate a la
corrupción y a la impunidad, pero son defensores del sistema que alentó la
corrupción y la impunidad.
Aquí no se agota la correlación
de fuerzas, lo dejamos como materia de otro artículo.
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