Procuración defectuosa

Después de que la Corte dictaminó la semana pasada excarcelar a veinte de los inculpados por la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, argumentando defectos en la integración de los expedientes de los acusados, es necesario salir del pasmo que produce enterarse que se trata de una masacre sin culpables, como lo consigna el columnista Rafael Cardona. No hay modo de asimilar esa conclusión digna de novela y neurosis.

Todavía más insoportable es la reacción del titular del Poder Ejecutivo, que se limita a respetar la sentencia de los magistrados y asegurar que en México no habrá un nuevo Acteal, como si la Procuraduría General de la República, hoy bajo sus órdenes, estuviera dispuesta a darle vuelta a la página sin retomar la investigación para llegar a enmendar una investigación que no fue consistente.

Es el déficit de procuración de justicia que arrastra el país por décadas y que se ha incrementado en los últimos lustros, precisamente cuando el arribo de la democracia electoral y la liberalización comercial tendría un efecto civilizatorio como para no despertar al México Bronco, como lo advirtió el Tuxpeño Jesús Reyes Heroles. El déficit no puede ser atribuido en exclusiva al Poder Judicial, la mayor responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo encargado de hacer las averiguaciones y solicitar a Juez los autos de formal prisión que correspondan.

Es una vergüenza que la justicia en México esté tan viciada como para tener en la cárcel a inocentes y en las calles a delincuentes mediante el expediente de la fabricación de cargos y pruebas o su desaparición. Ése es el asunto que debería preocupar, avergonzar al titular del Ejecutivo. Pero no es así, es autocomplaciente y deja al tiempo que la desmemoria entierre las injusticias. Eso sí, Calderón se entretiene declarando de que las elecciones pasadas del 5 de julio las perdió el PRD no su partido, Acción Nacional o que es necesario más libre comercio. Para él no hay apuro por la procuración de justicia. Su apuro son los viajes.

Lo de Acteal en Chiapas fue la masacre de cuarenta y cinco indígenas Tzotziles que por una averiguación defectuosa puede sacar de la cárcel a todos los inculpados y, como siempre, no llegar a saber quién o quiénes fueron los asesinos doce años después. Pero no es un proceder aislado de las instancias del Ejecutivo y de un partido en el poder. Cuántos años lleva la operación feminicida en Ciudad Juárez sin que se detenga la puntual cuota de sangre a costa de fronterizas mujeres del estado de Chihuahua. Frente a este sistemático comportamiento delincuencial los resultados de la procuración de justicia son magros, por decir lo menos.

No hay que ir tan lejos en el tiempo, el infierno no literario o bíblico, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo que produjo el infanticidio de cincuenta menores en Sonora tampoco encontrará mayor justicia. No hay interés del Ejecutivo por sancionar a los funcionarios que incurrieron en negligencia criminal. No corre prisa, prisa hay por celebrar cumpleaños o bodas, asuntos privados ajenos a la responsabilidad pública de altos funcionarios. En los casi tres años de la guerra contra el crimen organizado nada o poco se sabe de las averiguaciones oficiales sobre las personas ajusticiadas, como si se tratara de una limpieza étnica.

Día a día México se guanajuatiza: “la vida no vale nada” El Estado falla en una de sus obligaciones: la procuración de justicia. Los institutos políticos, por su parte, no toman con fervor el tema. La línea que separa la violencia en ascenso de la guerra civil cada día se hace más delgada.