No es dentro de seis meses. Es el año que inicia después del próximo domingo 3 de julio. Doce largos meses que deberán concluir con un proceso electoral ejemplar el primer domingo de julio del 2012.
El camino se encuentra con obstáculos que se tienen que remover. Si no ocurre algo extraordinario, el lunes 4 amanecerá el país con una fuerza política fortalecida, el Partido Revolucionario Institucional, que tendrá que hacer un juego de precisión relojera para que posiciones dentro del gobierno federal y los partidos adversos al PRI se mantengan en la frágil disposición de acatar reglas y cumplir acuerdos. Que no se recurra al chantaje o a la cooptación, que el gobierno cumpla con sus obligaciones y los partidos sean fieles a los principios que les dan fisonomía característica, expresión de pluralidad. Es momento de fortalecer al árbitro, al Instituto Federal Electoral.
A ese objetivo se llega con dos acciones. La primera es completar la novena de consejeros electorales que componen la directiva del IFE, bajo el principio de que los nombramientos faltantes por parte de los legisladores deben ser congruentes con la representatividad de las fuerzas políticas en San Lázaro y sin concesiones a los poderes fácticos. Es inaceptable que no se dé un equilibrio que corresponda con el peso de cada fuerza política. Es inaceptable que un posible consejero sea visto como representante de un poderoso medio de comunicación.
La otra acción, no menos importante, es que todas las autoridades de gobierno y los partidos le den su voto de confianza al IFE para que disponga los lineamientos que considere reditúen en una mayor equidad electoral. Si ello exige condicionamientos a los radiodifusores y concesionarios de televisión, los políticos tienen que apoyar al IFE de manera contundente. Los medios no pueden convertirse en actores de los procesos electorales, ni aprovecharlos vilmente como un negocio más, la cobertura de campañas no tiene que reflejarse en las arcas de las empresas de radio y televisión. Las elecciones son un asunto público con el que no se vale el lucro privado. Si en el pasado Emilio Azcárraga Milmo se decía soldado del PRI, era válido en tanto definición política de un ciudadano. Pero que ahora los políticos se asuman como siervos del Emilio Azcárraga Jean, eso es ya degradarse como servidores públicos que son, mientras el dueño de Televisa bien haría en definirse abiertamente en cuanto a sus predilecciones políticas, incluso adquirir una militancia si le apetece, pero no fingir neutralidad política al tiempo que se quiere sacar raja económica del sistema electoral y de partidos.
No a la telecracia, sí a la democracia.
Otro de los obstáculos y de mayor riesgo, es el debilitamiento de la presidencia de la república. El desgaste del enfrentamiento en contra del crimen organizado, sin el acompañamiento de medidas sociales y de salud (rebasar por la izquierda se dijo en los primeros meses de la actual administración) así como la indebida utilización político electoral de la estrategia anticrimen han puesto a la presidencia en confrontación con la sociedad civil y con los poderes formales. El desastroso intento por llevar a la cárcel a Jorge Hank Rhon, fue una decisión tomada que exhibió la disminuida fuerza del presidente y que lo mantiene públicamente en la condición del que no pudo. No sólo encareció los acuerdos con la primera fuerza política de la oposición, sino que innecesariamente desplegó lanzas en contra del Poder Judicial.
Felipe Calderón se ha encargado de disminuir sus capacidades que como detentador del Poder Ejecutivo tiene. El tiempo sexenal declina y el margen de maniobra se reduce, hasta los aliados del principio ya quieren mirar para otro lado, es el caso de Elba Esther Gordillo, su partido y su sindicato. La preocupación por el injusto rasero de la Historia es reconocida por él mismo. Todo eso se puede revertir en un temido juicio de la Historia si desde ya Calderón colabora a no partidizar su gestión en el último año. Es decir, que no se asuma como jefe de su partido. Mejor aún, la estima sobre sus años al frente del gobierno se modificaría positivamente si alcanza resoluciones que atiendan con efectividad y generosidad las demandas del movimiento por la paz con justicia y dignidad.
De todo esto veremos en el año que ya está encima.
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