domingo, 26 de abril de 2009

Agenda imaginada


Poca y difusa es la propuesta que desde los partidos se está ofreciendo. Escándalo y miedo. Una campaña que se pinta de terror. Una campaña atípica porque no se disputa la presidencia de la república y mucho es el ruido que ya circula. Ruido expandido por los recursos que están en disputa en un momento de escasez. De a cómo va a tocar es la cuestión que mueve a las élites: qué se reparte, a quién le toca y quienes van a pagar. Quien entienda esto lo entenderá todo.

Desde aquí hay temas que gustaría resaltar de una agenda imaginada que no forzosamente sea retomada por la nueva legislatura en la Cámara de Diputados.

Fortalecer los derechos sociales, particularmente los relacionados con los trabajadores urbanos y los subsidios a los campesinos. Los sucesos del conflicto laboral de Cananea que lleva más de dos años, nos muestran que ya no se puede más seguir con el esquema de que una sociedad vigorosa sólo se sustenta apoyando a los grandes empresarios. El resultado ha sido el de una sociedad debilitada, pauperizada, egoísta, sin solidaridad, en el extremo de aceptar como vinculo superior la complicidad ante el crimen organizado.

Fortalecer la seguridad sí, pero no bajo el supuesto de otorgarle manos libres al Ejecutivo para decidir unipersonalmente el Estado de excepción. Más bien se requiere de un renacimiento del Estado del bienestar. Eso no lo ve el gobierno actual. Se prefiere involucrar más al Ejército, reconociendo de facto que las instituciones civiles han fracasado. La Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República han quedado rebasadas y no hay sanción que nos indique que las cosas van a cambiar en esas instituciones del gobierno. La incapacidad demostrada quiere ser resuelta involucrando más a las Fuerzas Armadas, de menos hasta el 2013.

Fortalecer el Estado Laico. En lo que va del siglo y hasta los días recientes, hemos visto un protagonismo desmedido de la iglesia católica. La jerarquía eclesiástica se pone por encima de la sociedad y de las instituciones, decide quienes son los malos y quiénes son los buenos. Los eclesiásticos se consideran seres superiores, más que ciudadanos, con la impunidad garantizada que les concede el gobierno panista. Ellos pueden tratar con delincuentes y no sentirse obligados a denunciarlos ante el Ministerio Público, al contrario, no los excluyen del beneficio de la salvación eterna y sí son rigurosos cumplidores de la ley de la Omerta. La reciente Conferencia del Episcopado Mexicano es una demostración de la degradación en que vive actualmente la jerarquía católica, en el colmo de que pueden ver en la pederastia de algunos sacerdotes una especie de humanización.

Todo lo hasta aquí señalado está relacionado con una urgente prioridad en materia legislativa, distinguir entre la mediatización de las actividades gubernamentales y la obligada información gubernamental. Este fin de semana la sociedad de la ciudad de México y del Estado de México ha estado bajo la presión del pánico producido desde el gobierno federal. Un pánico generado por la despreocupación por declarar formalmente una epidemia mediante un documento oficial. Influenza o gripe porcina, sorpresa o descuido. No se sabe si se trata de una alerta epidemiológica o de una declaratoria de epidemia. No sólo se informa atropelladamente –René Delgado Reforma y Jorge Medina Viedas en Milenio Diario lo señalan- sino que no es evidente, claro, el procedimiento de salubridad que sigue la autoridad para informar. Qué datos, qué pauta estadística sostiene la información gubernamental. La información “oficial” adquiere la envoltura del rumor.

En fin, lo que aquí se ha querido resaltar como un apunte de agenda tendrá que observarse en la perspectiva negativa en la que vivimos y la desagradable confluencia que le asiste a la administración de Felipe Calderón: guerra, crisis y epidemia son ya la impronta del calderonismo, nada parecido a la promesa de empleo y una vida mejor (vivir mejor resuma la propaganda sexenal)

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