El regreso del Partido
Revolucionario Institucional para tomar las riendas del Ejecutivo y del aparato
de la Administración Pública Federal, fue ordenado por los electores el primero
de julio pasado. Ello fue así porque la ciudadanía decidió castigar de manera
contundente e inobjetable al Partido Acción Nacional. Estaremos por confirmar
si el PRI responde al nuevo desafío que le obsequia el destino. Felipe Calderón
decepcionó y el PRI se benefició de esa decepción. Lo mismo ocurrió en
gobiernos locales como el de Leonel Godoy en Michoacán, o el de Amalia García
en Zacatecas.
No es el fraude, ni la compra de
votos lo que explica el regreso del viejo partido. El Tribunal Electoral no
encontró pruebas de que así fuera y pronto el mismo Trife dará por concluido el
proceso electoral 2012.
A partir de esta conclusión, los
retos de Enrique Peña Nieto se antojan muy cuesta arriba no por la legitimidad
electoral, sino por el país que recibirá. La primera línea de acción que se
destaca está trazada en el tema de la rendición de cuentas: la formación de una
comisión anticorrupción, ampliar los alcances de la Ley Federal de Acceso a la
Información a gobiernos estatales y municipales y una nueva regulación materia
de publicidad gubernamental. Propuestas que en su simple enunciación no
conforman de inicio un abierto rechazo. Su consenso es factible.
En el frente internacional, el
nuevo gobierno tendrá que corregir el desequilibrio que se ha dado en la
relación con los Estados Unidos, la obsequiosidad de los últimos gobiernos ha
sepultado el nacionalismo y esa condición les encanta a nuestros vecinos, por
eso admiran y reconocen a Felipe Calderón. Les preocupa que esa relación
ventajosa se modifique por lo que regatearán con todas sus mañas un arreglo
semejante con Peña Nieto.
Otro reto será el de establecer
una política social que realmente combata la pobreza y disminuya las
desigualdades. Desde que se clausuró el Estado Benefactor sustentado en la
legislación laboral y el reparto agrario, su sustitución por la llamada
política social en consonancia con la apertura comercial no ha hecho más que
deteriorar el tejido social. Aquí se encuentra la principal fortaleza de la
izquierda que impugnó las elecciones y es en esta línea de política pública que
el nuevo gobierno tendrá que responder.
No menos importante, asaz
dificultoso, es el reto de ordenar a los grandes empresarios, la banca
incluida, para que moderen sus propios intereses en beneficio de las mayorías.
Esto puede sonar como un regreso al pasado, pero la verdad es penoso el apocamiento
de la autoridad frente a los empresarios. Como se achaparra el gobernante ante
la industria minera o a los negocios de las telecomunicaciones, por dar sólo
dos ejemplos. Con la ley en la mano la autoridad del Estado tiene que volverse
a ubicar por encima de los gobernados para garantizar los beneficios de vivir
en un Estado de derecho, entre los beneficios está el de la seguridad.
El PRI regresa, como es evidente, a gobernar
con una realidad distinta a la que facilitó su hegemonía en el pasado, no puede
desechar la conquista de la libertad de expresión. El expediente autoritario lo
tiene prohibido. Pero no sólo es cuestión del gobierno nacional, el reto será
convencer a los gobernadores a que adopten un compromiso con el conjunto de la
nación y que no se asuman como una excepción balcanizante. Sin el
acompañamiento de los gobernadores los alcances del nuevo gobierno quedarán
limitados de inicio.
Este es el conjunto de retos que
a mi parecer, en las fuerzas que lo representan, han significado el descontrol
poselectoral en particular y la ingobernabilidad de una transición que perdió
conducción.
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