“En la situación en la que se
hallaban las cosas, sentía que todo el nervio, toda la habilidad de un ministro
y un hombre de Estado consistía en desempeñar bien las funciones de alta
policía”
Fouché (duque de Otranto)
Tras el desalojo de maestros la madrugada del 21 de mayo recién de
la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta
entonces ocupada por profesores disidentes. La policía federal dispuso el
regreso de los docentes a sus respectivas entidades de origen proporcionándoles
autobuses para su traslado. El conflicto magisterial entró en pausa, en tiempo
de deliberación al interior de las partes en discordia.
También es tiempo de volver a
situar la actual coyuntura en el eje diacrónico de sus antecedentes. Para ello
hay que partir de un principio de esclarecimiento: se trata de un asunto
político con solución política, puede tratarse de un acuerdo o el escalamiento
de la represión gubernamental. La llamada “reforma educativa” es, para decirlo
en sus términos, un acto consciente por parte del Estado para regimentar al
magisterio.
El asunto es político porque los
profesores han sido una alianza y un apoyo para los gobernantes en turno. Sus
relaciones se acuerdan periódicamente con el presidente de la república, a
dichos acuerdos se ajusta el marco normativo. Acuerdos en los que la educación
es negociada al tenor de las condiciones generales de trabajo entre gobierno y
sindicato.
Cuando Carlos Jongitud Barrios
ascendió a la dirección del SNTE en 1974 su liderazgo duró casi 15 años. Sirvió
a Luis Echeverría, a José López Portillo y a Miguel De la Madrid, con quien
inició el ascenso de la disidencia magisterial y se engulleron la revolución
educativa de Jesús Reyes Heroles. Jongitud y su grupo llamado Vanguardia
Revolucionaria fueron funcionales hasta que llegó a la presidencia Carlos
Salinas de Gortari. En 1989 defenestraron al dirigente sindical,
presumiblemente porque no dio buenos resultados al PRI en la justa electoral de
1988.
Entonces se encumbró a Elba
Esther Gordillo pero no se modificaron arreglos que acumulaban prestaciones a
la par con el deterioro educativo. Y el magisterio le dio la vuelta y domó la
descentralización educativa de Salinas. El remedio resultó peor que la
enfermedad. Después, la profesora pudo sobrevivir al sexenio de Ernesto
Zedillo, con quien mantuvo distancias. Llegó Vicente Fox, después Felipe
Calderón. Entonces Gordillo Morales se convirtió en secretaria de educación de
facto, ocupando espacios en la SEP a cambio de entregar rendimientos
electorales al PAN, tal como había sido en el priato, pero con más poder.
La llegada de Enrique Peña Nieto
en el 2012 quedó comprometida a una serie de acuerdos con el Consejo
Coordinador Empresarial, de entre ellos, el que vendría a sustituir el acuerdo
histórico con los maestros. De ahí en adelante, en el 2013 se aprehende y
recluye en prisión a Elba Esther y se inician los trabajos de la “reforma
educativa”. Como se ve, el asunto es político de principio a fin, antes que ser
educativo se procura la regimentación del profesorado.
No se puede afirmar si
hay un nuevo acuerdo por realizar con el fin de atemperar a las partes o si el
gobierno opte por una política represiva. Por los pronto, el impasse bien puede
durar hasta conocer los resultados de las elecciones del 5 de junio.
Un ejemplo del arreglo, del
acomodo perverso entre prestaciones y proceso educativo han sido los llamados
comisionados del sindicato. Destaca el caso de Humberto Moreira, quien por 30
años de “servicio” (sólo tres de docencia) se le concedió una pensión que
rebasa por mucho los estándares actuales de la CONSAR.
La contradicción inocultable es
que mientras el gobierno quiere encuadrar al magisterio, al mismo tiempo es
incapaz de hacerlo con los políticos estableciendo un feroz y punitivo sistema
anticorrupción. Promueven el linchamiento de los profesores que vandalizan la
vía pública, al tiempo que protegen a los políticos que vandalizan las arcas
públicas, de la mano de empresarios sin escrúpulos.
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