Lo días de gestión “gubernamental” le han sido y le seguirán siendo persistente tribulación a Felipe Calderón. Como conductor improvisado del país, los guiones que le acomodan para sus presentaciones, ya sean oficiales o para el mundo del espectáculo, no siempre han coincidido con la Constitución. La “ley” del mercado y las “Tablas de la Ley” son convenciones muy poderosas en el magín de Calderón, ante las cuales se somete no importando si traiciona el juramento constitucional que hizo cuando rindió protesta como presidente de México.
Para los tiempos políticos que nos rigen, el gobierno y su responsable máximo incursionan en una zona de ambigüedad que no es diferente a la que han tenido todos los presidentes de México en el siglo pasado: afrontar o diferir autoritariamente la sucesión presidencial (es el caso de Porfirio Díaz) y conducir a su feliz término la administración en turno. Esto segundo debería ser el enfoque de tiempo completo de Calderón: asegurarse de que los programas gubernamentales cumplan sus objetivos, que el presupuesto no sea desviado de los fines por los que le fueron autorizados por el Congreso y, lo más importante para todos los gobernados, devolverle la paz a México.
Ahora es cuando el presidente debe ofrecer garantías de no intervención en la sucesión presidencial, ya a favor de su partido o a favor de un presidenciable, sea o no de su partido. Él no es cualquier ciudadano y no puede escudarse en su derecho como tal, que se limite a ejercer su voto el día de las elecciones. Equivocarse ignorando las advertencias que ofrece el pasado y disponer la institución presidencial para operar el retroceso por él tan temido no será agradable para nadie.
Para señalar las últimas sucesiones: Un mal manejo de la sucesión la padecimos en 1994. Otro mal manejo en el 2000 nos trajo la alternancia pero se perdió el dinamismo económico del país. Y en el 2006 qué decir, un mal manejo de la sucesión polarizó al país. Está dispuesto Calderón, por su capricho, a llevar a México a la repetición combinada de magnicidio, sin crecimiento económico requerido y polarización social.
No vale aquí la bravuconada que mantiene FCH frente al crimen organizado, en la que afirma que él no se deja. No están las cosas como para consentir actitudes machistas. Desgracia para la ciudadanía y la democracia en México es que la fuente de la actuación valentona del presidente está pautada por los poderes fácticos, internos y externos, que en este siglo XXI han sido los verdaderos tomadores de decisiones.
Sé, que como Rosita Alvírez, el presidente no entiende de razones. Eso no me impide denunciar su creencia de que la ley del mercado está demostrada cabalmente y es eje inconmovible del orden social. Es una convención que justifica el libre mercado, pero no está en la naturaleza de la economía, sus imperfecciones nos dicen mucho acerca de que el mercado, dicho vernáculamente, es también la pinche transa. No existe un mercado sin fraudes tolerados, información privilegiada, concesiones a modo, concentración monopólica, exento de subsidios, empresas informales, competencia desleal que tira por los suelos la perfección de la puja entre la oferta y la demanda (El Fobaproa es demostración palmaria de que el mercado es asistido por el Estado, consintiendo la utilización perversa de los ahorros del público) El Estado Social está ahí para eso –nuestra Constitución lo postula- para contener los abusos del mercado. De otra manera, afirmar que el mercado obedece a una ley natural es dar rienda suelta a la delincuencia y se promociona la revuelta social que, dicho sea de paso, no son lo mismo.
Ojalá que los ricos mexicanos fueran como Warren Buffet, quien propone en los Estados Unidos que le cobren más impuestos a los que más tienen.
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