A nueve días después del primero de mayo, el gobierno se acordó de pequeña y significativa porción de los trabajadores mexicanos, los electricistas de la empresa en liquidación Luz y Fuerza. No lo hizo a través de su secretario del trabajo –Javier Lozano- sino con el concurso de un subsecretario de gobernación, Roberto Gil. Esta intervención gubernamental no la movió el interés por establecer una relación constructiva con el movimiento obrero, eso no ha pasado por la mente de los funcionarios. No, lo que motivó la convocatoria fue el temor, no dicho, de un desenlace fatal de la huelga de hambre iniciada por electricistas que fueron separados de su fuente de trabajo.
La huelga inició el 25 de abril del presente año instalándose en el zócalo de la ciudad de México. Los trabajadores adoptaron esta medida extrema para recuperar sus puestos de trabajo con la certeza de que el gobierno no fundamentó con la verdad su procedimiento legal en contra de cuarenta mil trabajadores. Esto es, la Suprema Corte está capacitada para revertir el decreto de extinción de Luz y Fuerza. Tal vez el hecho mismo de la huelga no influya en la decisión de los magistrados que tarde o temprano tendrán que adoptar. Pero si es seguro que la huelga de hambre, que insidiosamente se ha tratado de descalificar o de ignorar en la mayoría de los medios, es un recurso de los trabajadores que incide en el desprestigio que ha venido acumulando el gobierno y que eufemísticamente le llama mala prensa.
Roberto Gil le pide a los huelguistas que sean sensatos, que desistan de su proceder irracional que atenta en contra de sus vidas, que no se dejen llevar por liderazgos que no traen nado bueno. Que reconsideren su actitud pues el gobierno está dispuesto a encontrarles ocupación como sí la justificación de sus puestos de trabajo realmente hubiera desaparecido. Vaya que no. El domingo y lunes que acaban de pasar, la ciudad de México se vio azotada por apagones en diversas colonias, falta de suministro eléctrico que los capitalinos padecen ya con regularidad. La empresa de clase mundial a la que se le encargó mantener el servicio (Comisión Federal de Electricidad) le ha sacado la vuelta a la responsabilidad subcontratando compañías que parecen operar a ciegas, que no conocen a fondo la tarea para la cuales las contrataron. A siete meses del decreto de liquidación los afectados se multiplican, pues ya no son los electricistas y sus familias, sino la población del Valle de México. Población que a la hora de votar en el 2012 será devastadora para la permanencia del partido en el poder y que ni para remedio le servirán los ochenta mil aplaudidores de la Concanaco que comenta en su columna de Reforma Miguel Ángel Granados Chapa.
Insensata e irracional ha sido la postura ideológica del gobierno cuando se postula como personero non de las fuerzas del mercado y se aparta de sus responsabilidades de Estado, como lo es la de gobernar para todos. Hay nerviosismo en el gobierno cuando su máximo representante tiene que enfrentar la rechifla de los ciudadanos que no entienden del espiritismo de las señales del mercado y sí sienten la crudeza del desempleo y de la inseguridad que tiene su expresión más retorcida en los daños colaterales.
El gobierno tiene, además, una presión adicional no menos importante, ni menos poderosa, la que proviene del gobierno de los Estados Unidos y que sí vela por sus intereses estratégicos. Intereses que quieren asegurarse de dos cosas: que Andrés Manuel López Obrador efectivamente sea un cadáver político y que el PRI no regrese a Los Pinos. Para ello a puesto a un embajador, Carlos Pascual, intervencionista sin ambages, con la firme intención de mantener a los lacayos hasta que el pueblo de México disuelva su identidad soberana.
Por eso preocupa al gobierno de Calderón la huelga de hambre de los electricistas, que se convierta dicho movimiento en la gota que derrame el vaso de los descontentos acumulados.
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