A la lista de problemas y conflictos que inundan la desordenada gestión de la administración del Lic. Felipe Calderón, se calienta una disputa que va con el joven siglo y que se concentra en la rebatinga por las telecomunicaciones. No hay bando al cual irle, ni al del hombre más rico de México, ni a los montoneros que azuzan Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. Nada bueno puede esperar el consumidor. Bien señala Pepe Carreño Carlón que no se trata de perderse en el anecdotario de las “telebancadas”.
Enterarnos de los abusos que practican unos y otros en el mercado de las telecomunicaciones, que hoy se exhiben en desplegados y comunicados a la prensa, pueden resultar jugosos para alimentar inquinas sobre los prestadores de servicios: Telmex, Telcel, Televisa, TV Azteca, las cableras, Iusacell, Nextel, Unefon y demás empresas que lucran con las concesiones que les otorga el Estado. Pero estas batallas por las telecomunicaciones desnudan realidades que son expresión del estado real que guarda la nación en cuanto a instituciones de gobierno y de funcionamiento capitalista.
La autoridad federal, representada por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y la de Economía, se hace invisible ante la disputa. No hay pronunciamiento presidencial que aclare las cosas. Por su parte, el aparato alterno de las ya devaluadas entidades que se crearon en los últimos años para hacer sombra a la autoridad responsable en diversos campos de la administración pública, en este caso las de Competencia y Telecomunicaciones, ha demostrado su inutilidad, su vulnerabilidad ante los intereses que les corresponde arbitrar y someter. Elefantes blancos para una burocracia exquisita. Institucionalidad fallida que no es ajena a la hegemonía ideológica que impusieron Reagan y Tatcher a nivel mundial en el último tercio del siglo pasado.
Por lo que respecta al capitalismo desarrollado en esta tierra, el criollo, eso de la economía de mercado y su ineluctable ley, son una verdadera leyenda urbana digna de crédito en la mayoría de las columnas que escriben sobre finanzas. Sobre todo si se trata de grandes empresas, cuya constitución y apalancamiento siempre ha estado asociado con la intervención arreglada con el presidente o la autoridad en turno. Lo que vemos en la batalla por las telecomunicaciones es una bravata dirigida a conseguir el favor del gobernante. El consumidor es lo de menos, la ley es manipulable. La riqueza de tal o cual empresario, que ha podido amasar fortunas inmensas, han contado con el padrinazgo de tal o cual presidente de la república.
El hoyo en el que nos han metido las élites política y empresarial se horadó con una malhadada combinación de apertura comercial y capitalismo de los compadres, acompañado de una propaganda insidiosa hacia las instituciones del Estado. Empeorar al país ha sido posible: no tenemos un mercado capaz de generar los empleos y el consumo que es representativo de una economía desarrollada. Tampoco tenemos el Estado capaz de imponerse a los intereses parciales que doblegan el interés público, de formular arreglos de largo plazo.
Para terminar de descomponer las cosas, ha florecido una democracia electoral disfuncional frente a los problemas nacionales, con políticos entretenidos, absortos en lo electoral, que asumen sus responsabilidades en la medida que lleven a una traducción en votos favorables, optando las más de las veces por el camino de la traición a la palabra empeñada.
En este proceso de podredumbre, las batallas por las telecomunicaciones son un frente de una guerra de mayores implicaciones, la guerra por la viabilidad del Estado mexicano -que sin ser declarada y menos reconocida- va debilitando con parsimonia y escándalo a este país.
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