martes, 30 de octubre de 2012

Estatizar a los funcionarios públicos



Por el año de 1992, si mal no recuerdo, el entonces secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, soltó una ingeniosa y provocadora expresión a propósito del fortalecimiento de la economía de mercado en México. Palabras más, palabras menos, dijo que había que privatizar a los empresarios. Dicho en el supuesto de que los empresarios deberían fundar su éxito en la aceptación de la libre competencia y no en función de los apoyos o incentivos económicos provenientes del Estado.

Después de doce años de “panato” y su fracaso por “empresarializar” la función pública, improvisando la gestión privada como modelo para gestionar los asuntos y servicios públicos, trayendo como consecuencia la utilización de la función pública en función del interés privado de los funcionarios –léase corrupción- es oportuno plantearse estatizar a los funcionarios públicos.

Que los altos funcionarios asuman el compromiso de que el puesto público no es medio para realizar negocios privados de quien ostenta el cargo. Y para cuando se concluya una encomienda en el servicio público se prohíba la utilización de la información adquirida para hacer negocios personales o la prestación de servicios a empresas del ramo.

Tener el cuidado de que, por dar un ejemplo, quien haya sido funcionario de Agricultura se contrate a una trasnacional agroalimentaria, de que si se sirvió al sector público de la energía con toda facilidad ofrezca sus servicios profesionales a una corporación privada de energéticos.

Parte del combate a la corrupción es combatir ventajas adquiridas en el servicio público para desempeñarse en la iniciativa privada. Será tal vez necesario restablecer el límite entre el empeño profesional dentro del sector privado y el desempeño como servidor público (la alta burocracia del sector Salud es un ejemplo)

No es fácil someter el maridaje que suele ocurrir en el cultivo simultáneo, en una misma persona, de la actividad empresarial y el servicio público. Hay que redefinir los límites entre la actividad empresarial y el servicio público. Entre el empresario y el político. Desterrar la leyenda de que un político pobre es un pobre político. O aquella expresión ufana y reciente: hablo como empresario pero les recuerdo que también soy político (Miguel Alemán Velasco)

Ante el deterioro de las instituciones que ha significado el abandono del paradigma de la revolución mexicana, se está en el horizonte de instituciones orientadas a postular y realizar una función pública eficaz e incorruptible. Planteamiento que en sí mismo no es productivo en las parcialidades de los partidos, perdón por el pleonasmo, sino en el entendimiento de un acuerdo nacional capaz de expresar el interés general.

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