Es cosa nada más de preguntarse ¿Qué tipo de Estado hemos perfilado en México en los últimos veintiocho años? Un Estado más ligero en su intervención material, ausente de su papel mediador de los conflictos, que reduce sus compromisos en las pensiones de los asalariados, que desconoce el carácter de ley de los contratos colectivos de trabajo, un Estado dispuesto a perder el monopolio de los recursos naturales, que les da menos restricciones formales a los pobladores del campo para finalmente migrar o incorporarse a las bandas criminales, a facilitar los flujos comerciales como si estos realmente se desplegaran en un juego limpio (sin fraudes o sin información privilegiada provista por la corrupción) que por su propia lógica generan prosperidad para la mayoría de la población –no para todos. Lo que tenemos ante nuestros ojos es un Estado diluido en sus capacidades.
Se dice que un Estado de estas características está en mejor disposición de integrarse al proceso de globalización, lo cierto es que económicamente la estructura de nuestro intercambio comercial y de recepción de inversiones sigue siendo capturada por nuestra relación con un país: los Estados Unidos, el cual se ha servido del Estado diluido mexicano para imponer más condiciones favorables a su expansión. Por el contrario, México poco o nada puede imponer a su socio y vecino. Que cuando quiere impone embargos comerciales, no se hace responsable de deterioros ambientales que son de su factura y permanente mantiene bajo amenaza a los trabajadores que migran ilegalmente, pero que contribuyen a la generación de la riqueza en aquella nación sin que se haga mayor publicidad de su aportación. Eso impone los Estados Unidos generando la falsa conciencia de que les debemos la existencia pues ellos invariablemente hacen las cosas bien y nosotros perseveramos en el fracaso.
El Estado diluido ha sido el medio idóneo para el desarrollo del crimen organizado, pues retirado el Estado y siendo incapaz el mercado de sustituir sus aportaciones, se ha allanado el camino para que los delincuentes organizados penetren estructuras gubernamentales, empresas, a la iglesia y a la sociedad. Está condición ha sido ocasión para la intervención perversa de los Estados Unidos pues provisiona con armas y un apetitoso mercado a las bandas criminales. Ayudan a formar el problema y proponen la solución, más militarización. Solución que obedientemente ha seguido el gobierno. Por eso el embajador Carlos Pascual aplaude los actos de cacería del gobierno mexicano al margen del procedimiento judicial.
La guerra contra el narcotráfico ha sido una puesta en escena para fortalecer la intervención de los Estados Unidos y hacer prevalecer el Estado diluido mexicano. Por eso no se quiere dejar nada al azar, esto es, nada que retroceda lo ya ganado para los intereses norteamericanos por el empeño de personajes o fuerzas políticas que osen cuestionar el estado de cosas. Pues lo que no quieren los Estados Unidos es un gobierno popular sustentado en las urnas y respaldado por una sociedad movilizada en la defensa de sus recursos y por una mejor distribución de la riqueza, ese sostén de la democracia que se les niega a los mexicanos.
No es suficiente la danza de las reformas, se requiere articular la construcción del Estado pues el actual está desvencijado (La construcción del Estado es un tema que ocupa a los actuales gobernantes bolivianos Teoría y Práctica. Extractos de la exposición de Álvaro García Linera. No es cuestión de emularlos, pero si da envidia que aquí nuestra burocracia política no tenga una noción de Estado que trascienda el liberalismo económico)
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