jueves, 24 de enero de 2013

La disposición del poder cuestionada


Las condiciones en las que se postró a México en doce años de gobiernos panistas han llevado al nuevo gobierno a reconfigurar los circuitos de poder de la política-política y sus límites legítimos y legales de acción.

Primero, la vocación de conjuntar a la clase política partidista en un acuerdo de propósitos de país, el Pacto por México. Restablecer los intercambios directos y públicos que se dan entre los poderes formales y los niveles de gobierno, para de ahí despejar en el ámbito de la política las reformas. De manera característica la operación legislativa para la reforma laboral, que tendrá que dar muestra  de sus bondades o pasará a la historia como una reforma que encareció los derechos de los trabajadores en beneficio de los patrones. También la reforma a la educación con un fondo eminentemente político, recuperar la rectoría del Estado en la materia y confinar la influencia de la organización gremial de maestros a la administración de los derechos laborales, sin interesarse por decapitar al sindicato.

Segundo, esta reconfiguración ha incomodado a ciertos poderes fácticos mal acostumbrados en calidad de interlocutores privilegiados, casi únicos, de la presidencia de la república. Desde su cúpula de cúpulas se preguntaron ¿Por qué no nos invitan? En el Pacto por México no está representada la sociedad o sea ellos, los empresarios. Si algo ha fallado desde el inicio del proceso reformador es el desarreglo de una clase política que al hacerse plural optó por el escándalo mediático a costa de su débil prestigio, desarreglo finamente aprovechado por la cúpula mencionada. El mensaje me parece claro y sano: zapatero a tus zapatos, los políticos a la política y los empresarios a los negocios. No se puede tener un poder compartido entre quienes tienen responsabilidades públicas y quienes sólo buscan realizar su interés particular, considerar ese maridaje como deseable y legítimo no es democrático.

Se ve claro como ahora que el nuevo gobierno dispuso no dar exhibición mediática a la delincuencia, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego – a través de Televisa y TV Azteca, también los satélites- han tomado la estafeta calderonista y se convierten en los mejores propagandistas del crimen organizado. Lo que callaron ahora lo exponen como deficiencia del gobierno en turno, procurando no tocar a su compañero de ruta Felipe Calderón. Posición táctica que está en la expectativa de que el gobierno se rinda totalmente a sus caprichos: controlar monopólicamente las telecomunicaciones que de origen son un servicio público concesionado por el Estado.

No es otro cariz de descalificación de los poderes públicos el que toma la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio pauta a la liberación inmediata de la francesa Florence Cassez. Lo que discutió la Corte no fue la inocencia de la susodicha, lo que se puso a juicio fue la ilegalidad con la intervino el Ministerio Público. Si queremos que nos rijan las leyes las autoridades son las primeras obligadas en acatarlas, es un principio de orden que se debe extender en su aplicación para otros casos. Pero el proceso torcido incluye la actuación del entonces presidente Calderón, que por un lado concedía extradiciones solicitadas por los Estados Unidos para llevar a su territorio a miembros del crimen organizado y por el otro se negó, contraviniendo acuerdo internacional suscrito por México, a extraditar a una delincuente para que purgara su condena en su país. El resultado no es agradable, Cassez está libre gozando de cabal impunidad.

Tarde o temprano, Felipe Calderón tendrá que rendir cuentas al Estado Mexicano, digo, si el actual gobierno quiere afirmar su autoridad.

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